Por: Kelly Ortez

Al menos cuatro exfuncionarios hondureños ligados a la corrupción se han refugiado en Nicaragua, el último de ellos fue el exfiscal de la república, Óscar Fernando Chinchilla, aunque se conoce que su salida giró en torno a su integración a la Corte Centroamericana de Justicia. Al salir del cargo de fiscal general, Chinchilla podría buscar evadir la justicia hondureña luego de haber sido parte de una estructura que otorgó impunidad a funcionarios de los tres últimos gobiernos del Partido Nacional, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández.

Analistas abordados por Criterio.hn coinciden que la razón principal por la que los funcionarios son acogidos por Nicaragua es por asuntos económicos, debido a que al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que le interesa es el ingreso del dinero que los prófugos puedan dejarles en su territorio, sin reparar en ideologías políticas para admitirlos.

Tegucigalpa, Honduras. – Nicaragua se ha convertido en refugio de políticos centroamericanos acusados por corrupción y narcotráfico. El más reciente fue el caso del exfiscal de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, quien escudó su ingreso a la vecina nación a su nuevo cargo de juez de la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Managua.

La tarde del domingo 3 de septiembre se confirmó que el exfiscal de la república Óscar Fernando Chinchilla abandonó el país por la aduana de Guasaule, departamento de Choluteca, zona sur del país, su destino: Nicaragua.

“La información está confirmada y seguramente su conciencia no está tranquila y tiene miedo de que en algún momento llegue haber una investigación en su contra, porque Chinchilla, lastimosamente fue un cómplice del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción que se instauró en nuestro país”, expresó el director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, al confirmar la salida de Óscar Chichilla del país a medios de comunicación.

El exfiscal abandonó Honduras dos días después de cesar de su cargo, el 1 de septiembre; mientras tanto, en Honduras se respira un ambiente tenso y confuso con la incertidumbre por quién asumirá la titularidad del Ministerio Pública (MP), luego que los diputados del Congreso Nacional (CN), no llegaron a un consenso para elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto, entre la nómina de cinco postulantes.

Durante su gestión, que inició en 2013 y concluyó el pasado 1 de septiembre, Chinchilla  no actuó contra los funcionarios salpicados por corrupción y narcotráfico incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, privado de su libertad en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas.

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POLÍTICOS HONDUREÑOS EN EXILIO

Chinchilla no es el único funcionario hondureño que, envuelto en supuestos actos de corrupción, se suma a la lista de nuevos vecinos nicaragüenses acogidos por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No importa la ideología a la que pertenezcan, todos son bienvenidos por los Ortega Murillo.

A pocos días de que asumiera la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), el 27 de enero de 2022, se confirmó la salida del país del exministro de la Presidencia y mano derecha de Juan Orlando Hernández, Ebal Díaz, a quien días antes el Ministerio Público (MP) dijo estar investigando por presuntos actos de corrupción en el caso “casas contenedoras” que ocasionó un perjuicio a la economía hondureña por más de 1,200 millones de lempiras (unos USD 49 millones).

Luego, el 20 de junio de 2022, se conoció que el régimen de Ortega-Murillo ya le había otorgado la nacionalidad a él y a Ricardo Cardona, también exfuncionario de Juan Orlando Hernández y quien se desempeñó como ministro de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). A Cardona, al igual que Ebal Díaz, el MP les congeló las cuentas bancarias.

Además de su imputación por corrupción, Díaz estaría siendo investigado por su supuesta participación en narcotráfico a gran escala y actividades de lavado de dinero proveniente de la importación de cocaína, según documentos desclasificados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La huida de los hondureños a Nicaragua, es a juicio del abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, el resultado de una lenta acción de la justicia hondureña ya que, pese a que existen indicios, no se abre ningún tipo de investigación o se emite requerimiento fiscal.

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Luego que el expresidente Juan Orlando Hernández dejara el cargo, tras dos periodos consecutivos de gobierno (2014-2018 y 2018-2022), fue juramentado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), mucho se especuló que su siguiente paso sería pedir asilo en Nicaragua.

Ramón Barrios, diputado del oficialista partido Libre, reveló en aquel entonces que el expresidente Juan Orlando Hernández, quiso huir de Honduras hacia Nicaragua, pero debido a la intervención de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos con el presidente del vecino país, Daniel Ortega “lo impidió”.

Otro de los funcionarios hondureños que se exilió en Nicaragua fue Enrique Flores Lanza, prominente miembro del partido Libre y cercano colaborador y ministro de la Presidencial del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

Tras el golpe de Estado, Flores Lanza fue acusado por el Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito por no dar cuentas de 40 millones de lempiras que fueron retirados del Banco Central de Honduras (BCH) y que serían utilizados para el fallido proyecto de la “cuarta urna” mediante el cual se buscaba hacer una consulta popular con la intención de instalar una Asamblea Nacional Constituyente y que motivó al golpe de Estado a los sectores más conservadores de Honduras.

Flores Lanza, quien regresó del exilio luego del triunfo de Xiomara Castro fue amnistiado por los delitos que se le imputaban. Actualmente se desempeña como asesor del gobierno.

A juicio del abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, el caso de Enrique Flores Lanza tiene una connotación distinta porque solicitó asilo en el marco de un golpe de Estado, acción que han emprendido funcionarios de otros países como España cuando huían por persecución.

Según Mejía no es lo mismo darle asilo a alguien que huye de un golpe de Estado a darle asilo a funcionarios de la narcodictadura, en referencia a los funcionarios y aliados de Juan Orlando Hernández.

ACUERDO CON POLITICOS CORRUPTOS

El experto en derecho internacional, Graco Pérez, dijo en entrevista con Criterio.hn que, en virtud de que en Nicaragua se vive en una dictadura, resulta fácil para los hondureños acusados por corrupción tramitar su escape a la vecina nación, incluso la ciudadanía.

Analizó que otras de las razones por las que los políticos hondureños deciden refugiarse en el vecino país son: facilidad de movilizarse legal e ilegalmente, cercanía para mantener contacto constante con familiares, negocios y testaferros para seguir gozando de un nivel de vida alto.

En cuanto al porqué el régimen Ortega-Murillo recibe a políticos e incluso narcotraficantes, Pérez aduce que se debería a la precaria situación económica por la que atraviesa el vecino país, “al gobierno de Nicaragua le interesa que esos recursos entren al país, por eso es que estos personajes lo ven como un paraíso donde se puede eludir leyes y vivir una vida cercana a la de Honduras”.

El analista coincide con Pineda Alvarado, al mencionar que Nicaragua no toma en cuenta temas políticos e ideológicos sino meramente económicos, “y el trato ya se sabe cuál es. Una vez ahí nadie les va a preguntar por el origen de sus recursos, es diferente a tener el dinero en países donde hay grado de control que, cualquier movimiento atípico, están obligados a investigar”.

El analista Graco Pérez considera además que al acoger a estos personajes también se debería a una forma de molestar al gobierno de los Estados Unidos, porque en algunos casos se ha brindado refugio a personas que la nación del norte desea perseguir.

Lo afirmado por Pérez tiene consonancia con las valoraciones del abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, quien considera que la finalidad de los políticos hondureños al irse a Nicaragua es comprar la inmunidad parlamentaria debido a que una vez en territorio nicaragüense, evaden la justicia hondureña y una posible solicitud de extradición a los Estados Unidos.

Graco Pérez valoró además que los prófugos de la justicia argumentan varias razones para solicitar un estatus legal de permanencia en Nicaragua como persecución política, insatisfacción del gobierno actual, amenazas a muertes, violación de sus derechos y deseo de invertir

NICARAGUA ASOCIADO CON CLASE POLÍTICA CORRUPTA

Joaquín Mejía considera que el principal aliado de Daniel Ortega ha sido Juan Orlando Hernández, razón por la cual Nicaragua ha dado refugio a políticos corruptos siguiendo esa lógica.

Mejía aduce que Nicaragua no toma en cuenta ideologías políticas a la hora de brindar un asilo político. En ese sentido, destacó que Honduras siempre fue un aliado de este país, pese a que el gobierno de Hernández se catalogaba de derecha mientras la dictadura de Ortega-Murillo se denominan de izquierda, cosa que a su juicio es falso.

Similar precepción tiene el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado, que considera que Nicaragua no se percata de la ideología política de los funcionarios que piden asilo en ese país, sino del dinero que puedan pagar, “ahí se van a refugiar gente con problemas, algunos jefes de Estado, ahí el asunto es de dinero, porque les pagan a los funcionarios para poder hacer este tipo de trámites”.

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POLÍTICOS DE CENTROAMÉRICA

Nicaragua también ha sido el refugio para políticos salvadoreños como es el caso del expresidente de este país Mauricio Funes, quien junto a su esposa Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y su núcleo familiar se encuentran asilados al no poder justificar en su país transacciones personales por más de USD 600.000.

Asimismo, en julio de 2021, Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, acusado en su país por enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos.

Ambos presidentes de El Salvador pertenecen al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Los guatemaltecos también han buscado el destino de Nicaragua para evadir la justicia en su país. Gustavo Herrera, un financista del Partido Vamos, tras ser acusado por su participación en una estafa millonaria en el Seguro Social, durante el gobierno de Alfonso Portillo, logró la nacionalidad nicaragüense.

En los años ochenta, el narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, también permaneció en Nicaragua tras una desesperada huida de su país, bajo la protección del Frente Sandinista de Libración Nacional (FSLN).

Según un informe del embajador de Estados Unidos en Managua, en los años 2006 a 2008, Daniel Ortega  —  presidente en aquel entonces y presidente de nuevo ahora — negoció un acuerdo con el narco colombiano Pablo Escobar y lo refugió durante varios meses en Nicaragua después de que Escobar ordenara el asesinato del Ministro de Justicia”, refiere un editorial de diario Tiempo de Colombia del 8 de diciembre de 2010.

INACCIÓN DE JUSTICIA PERMITE HUÍDA DE POLÍTICOS

El analista político, Lester Ramírez, dijo a Criterio.hn que desde los años 80 Nicaragua viene siendo un refugio de políticos y narcotraficantes que le llevan dinero.

Destacó que la única manera que las autoridades hondureñas podrían actuar ante los políticos que buscan refugio en Nicaragua, para evadir la justicia, es mediante la confiscación de bienes, que respalda la Ley de privación de dominio.

Ramírez mencionó además la aplicación de medidas de prevención como la emisión de alertas migratorios y en el sistema financiero, acciones que podrían llevarse a cabo por medio de entes de investigación que ya están en funcionamiento como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

A medida pasan las semanas y meses, más políticos hondureños señalados por corrupción o narcotráfico podrían huir del país hacía Nicaragua, sin que hasta el momento el gobierno de Honduras se pronuncie.

El abogado Joaquín Mejía considera oportuno que el gobierno de Honduras solicite a su par de Nicaragua la extradición de sus connacionales, aunque advierte que Nicaragua no lo hará, pero debería de efectuarse el proceso con la intención de dejar en evidencia al régimen Ortega-Murillo.

Mejía dice que es momento que el gobierno de Honduras entienda “que esa dictadura [Ortega-Murillo], a quien protege por omisión, protege a los verdugos del pueblo hondureño”.

El analista acusó al gobierno de Honduras de proteger al régimen sandinista cuando se abstiene de votar en Naciones Unidas para que se investiguen las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, “los regímenes siempre velan por sus intereses y les da igual si los políticos son de derecha e izquierda”, concluyó Joaquín Mejía.