Tegucigalpa. – En múltiples denuncias conocidas por Criterio.hn e incluso testimonios ante organizaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres, en las redes sociales, ante otros medios de comunicación y entes de justicia, ha quedado evidenciada la violencia sexual hacia niñas, jóvenes y mujeres en tránsito por Honduras, incluso proveniente de los mismos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
En un informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el cual presenta un trifolio con la información recopilada a partir de fuentes oficiales, en especifico de denuncias por violencia sexual contra las mujeres y niñas hondureñas de enero a junio de 2022.
En ese sentido, e documento presenta que, de enero a junio de 2022, el Ministerio Público (MP) registró un total de 2,232 denuncias por violencia sexual, de las cuales, 1,615 fueron agresiones contras mujeres y niñas, 446 contra hombres y niños y en 171 casos no se identificó el sexo de la víctima.
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En este mismo período, el 90% de las agresiones registradas por parte del Ministerio Público fueron realizadas contra hondureñas (1,456). No obstante, también hay denuncias de personas de otros países, es decir, niñas, jóvenes y mujeres migrantes y extranjeras, de las cuales se han recopilado un total de 158 casos.
Esos casos desglosados según la nacionalidad, corresponden a: 98 casos de violencia sexual contra cubanas, 33 contra nicaragüenses, 13 contra venezolanas, 6 ecuatorianas, 2 dominicanas, 2 uzbekistanas, 1 salvadoreña, 1 guatemalteca, 1 afgana, 1 china y 1 estadounidense.
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MINORÍA DENUNCIA Y CASOS SILENCIADOS
Los abusos son muchísimos más, pero esas son las que han logrado llegar al Ministerio Público, pues en su mayoría, las mujeres no denuncian, ya sea por miedo, poca credibilidad en los entes persecutores del delito, por amenazas y algunas hasta por sentir culpa o vergüenza.
La investigadora del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Helen Ocampo, dijo a Criterio.hn que, “hay que tomar en cuenta que todas las violencias contra las mujeres, el registro que llega a los operadores de justicia, a las postas policiales y el Ministerio Público es menor, sobre todo cuando se trata de casos de violencia sexual, porque las víctimas tienen miedo a ser criminalizadas y que se les juzgue por la misma agresión sexual de la que han sido víctimas”.
Lamentablemente la reacción de la sociedad es culpabilizarlas, pues empiezan a ser cuestionadas y se remarcan esas frases que exponen, por ejemplo, dónde se encontraban, la forma en que vestía. En los casos de violencia sexual, de enero a junio, se sostienen los datos en relación al año anterior (2021).
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Cada tres horas una niña o una mujer es asesinada en Honduras tomando como referencia los datos del Ministerio Público, pero la cifra es mucho mayor al haber demasiada violencia sexual que no es registrada ante los operadores de justicia por las diversas razones antes expuestas.
Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, comentó a Criterio.hn que, “esto sucede precisamente por el abuso de poder que existe en Honduras, lo cual da paso a la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y femicidios permitidos por el mismo Estado”.
Hay un registro muy significativo producto de las comunidades al interior del país -expresó García-, siendo más preocupante pues apuntó que esos casos registrados por Ministerio Público solo son presentados por las niñas, jóvenes y mujeres que están en zonas urbanas, panorama que lleva a cuestionarse y preocuparse por la situación de quienes se encuentran en lugares alejados del acceso a un ente de justicia, siendo entonces casos que quedan silenciados.
