Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La pandemia de Covid-19 ha aumentado de manera preocupante la intolerancia de las autoridades a las críticas, vulnerando a los periodistas y obstaculizando el acceso de los ciudadanos a información vital, dice C-Libre.
Tegucigalpa. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) expresó que los periodistas en Honduras continúan enfrentando numerosas barreras para realizar su trabajo libremente y sin autocensura. Un escenario que se volvió aún más frágil con motivo de la pandemia de Covid-19.
La organización realizó un plantón frente a las instalaciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) antes del mediodía de este lunes, donde exigieron al Estado cumplir con su obligación de promover y respetar la labor informativa, en todo momento.
Durante esta actividad, el periodista de C-Libre, Cesario Padilla expresó que «en el curso de la pandemia por Covid-19 se han incrementado las agresiones de funcionarios públicos; particularmente del canciller y comisionado especial para la emergencia de Covid-19, Lisandro Rosales, y fuerzas policiales y militares que agreden a mansalva a los y las periodistas en cobertura».
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Además, hizo un llamado para que en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, así como el mes de los y las periodistas en Honduras, «exista un respeto irrestricto a la labor informativa porque así lo demanda la legislación nacional e internacional en materia de libertad de expresión y de derechos humanos».
En 2020, C-Libre señaló que más de 100 periodistas fueron víctimas de múltiples agresiones y violencia, además de ser hostigados judicialmente por su labor periodística hasta llegar a la máxima censura con el asesinato de cuatro periodistas: German Vallecillo hijo, Jorge Posas, Luis Almendares y Pedro Canelas, mostrando un patrón preocupante de intimidación y ataques a la prensa.
La organización reportó mediante un comunicado de prensa emitido junto a la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que la pandemia de Covid-19 incrementó de manera preocupante la intolerancia de las autoridades a las críticas, volviendo vulnerables a los periodistas al acoso judicial y al enjuiciamiento por sus legítimas actividades informativas sobre el tema.
Imponiendo legislaciones más represivas que socavan aún más las libertades fundamentales, incluida la libertad de prensa. Como el nuevo Código Penal que impone 18 nuevos delitos contra la libertad de expresión y la libertad de prensa y la «Ley de Secretos» que mantiene en reserva la información pública hasta por 25 años en materia de defensa y seguridad.
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C-Libre apuntó que esto ha desembocado en que los reporteros independientes se vean obligados a autocensurarse aún más y por consiguiente que se obstaculice el acceso de los ciudadanos a información vital. También alude a los despidos y reducciones salariales de más de 200 comunicadores sociales y el cierre de múltiples espacios informativos, especialmente en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Francisco Morazán.
La organización remarcó que, durante la pandemia, el papel de los medios de comunicación es más vital ya que permite la amplia difusión de información relacionada con el Coronavirus al público en todo el país. Es por esto por lo que urge al gobierno a reconocer el valor del trabajo de los periodistas y que garantice que puedan llevar a cabo su misión de forma segura y sin temores.
Recuerda que, en las últimas dos décadas, 87 periodistas fueron asesinados sin que se cuente con investigaciones efectivas, independientes y transparentes que llevaran a la captura de los perpetradores, quienes continúan sin ser procesados de acuerdo con lo establecido en la ley interna y normas internacionales de derechos humanos.
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De acuerdo con la resolución DGF-180-2021 emitida por el Ministerio Público (MP) con fecha 13 de abril del presente año, se detalla un informe sobre el avance en las investigaciones de 14 muertes de periodistas y comunicadores sociales en Honduras, lo que representa un 14% del total de los asesinatos a trabajadores y trabajadoras de la información.
