Las bancadas de Partido Liberal y PSH niegan estar en contra del proyecto de ley que envió el pasado 16 de agosto la presidenta Xiomara Castro, que busca derogar la actual Ley del Consejo de Defensa y Seguridad y crear una nueva normativa que excluya de esta instancia al Ministerio Público y a los poderes Legislativo y Judicial.
Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. – Las bancadas del Partido Liberal y del Partido Salvador de Honduras (PSH) niegan estar en contra de la aprobación de la nueva Ley del Consejo de Defensa y Seguridad, como aseguró el pasado miércoles 17 de agosto el diputado de Libertad y Refundación (Libre) y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.
En conversación con Criterio.hn, el jefe de bancada de los liberales, Mario Segura, y la congresista del PSH, Ligia Ramos, aseguraron, además que la actual conformación del Consejo violenta la Constitución y el Estado de derecho.
Por el lado de la bancada del PSH, que cogobierna en el Legislativo con Libre, se lamenta que exista manipulación y presión por parte de algunos diputados oficialistas e, incluso, de algunos funcionarios del Ejecutivo.
«Es lamentable que algunos funcionarios del Gobierno estén mintiendo, que el secretario del Congreso lo esté haciendo. Nosotros no nos hemos opuesto en ningún momento a la nueva conformación del Consejo de Defensa y Seguridad, de hecho, hemos dejado claro que estamos de acuerdo con la nueva ley, la que envió la presidenta Xiomara Castro», indicó Ligia Ramos, quien explicó que el pasado jueves 18 de agosto, cuando su bancada esperaba iniciar la discusión de la nueva ley, no se logró el quórum.
Ramos agregó que sí tienen interrogantes con respecto a la nueva ley y que, por ese motivo, están solicitando la discusión del dictamen en tres debates y no con la dispensa de dos, como pretendió realizarlo el pasado miércoles el presidente de la Comisión de Seguridad y diputado de Libre, Rafael Sarmiento, pero que, ante la renuencia de las bancadas de PSH, Partido Liberal y Partido Nacional, no se logró.
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«Como bancada hay puntos sobre los cuales tenemos interrogantes», mencionó Ramos, «por un lado se están duplicando funciones en asuntos de clasificación de información, cuando la Ley de Acceso a Información Pública ya establece cuál es el procedimiento a seguir, y, por el otro, no se está explicando bien cuáles serán los requisitos que deberá cumplir el secretario ejecutivo que designe la presidenta», especificó y enfatizó en que la normativa vigente desde el 12 de diciembre de 2021, bajo la cual los poderes Legislativo y Judicial son sometidos ante el presidente de la República, debe ser derogada.
LIBERALES TAMBIÉN ACLARAN
El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, fue contundente al mencionar que la actual ley, la que se aprobó cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso, tiene que ser eliminada. «Los liberales estamos de acuerdo con que la ley vigente atenta contra el Estado de derecho, debido a que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional no pueden estar supeditados a la a la voluntad del presidente. Estamos de acuerdo en que hay que derogarla, pero un problema no se arregla con otro. Por ello estamos solicitando discutir abiertamente la nueva normativa, para evitar problemas del pasado», manifestó.
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Al igual que Ramos, del PSH, el jefe de los liberales dentro del Congreso recordó que el pasado jueves no se logró el quórum dentro del salón de sesiones del Legislativo y que, a raíz de ello, la discusión de la nueva ley que regirá al Consejo de Defensa y Seguridad se mantiene en vilo. «Esperamos que en esta semana de nuevo se someta a discusión la ley, nosotros hemos solicitado el diálogo entre las diferentes bancadas. Este martes, a las 2:00 de la tarde, la bancada liberal se reunirá y se asesorará con respecto al tema. A partir de ese momento tendremos una postura», confió Segura a Criterio.hn.
En última instancia, explicó que los puntos que más suspicacia generan dentro de su bancada es la figura del secretario ejecutivo que, según el artículo 7, acompañaría a la presidenta. «El tema del secretario ejecutivo es uno de los temas que mas está cuestionando el Partido Liberal, pero será hasta después de la reunión de este martes que llevaremos una postura en ese sentido», finalizó.
NUEVA LEY
El pasado 16 de agosto, la presidenta Xiomara Castro remitió al Congreso Nacional un proyecto de decreto destinado a derogar la actual Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad, aprobada el 12 de diciembre de 2011, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Legislativo y Porfirio Lobo Sosa del Ejecutivo. La Comisión de Seguridad lo dictaminó como favorable en menos de 24 horas y un día después, el 17 de agosto, el presidente de esa comisión, Rafael Sarmiento, solicitó su discusión y votación con la dispensa de dos debates.
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Después de la solicitud de Sarmiento, las distintas bancadas se volcaron en contra y, al menos en el caso del PSH y del Partido Liberal, solicitaron la discusión y votación en tres debates. Al final, la propuesta de la Comisión de Seguridad, de omitir los primeros dos debates, fue únicamente respaldada por 54 diputados. Acto seguido, molesto, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, responsabilizó a esos tres partidos de obligar a la presidenta Castro a convocar al Consejo de Defensa y Seguridad con la actual normativa.
Efectivamente, durante la noche del domingo 21 de agosto, la presidenta Xiomara Castro a través de Twitter giró la convocatoria a los funcionarios que integran el Consejo bajo la actual normativa. Se trata de los presidentes del Legislativo y del Judicial, Luis Redondo y Rolando Argueta, respectivamente; del fiscal general, Óscar Chinchilla, y de los ministros de Defensa y Seguridad, José Manuel Zelaya y Ramón Sabillón, de forma respectiva.
El lunes algunos diputados de Libre como Ramón Barrios, quien siempre calificó la actual conformación del Consejo de Defensa y Seguridad como «inconstitucional», sugirieron a la mandataria aguardar a que el proyecto de decreto que ella envió al Legislativo sea debidamente discutido y, con el voto de al menos 65 diputados, aprobado. Los 128 diputados están convocados esté martes 23 de agosto, a las 3:00 de la tarde, a sesión legislativa. Sin embargo, todavía se desconoce si la discusión del dictamen está presente en la agenda correspondiente a dicha sesión.
