Por: René Novoa
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Foto portada: Fernando Destephen
Tegucigalpa. La niñez, adolescencia y juventud tienen al menos tres décadas de abandono en Honduras. Así lo ha dicho el director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez.
Wilmer Vásquez, director de Coiproden (Foto: Jorge Burgos)
“En los últimos 30 años, a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y dos de sus protocolos facultativos, Honduras ha venido recibiendo de manera reiterativa recomendaciones en torno a la atención de la niñez, adolescencia y juventud, sin cumplir ninguna y, peor, los diferentes gobiernos han hecho oídos sordos a esas recomendaciones”, dijo Vásquez.
Agregó que no se puede desconocer que Honduras es un país eminentemente joven, en vista que de la población total, que para 2020 es de 9.2 millones según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 50 por ciento son niños y adolescentes y casi el 70 por ciento representa a la juventud, que son menores de 30 años.
Pese a eso, “no hemos logrado que haya una distribución equitativa en el Presupuesto General de la República, que permita que estos grupos, que aunque son mayoría históricamente han sido vulnerabilizados por el sistema, se les pueda garantizar una protección integral a partir de la implementación de diferentes políticas públicas”, sostuvo Vásquez.
El entrevistado comentó que el 31 de este mes de marzo, van a presentar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el informe “Situación de derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud en Honduras”, redactado por el Coiproden en septiembre anterior.
Ese texto fue socializado este miércoles en el marco del informe situacional que expusieron las 53 organizaciones de Sociedad Civil que conforman la Coalición Contra la Impunidad, de cara al Examen Periódico Universal (EPU) 2020, que se realizará en mayo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
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Indefensión ciudadana
Vásquez cuestionó “cómo el gobierno podrá justificar en mayo [durante el EPU en Suiza] que más de un millón de niños y niñas entre los 5 y 17 años, están fuera del sistema educativo nacional, más de 500 mil están trabajando y cientos de miles huyen del país, sólo en 2019 unos 110 mil compatriotas que fueron retornados al país y de esos, 26 mil eran niñas y niños; ¿cómo podrá explicar el gobernante que miles de hondureños prefieren morir en el intento de emigrar a quedarse en un Estado donde no se les garantiza el derecho a la vida?”.
Esas masivas migraciones se deben a que no existe una verdadera seguridad ciudadana para los más pobres ni para la niñez. Para Vásquez, lo más preocupante es que la niñez y adolescencia son cooptadas por las pandillas y el crimen organizado, “hay toda una estructura del crimen organizado y las maras y pandillas que fácilmente coopta a la niñez y adolescencia desprotegidas, pero cómo vamos a explicar al mundo quiénes lideran las estructuras criminales y del narcotráfico en el país”.
“Hemos convertido a Honduras en un narcoestado, en un corral sin tranca donde lo controlan y mandan un pequeño grupo de poder y un partido que se encuentra en el gobierno en este momento [el Nacional], a través de la fuerza de las armas y de un mega fraude electoral al margen de la voluntad del pueblo hondureño”, enfatizó Vásquez.
Es ese control de la institucionalidad y de los recursos del Estado, coloca al país como uno de los dos más corruptos de América Latina, dijo Vásquez y agregó que “en este contexto la niñez, adolescencia y juventud se convierten en las víctimas de un sistema que les ha secuestrado y les ha condenado a un país que no es el mejor para nacer, para crecer y para ser niños, sino que más bien les asesina sin piedad.
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El negocio de la violencia
En relación a la inversión en defensa y seguridad, que en una década ha superado los 150 mil millones de lempiras y ha creado 60 fuerzas policiales y militares, Vásquez dijo que “tan sólo ha servido para que el gobierno pague facturas a estas estructuras de los grupos militares y policiales para sostenerse por la fuerza de las armas en el poder”.
El entrevistado fue enfático al sostener que la violencia se genera en el país como un plan para que el partido en el gobierno se perpetúe en el poder. “La violencia se genera para crear temor en el gran negocio que produce el discurso de seguridad, así, la población paga por una supuesta seguridad a un Estado que no garantiza el derecho a la vida, y por otro lado, se levantan más portones y se le paga a la seguridad privada para la protección de los negocios y colonias, pero estas empresas son propiedad de militares y de altos funcionarios del gobierno”, detalló.
De acuerdo con Vásquez, en reiteradas ocasiones han sugerido al gobierno que suspendan las funciones la labor de Policía Militar y del Orden Público (PMOP), en la seguridad nacional que corresponde a la Policía Nacional, además de que han pedido que las Fuerzas Armadas “que cumplan con sus funciones constitucionales de asegurar la alternabilidad en el poder, que no lo han hecho, y sobre todo de resguardar la soberanía nacional”.
Lejos de cumplir con sus funciones constitucionales, las Fuerzas Armadas han seguido el guión del gobernante, Juan Hernández, y lo peor es que llevan a cabo un plan de enajenación de la niñez y adolescencia: Guardianes de la Patria.
Al respecto, Vásquez comentó que “las Fuerzas Armadas reciben más de 80 millones de lempiras por el programa Guardianes de la Patria, que sirve únicamente para adiestrar en formación militar a niños y niñas entre los 5 y 25 años, para asegurar entonces que éstos sean sus próximos seguidores o que entren a las filas del ejército”, puntualizó.
