Han pasado casi 50 días de la visita de la Comisión Legislativa que investiga la concesión y construcción del aeropuerto y el informe aún se desconoce.
Tegucigalpa. -El Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA, por sus siglas en inglés), es considerada la obra tangible de una estafa que investiga una comisión de diputados nombrados por el Congreso Nacional para determinar si hubo irregularidades e ilegalidades para beneficiar al empresario minero Lenir Alexander Pérez.
Precipitándose, sin concluir el informe final, los miembros de la comitiva vertieron declaraciones, enalteciendo las instalaciones y la operatividad del aeródromo y obviaron, quizá, las constantes denuncias de una obra con desperfectos y con factores que exponen una concesión lesiva a los intereses del Estado.
Tanto el presidente de la Comisión Especial, Ramón Barrios, como Jari Dixon Herrera, miembro de la comitiva, tras su visita in situ al aeropuerto Palmerola, brindaron declaraciones que podrían considerarse contraproducentes no solo en la investigación, también en las posturas que, en el pasado reciente, sostuvieron.
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Las frases: “Es la primera vez que vengo al aeropuerto, estoy impresionado realmente con toda la operación que se hace aquí con las instalaciones físicas, me ha impresionado también la parte de la seguridad. De esta parte, vamos con una buena calificación para nuestro informe. Nos llevamos una buena impresión y seguramente, esa parte dentro de nuestro informe, va a ser bien calificado”, expresó Barrios.
“Creo que es un aeropuerto nuevo, tiene tecnología de punta de acuerdo a lo que nos han explicado. Nosotros vamos a incluir en el informe todo lo que hemos visto, lo que nos han explicado. Se nota que hay tecnología de punta, personal especializado, es un aeropuerto nuevo con tecnología de punta”, manifestó por su lado Jari Dixon Herrera.
Por unanimidad de votos, 102 diputados presentes en la sesión legislativa del 27 de mayo, aprobaron la iniciativa que presentó la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, con la finalidad de nombrar una Comisión Especial para investigar el contrato de adjudicación para la construcción, operatividad y concesión del aeropuerto de Palmerola.
Barrios fue nombrado como presidente de la Comisión que además está integrada por los diputados: Jari Dixon Herrera, José Jaar (Partido Nacional), Karla Euceda (Partido Liberal), Carlos Raudales (Democracia Cristiana), Nétzer Mejía (Partido Libre) y Fátima Mena junto con Maribel Espinoza del PSH.
UN CONTRATO PERJUDICIAL AL ESTADO
Mediante Decreto Legislativo 71-2016 el Congreso, presidido por el nacionalista Mauricio Oliva, ratificó el contrato de concesión, diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto de Palmerola.
El actual presidente del Congreso, Luis Rolando Redondo denunció que el decreto se aprobó sin alcanzar más de 24 votos de los diputados presentes, situación que debe confirmar la Comisión y podría considerarse un acto ilegal que acarree consecuencias, incluso, penales contra los diputados, concesionarios y exfuncionarios que promovieron un contrato perjudicial para el Estado.
Al referirse a un contrato perjudicial existen causas de sobra, el 17 de marzo de 2016 se adjudicó la concesión del aeropuerto al grupo Palmerola International Airport S. A. (PIA), conformado por grupo EMCO y PIA cuyo propietario es Lenir Pérez, también dueño de las empresas. Los Pinares y Ecotek que generan destrucción ambiental en el río Guapinol y San Pedro, además de promover la criminalización de defensores del ambiente, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
En un principio se prometió que el costo total de la obra sería de USD 163 millones, de los cuales, 87 millones fueron aportados por el capital privado, 76 millones por el Gobierno, no obstante, se incrementó a 250 millones y, de manera arbitraria, dos días antes de asumir el nuevo Gobierno y con el rechazo de maestros cotizantes, el Congreso regido por el Partido Nacional — quien ahora respalda la investigación —aprobó un incremento de 110 millones a través de fondos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
Cabe indicar que directivos del Inprema revelaron ante la Comisión del Congreso que la obra fue financiada, en su mayoría, con fondos del Estado y del ente de previsión, mientras que los concesionaros solo invirtieron USD 10 millones, siendo la empresa Alutech la única garantía, también propiedad de Pérez que, si se declara en quiebra, el Estado perdería su inversión.
El 69.4% de las ganancias que genera Palmerola lo reciben los concesionarios, el restante 30.6% es para el Estado, pese a ser el mayor inversionista, con el 75% del total.
Asimismo, en caso de no lograrse superar la meta fijada de pasajeros anuales, el Estado dejará de percibir los ingresos por canon perdiendo más de 100 millones de lempiras mensuales que percibía con el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, de hecho, sería hasta en 28 años que tendría ingresos por ese concepto.
Es importante señalar que, en mayo de 2019, se reformó el Decreto Legislativo 71-2016 y se amplió en USD 45.4 millones la construcción del proyecto y la concesión aeroportuaria pasó de 30 a 35 años, bajo la supuesta justificación que se debía cumplir con normas regulatorias internacionales y relacionadas a las terminales exigidas por entes como la Organización de Aviación Internacional Civil (OACI).
Se había contemplado que la construcción del aeropuerto tendría una duración de 24 meses, pero entró en operaciones hasta el 11 de diciembre de 2021, cinco años después.
EL SACRIFICIO DE TONCONTÍN FRENTE A LAS CONTRADICCIONES DE PALMEROLA
Para que Palmerola pudiera tener demanda de pasajeros, se sacrificó el aeropuerto Toncontín, en la capital de Honduras, constituyéndose así prácticamente un monopolio que la propia presidenta, Xiomara Castro rechazó y a la vez prometió defender Toncontín.
“Los monopolios son prohibidos constitucionalmente y lesivos al interés nacional. Palmerola es un contrato ilegal y un monopolio que cierra Toncontín, afectando al pueblo que me otorgó su mandato de defenderlo. Ese contrato elimina competencia y será revisado y modificado en ley”, prometió Castro antes de asumir el poder, luego de ganar las elecciones generales de noviembre de 2021.
Palmerola no solo significó el cierre de Toncontín, sino que el Estado dejó de percibir cerca de USD 350 millones que generaba el aeropuerto por concepto de dividendos.
Asimismo, Palmerola es el aeropuerto de la región centroamericana con más lejanía de la capital a 73 kilómetros, superando los 40 kilómetros del aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez de El Salvador. También, es de menor longitud con su pista de 2,440 metros frente a los 2,442 del aeropuerto Augusto C. Sandino de Nicaragua y además es el de menor número de puertas de abordaje, al igual que el de Nicaragua, con apenas siete.
Cabe destacar que la pista de aterrizaje funciona en el mismo sitio donde opera la base militar aérea José Enrique Soto Cano que fue construida por Estados Unidos en 1981 donde permanecen en funciones la Fuerza Aérea Hondureña, la Academia Militar de Aviación y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo del Comando Sur de Estados Unidos, la concesionaria de Palmerola solo construyó el edificio administrativo y esto representó un costo mayor a USD 300 millones.
¿UN CAMBIO DE DISCURSO?
Las declaraciones de los miembros de la Comisión Especial son contradictorias debido a que antes sus posturas eran radicales y ahora se amparan en la supuesta “objetividad” de un informe, precipitándose a dar declaraciones con lo observado superficialmente, sin analizar lo toral de la investigación que debe centrarse en el costo, rentabilidad y factibilidad de la obra para los intereses del Estado.
“El pueblo quiere saber qué ha pasado con el contrato de Palmerola, un contrato que costó más de 300 millones de dólares, que nos ofrecieron un aeropuerto de primer mundo, que aquí iba a parecer Europa, cuando miramos las instalaciones, que es un aeropuerto sin terminar y lo que miramos es un desastre”, opinó Jari Dixon Herrera hace unos meses.
Ese “desastre” se desvaneció con solo una visita al aeropuerto, ya que el congresista pasó de cuestionar las instalaciones a enaltecer su operatividad.
“Tanto Palmerola como el Centro Cívico Gubernamental no pagarán impuestos por más de 30 años, esto no es una estafa, es un gigantesco robo al Estado, el gobierno debe revisar esos contratos”, manifestó Herrera en su cuenta de Twitter el 17 de agosto.
Sin embargo, ese mismo día, después de su visita a las instalaciones de Palmerola, Herrara declaró que “se nota que hay un trabajo, que hay tecnología, se nota que hay personal especializado”, prometiendo que presentaría un informe “objetivo, sin satanizar al aeropuerto Palmerola, un informe profesional” y arguyó que antes de la visita “solo teníamos una imagen de lo que muestran los medios de comunicación en redes sociales”.
La postura de la Comisión Legislativa es similar a la veeduría efectuada por el secretario del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) Omar Rivera y el pastor evangélico Alberto Solorzano sobre los hospitales móviles adquiridos por el Gobierno anterior para atender a los pacientes con covid-19. Rivera y Solorzano aseguraron que los hospitales “eran recintos con alta tecnología, adecuados, con equipo de punta”, entre otras falacias.
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Sin embargo, se comprobó que, los recintos considerados por médicos como “latas móviles” fueron sobrevalorados y no cumplen los requisitos y especificaciones para los que fueron adquiridos y, más de dos años después de su adquisición, apenas tres de los siete están en funcionamiento y a medias. Por este caso de corrupción fue condenado el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y otros exfuncionarios.
El equipo de Cirterio.hn entrevistó a Barrios, quien ratificó su postura en cuanto a que las instalaciones de Palmerola “estaban muy bien”, pero aceptó que existen muchas irregularidades en el contrato de adjudicación.
“En el caso de Palmerola, el problema no está en el aeropuerto, el problema está en el contrato de concesión, el contrato mismo es un problema y la ley que le faculta al contrato dar tanta discreción y regalarle muchos beneficios a la empresa que hizo el aeropuerto, el problema no es el aeropuerto porque las instalaciones son de primera”, afirmó.
No obstante, en cada lluvia considerable, en Comayagua se reportan filtraciones de agua que han dañado equipo, cableado eléctrico expuesto, la torre de control sigue sin ser construida y los vuelos nocturnos fueron incorporados hasta meses después de su inauguración porque la pista no tenía iluminación, entre otros requerimientos.
Sobre la torre de control, Barrios justificó que no le compete a PIA sino a los españoles que otorgaron parte del financiamiento e indicó que ya se tienen los repuestos para terminar dicha obra, pero que estaban estancados en las aduanas “porque requieren exoneraciones fiscales”.
En cuanto a las filtraciones de agua, dijo que pudieron comprobar que solo el aeropuerto de El Dorado de Colombia y Palmerola “utilizan toda el agua lluvia para reciclar”, pero que los concesionarios le explicaron a la Comisión que “solo podría captar cierta cantidad de agua tomando como base las lluvias registradas en los últimos cinco años”.
La concesionaria argumenta que producto del cambio climático se registran lluvias que han sobrepasado “los estándares de cantidad de agua que puede almacenar el aeropuerto”, pero le prometieron a la comitiva que “triplicaron” la capacidad de almacenamiento.
“El problema no es el aeropuerto, es de primera calidad, nosotros anduvimos en todas las partes y es de primera calidad, el problema no es el aeropuerto, el problema es las condiciones de la concesión ahí está el problema”, repitió Barrios.
Sobre el cierre de Toncontín, declaró que estaba entre los diez aeropuertos de América Latina con mayor riesgo, por lo tanto, se requería que los pilotos tuvieran una certificación especial mientras con Palmerola “no es necesario ese certificado”, pues permite que aviones de alto calado puedan llegar al país.
Admitió que el cierre de Toncontín lo promovió el expresidente José Manuel Zelaya, tras el último accidente el 30 de mayo de 2008 cuando un avión de la empresa TACA, se salió de la pista tras dos intentos fallidos por aterrizar.
El avión, con el vuelo 390, partió desde El Salvador con escala en Tegucigalpa rumbo a Miami, Estados Unidos. Hubo seis fallecidos y 121 sobrevivientes. Las investigaciones concluyeron que el accidente fue producto de un error de procedimiento del piloto.
Barrios adelantó que van a recomendar que Toncontín opere solo con vuelos a Centroamérica.
“No estaría de acuerdo que opere Toncontín, porque quién se va a hacer cargo cuando vuelva a haber un accidente, a quién cree que le van a reclamar, es al Estado y el Estado debe preservar la vida, por qué voy a poner en riesgo a la población”, añadió.
Asimismo, detalló que realizaron entrevistas con las aerolíneas que operan en Palmerola “y están satisfechos con el servicio que está dando”, pero estos no han incrementado la capacidad de vuelos porque “la ciudad no está preparada para tener un aeropuerto con pilotos que piden ciertos estándares para que los hoteles funcionen donde se quede su personal, la ciudad de Comayagua no estaba preparada para eso”.
Los usuarios se ven obligados a viajar y aterrizar en Comayagua y realizar su retorno a la capital, incurriendo en gasto de combustible que por vehículo turismo representa un gasto mayor a los L 600, sumado el pago de peaje en dos casetas a un costo L52.
“Se hace indispensable que este Congreso intervenga cuando, a escasos meses de inaugurado, dicho aeropuerto ya presenta fallas de construcción que no se justifican en una obra que debe cumplir especiales estándares de seguridad”, cuestionó la diputada Espinoza.
Criterio.hn intentó tener una valoración de Espinoza sobre las declaraciones de la Comisión Especial, no obstante, solo se limitó a responder que dará su respuesta “hasta conocer el informe final”.
A juicio del abogado Raúl Paniagua, “cualquier persona se sorprende con instalaciones que aparentan ser modernas, hasta cierto punto, ellos (Comisión) no son expertos en temas de tecnología, infraestructura y seguridad”.
Considera que quienes deben hacer este tipo de evaluaciones son especialistas que valoren si detrás de la obra hay sobrevaloración de precios, si reúnen estándares internaciones, si se cumplió lo que se estipuló en el contrato.
“La cuestión es hacer una evaluación técnica para valorar la obra, si no hay sobrevaloración de precios de materiales, con qué se construyó porque ahí podría haber algún tipo de fraude. Los elementos para hacer una elaboración de esas debe ser un dictamen técnico legal para ver cuáles son el sistema que se implementó en todo el proceso de construcción y cuál era el precio de mercado”, añadió.
El también analista cuestionó que los miembros de la Comisión hayan brindado declaraciones favorables a la obra sin antes tener a su disposición informes técnicos y legales.
En conclusión, las declaraciones de los diputados Ramón Barrios y Jari Dixon Herrera son contraproducentes y engañosas debido a que son parte de la comitiva que investiga la adjudicación de Palmerola que, sin informes técnicos o un peritaje especial, califican el aeropuerto como “una maravilla”, bajo una impresión por una visita breve.
Además, se considera inadecuado que brinden declaraciones sobre un proceso que todavía está en investigación y que podrían ser aprovechadas por el concesionario para tergiversarlas a su favor en caso que el informe final ratifique las irregularidades, arbitrariedades e ilegalidades detrás de la concesión de Palmerola como lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
