Gobierno dice que la apuesta está en el sector agroindustrial para lograr que los ingresos del Estado fluyan y se trasladen en obras sociales
Por: Katerin Galo
Fotos: Horacio Lorca
Tegucigalpa. -El despegue del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ve eclipsado porque gran parte del presupuesto se va en el pago al servicio de la deuda pública y en los salarios de los empleados del sector público.
En palabras del secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor de María y Campos uno de los grandes elementos y quizá el hueso duro de roer que tiene a medio vapor las acciones de la actual administración es el presupuesto, pues los recursos son muy pocos para hacerle frente a las necesidades de la población.
“Creo que el reto está claro y coincidimos en el origen, doce años de narcodictadura, y que el país está debilitado”, dijo.
Durante una extensa conversación con Criterio.hn, el funcionario dio cifras alarmantes pues del 100% del presupuesto nacional, 53 mil millones de lempiras se va al pago de servicios de la deuda pública, lo cual representa un 40% de la partida y alrededor del 50%, de ese mismo presupuesto se destina al pago de la masa salarial o sea los sueldos y salarios de los funcionarios públicos.
Estas cifras concuerdan por las mencionadas por la mandataria Castro y la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, quienes hicieron hincapié en que se recibió un Estado en quiebra y con una deuda heredada que cada vez se hace imposible pagar.
El 27 de enero del 2022, durante el evento de su investidura, la presidenta Xiomara Castro, dijo haber recibido un Estado en bancarrota como consecuencia de la mala gestión y corrupción de los doce años de gobierno del Partido Nacional. Castro acusó a las administraciones nacionalistas que se mantuvieron en el poder a partir del 2010 y que extendieron su mandato hasta 2022, de haber hundido al país con constantes préstamos, provocando un colapso en las finanzas públicas.
“La catástrofe económica que recibo no tiene parangón en la historia del país y su impacto en la vida de la gente se refleja por el aumento de 700% de la deuda. La pobreza se incrementó al 74% para convertirnos en el país más pobre de América Latina”, externó.
PRESUPUESTO FALSO
El 24 de febrero del 2022, a casi un mes de gobierno, la ministra de Finanzas Rixi Moncada presentó un informe económico del país, y en resumen dijo que la administración Castro había recibido un presupuesto falso.
“El presupuesto es un presupuesto falso y fuente de corrupción. Es de 308 mil millones de lempiras, fue formulado y aprobado por el régimen en diciembre del año pasado después de perder las elecciones, incluyó programas y proyectos sin financiamiento ni estudios y no cabe ninguna duda que fue hecho de manera impúdica y descarada”, declaraba Moncada ante los medios de comunicación y la población hondureña.
A raíz de la inconformidad con el presupuesto heredado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien se enfrenta a un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, el Congreso Nacional aprobó un nuevo presupuesto para 2022 a solicitud del Poder Ejecutivo. Pero sorpresivamente el nuevo presupuesto fue incrementado en más de 52 mil millones de lempiras.
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GOBIERNO INSISTE CON CAÓTICA SITUACIÓN FINANCIERA
El 23 de enero del 2023, al cumplir el primer año de gobierno y presentar un resumido informe de su gestión, la presidenta Xiomara Castro insistió en la caótica situación financiera del país y atribuyó la misma a una herencia de los gobiernos nacionalistas.
“La emergencia humanitaria y el incremento de la deuda nos condena a pagarle al sistema financiero nacional e internacional más de 145 millones de lempiras diarios y más de 53 mil millones de lempiras anuales sin saber a dónde fue a parar gran parte de estos recursos que deberían estar invertidos en la generación de empleo, infraestructura, educación y salud que son demandas sociales”, dijo.
Por lo anterior, Castro anunció la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, explicando que haría una modificación a la actual política tributaria y que esto no implicará un aumento en los impuestos, sino que estaría orientada a evitar y regular los abusos y los regímenes de exoneraciones fiscales, aunque no dio más detalles de dicho proyecto.
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ORIENTAR RECURSOS Y PRIORIZAR NECESIDADES DEL PAÍS
Durante la entrevista, el secretario de la Presidencia insistió que después de pagar el servicio de la deuda y los salarios a los empleados públicos lo que queda en las arcas estatales es una cantidad muy reducida y es lo que se está orientando a cubrir las necesidades de las y los hondureños.
La cifra restante sirve para lo más importante que es la inversión pública, pero “te das cuenta que lo que te queda para hacer la inversión pública es mínima, es casi del 2% del Producto Interno Bruto (PIB)”, pormenorizó Pastor de María y Campos.
En ese sentido, dijo que el impacto que se puede lograr con la disponibilidad de fondos es muy reducido, pues el presupuesto se necesita para la construcción de centros educativos y hospitales, además de reconstruir la mayoría de escuelas y colegios que están en muy malas condiciones.
Seguidamente, sostuvo que los recursos se deben priorizar, porque hay un universo de necesidades y el gobierno debe analizar cuáles son los rubros que urgen de recursos, porque no se puede resolver todo ante la falta de fondos.
El funcionario considera necesario fortalecer las instituciones públicas encargadas de sacar al país adelante, pero aclaró que esta tarea toma tiempo, trabajo y recursos.
Puntualizó que hablar de debilidad institucional, implica que después del golpe de Estado la institucionalidad democrática del país fue desbaratada.
“No es una simple abstracción, estamos hablando de que las instituciones públicas fueron debilitadas y en el momento que nosotros asumimos el Poder Ejecutivo, no es de inmediato que esas instituciones van a empezar a funcionar como deberían, tenemos que recuperar esas instituciones”, apuntó.
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POTENCIAR LA AGROINDUSTRIA
Una de las áreas que, el funcionario estima, podría hacer que el país despegue, porque depende menos de las importaciones, es el sector agroindustrial.
Pastor de María y Campos detalló que lo que se está haciendo es apostarle a que el campo hondureño se convierta nuevamente en un motor de desarrollo y en un generador de oportunidades para las comunidades locales, para que no tengan que migrar y se produzcan alimentos que garanticen seguridad alimentaria.
Un análisis de datos de Criterio.hn sobre la distribución del presupuesto de 2023, refleja que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) es la que ha experimentado el mayor incremento con respecto al presupuesto de 2022. El presupuesto de esta secretaría paso de L3,502,573,096 en 2022 a L6 643 793 431 en 2023, es decir, experimentó un aumento de 90%.
Sobre la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, explicó que lo que se busca es tratar de cambiar un sistema fiscal que ha sido regresivo, es decir, que los que menos tienen son los que más pagan y los que más tienen son los que menos pagan.
“Con la reforma al sistema tributario lo que buscamos es eliminar muchas de estas exoneraciones, que […] por concepto de esas exoneraciones dejamos de percibir 59 mil millones de lempiras y tenemos que pagar 53 mil millones a la deuda”, puntualizó.
Al recaudar más ingresos por la vía de los impuestos se tendrán mayores recursos y esos van a permitir hacer más inversión pública. Y es entonces que se podrá proveer a los hondureños y hondureñas de mayor acceso a educación, a un mejor sistema de salud e infraestructura, concluyó el funcionario.
