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Marco Bográn sentenciado a más de 10 años de prisión y sanción de 1,475 millones por caso hospitales móviles

Marco Bográn sentenciado a más de 10 años de prisión

El exdirector de Invest-H, Marco Bográn a su salida de las oficinas de la ATIC junto a su hermana.

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Tegucigalpa.- Diez años, once meses y siete días de prisión, más una sanción que supera los L. 1,475 millones es la sentencia contra el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, declarado culpable por compra fraudulenta de siete hospitales móviles más siete plantas de tratamientos que representó un perjuicio mayor a los L. 1,200 millones y cobró la vida de miles de hondureños.

“Este tribunal de Sentencia en materia de corrupción, por unanimidad, falla condenar al señor Marco Antonio Bográn Corrales por el delito continuado de fraude agravado en perjuicio de la administración pública más una multa por el doble de lo defraudado…”, sentenció.

El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, impuso a Bográn 10 años, 11 meses y 7 días de prisión, más una sanción pecuniaria de 1,475, 921,298.52 de lempiras al ser declarado culpable de dos delitos de fraude continuado agravado más dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios.

Además, el Tribunal sentenció a 9 años, 4 meses y 15 días de inhabilitación especial contra el exadministrador de Invest-H, Álex Moraes, declarado culpable del delito de violación a los deberes de los funcionarios continuado agravado, delito que no contempla prisión bajo el nuevo Código Penal.

Bográn enfrentaba una pena máxima de 11 años 8 meses de prisión más una multa por el triple del valor defraudado por 2,214, 830,032.38 más inhabilitación absoluta por el doble de la pena.

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Los jueces valoraron que el Estado de Honduras aparte de sufrir el perjuicio económico en la compra fraudulenta de siete supuestos hospitales móviles más siete plantas de tratamiento para enfrentar la pandemia del SARS-CoV-2, se puso en riesgo la salud y vida de los hondureños.

Más de 6,740 hondureños perdieron la vida a causa del Covid-19, muchas de las víctimas no tuvieron acceso a una atención digna pese que se prometió que los recintos sanitarios serían la panacea para robustecer el sistema de salud público cuando fue todo lo contrario.

“Este es uno de los casos que más indignación generó en la población en el marco de la pandemia razón por la cual este primer resultado es importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. También, se presentaron otros casos de corrupción en el marco de la pandemia, las investigaciones van a continuar”, declaró el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

MULTA MILLONARIA

Según la pericia que elaboró el Ministerio Público sobre el perjuicio que representó al Estado la compra fraudulenta de los recintos sanitarios, el monto total fue de 738, 276,677.46 lempiras, el Código Penal impone que se puede imponer una sanción por el triple del valor defraudado.

El Tribunal de Sentencia del circuito anticorrupción sentenció a una multa del doble del valor defraudado lo que asciende a más de 1,475 millones monto que según los apoderados legales de Bográn es “impagable”.

“Esos aspectos tienen que dirimirse en los Juzgados de Ejecución, el juez va a determinar cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir en caso que él no pueda pagar esa multa. Esa multa es impagable, no creo que en Honduras alguien pueda pagar esa multa”, declaró el abogado Marco Tulio Castro.

De igual manera, el abogado Asdrubal Murillo, abogado de Bográn, considera que esa multa es impagable y desproporcional que violenta la Convención Americana de Derechos Humanos que al final se convertirá en una deuda y “nadie puede pagar una pena de prisión por pago de multa si no tiene capacidad de pagarla”.

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El artículo 56 del Código Penal establece que las multas pueden ser pagadas con días de cárcel o trabajo comunitario en caso que el sentenciado no pueda pagarla siempre y cuando se compruebe en un organismo judicial competente.

A criterio del abogado Raúl Paniagua, existe una falla en la técnica jurídica que se aprobó al imponer multas que se vuelven impagables, además que se contrarían con la misma normativa penal en el artículo 3 que defiende los derechos de dignidad humana.

“Cuando esas multas son impagables, entonces la pena fracasa porque no busca el objetivo requerido que es pagar la multa. Hasta cierto punto hay una mala elaboración de la técnica jurídica de la multa en ese tipo de delitos. Está mal construida ese tema de la multa”, explicó a Criterio.hn.

Un juez de ejecución deberá conocer la multa que se impuso a Bográn y determinar las condiciones para su cumplimiento, incluso podrá modificar la cuantía dentro de los límites y plazos señalados por la propia ley en caso que este se declare insolvente económicamente.

Cabe indicar que Bográn y Moraes, además de otros exfuncionarios de Invest-H, enfrentan otro caso penal en la compra irregular de mascarillas durante la pandemia acusados de delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

COMPRA FRAUDULENTA DE HOSPITALES MÓVILES

El 18 de marzo de 2020, Bográn compró a la empresa de fachada Elmed Medical Systems, propiedad del guatemalteco Axel López, los primeros dos hospitales móviles y, posteriormente, el 2 de abril, pagó los otros cinco restantes más las siete plantas de tratamiento de residuos médicos.

Sin presentar garantías de compra, facturas, documentos legales o recibir los primeros recintos, Bográn pagó a López el 100% del valor el mismo día que realizó la adquisición por un monto total de 47 millones 462,500 millones de dólares lo que representa una erogación de mayor a los 1,178 millones de lempiras sin contar los gastos adicionales.

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Se prometió que los primeros dos hospitales llegarían a la nación en mayo de 2020, pero fue hasta el 10 de julio que llegó a puerto y hasta el 15 de octubre comenzó a atender pacientes el recinto instalado en San Pedro Sula mientras que el de Tegucigalpa se entregó hasta el 29 de enero de 2021.

El 12 de octubre de 2020 llegaron otros dos módulos hospitalarios que debían ser instalados en la ciudad de Copán y en Choluteca mientras que los restantes destinados a las ciudades de Juticalpa, La Ceiba y Danlí fueron entregados el 25 de noviembre cuando la fecha pactada era el 31 de julio.

Según informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exponen que la compra no debió superar los 361 millones de lempiras siendo sobrevalorados en 807 millones.

Por cada recinto se pagó 48 millones de lempiras de más por lo que el 24 de junio el Ministerio Público inició diligencias penales contra Bográn desarrollando 14 líneas de investigación, no obstante, solo en dos de estas se han judicializado hasta el momento siendo capturado en octubre de 2020.

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