En un revés legal contra el Ministerio Público, la empresa que supuestamente sufrió los daños físicos les desautorizó continuar la persecución penal contra Álvarez
Tegucigalpa.- Tras cuatro años de persecución judicial, dos de ellos bajo reclusión en una cárcel de máxima de seguridad, Raúl Álvarez finalmente obtuvo su carta de libertad definitiva.
Álvarez fue recluido por casi dos años en el centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, acusado por los delitos de asociación ilícita y daños agravados, este último contra una empresa de comidas rápidas.
Ambos delitos tienen un largo historial de uso por parte de las fuerzas del Estado para acallar las movilizaciones por parte de líderes sociales. En el caso de Álvarez, fue su participación en las protestas por la crisis postelectoral de 2017.
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El documento del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa establece que la carta de libertad definitiva fue extendida “en virtud de haberse dictado sobreseimiento definitivo”
En un tuit, el bufete Justicia para los pueblos señaló que “Raúl nunca debió ser procesado penalmente. Se le deberían reparar los daños por haberse pasado cerca de 2 años en La Tolva por defender sus derechos”.
Además, calificó como “injusta” la persecución a la que fue expuesto “por ejercer su legítimo derecho a la protesta tras las elecciones fraudulentas de 2017”.
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A través de un video difundido por sus abogados defensores, Raúl Álvarez recordó que estos cuatro años han sido un “largo y duro proceso” en su vida, en el que enfrentó “pérdidas”.
El defendido pidió al Estado de Honduras repare los daños a los que fue sometido al haber sido encarcelado por casi dos años sin que existiese “evidencia científica en mi contra”. En la misma línea, agregó que “nunca hubieron pruebas contundentes para que me mandaran a una cárcel y siempre violentaron el debido proceso y violentaron mi integridad física y la de mi familia”.
FISCALÍA SE PRESTÓ PARA DESMOVILIZAR LA PROTESTA SOCIAL TRAS FRAUDE ELECTORAL
La abogada del bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, sostuvo que la persecución judicial contra Álvarez obedecía a su defensa del estado de derecho y la democracia en el marco de la crisis postelectoral en 2017.
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Oliva compartió con Criterio.hn que la empresa transnacional de comidas rápidas, que fue señalada durante el proceso como la supuesta víctima, desautorizó al Ministerio Público para continuar con la persecución penal contra Álvarez por los supuestos daños.
Lo que a juicio de Oliva demuestra que en efecto, el Ministerio Público se prestó para perseguir, criminalizar y de alguna manera desmovilizar la protesta social que germinó tras el fraude electoral.
“El Estado tiene una gran responsabilidad con las personas que estuvieron privadas de libertad, sobre todo en el caso de Raúl [Álvarez] y Edwin [Espinal] que estuvieron en una cárcel de máxima seguridad por un caso donde el Ministerio Público no podía sostenerlo a través de un juicio realmente objetivo”, afirmó Oliva.
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La profesional del derecho recordó que tanto Álvarez y Espinal fueron llevados no solamente a un Tribunal de Jurisdicción Nacional, sino que además fue uno ubicado en un batallón militar con el objetivo de criminalizar la lucha social de ese momento.
Dicho Tribunal no era el llamado a conocer el caso y el juez sin ser el competente, en una “gran violación al debido proceso”, los recluyó en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva.
El daño causado no se repara con que el Ministerio Público se retracte, dijo la abogada. Agregó, que ahora se debe exigir la reparación del perjuicio y eso implica que se investigue a los fiscales y jueces involucrados en la causa, para que haya resarcimiento al daño que les causaron al someterlos al proceso y privarlos de su libertad.
