La afinidad de los tres comisionados recientemente nombrados en la UFTF con el tripartidismo (Partido Liberal, Nacional y Libre) genera dudas sobre la fiscalización de las campañas políticas el próximo año, concluyen fuentes consultadas por Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Las nuevas autoridades de la Unidad de Financiamiento, Transferencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), se regirán por una normativa que no garantiza un verdadero proceso de auditoría para conocer la procedencia de los fondos que utilizan los políticos para financiar sus campañas en busca del poder.
Los comisionados fueron electos el pasado 28 de febrero, mediante un arreglo entre las tres fuerzas políticas mayoritarias: Vladimir Mendoza, del Partido Libre; Ivonne Ardón, del Partido Liberal; y Emilio Hércules, del Partido Nacional.
Netzer Mejía, diputado del Partido Libre y presidente de la comisión legislativa encargada de elegir a estas autoridades, justificó que fueron seleccionados aquellos que obtuvieron el mejor puntaje en el proceso de evaluación. Sin embargo, en la práctica, se ha dicho que no fue así, ya que desde el 2023 se habían divulgado estos nombramientos.
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UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA EN EL OJO PÚBLICO
La Unidad de Política Limpia ha estado bajo el escrutinio público debido al pobre trabajo que ha venido realizando, especialmente en la fiscalización del origen del dinero de las últimas campañas políticas,
Lo anterior se ha reafirmado en los juicios a narcotraficantes hondureños en Estados Unidos, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, donde los narcotraficantes confesaron haber pagado sobornos a políticos para financiar sus campañas electorales, a cambio de permitir el tráfico de drogas una vez que estos llegaran al poder.
Este panorama ha sido condenado incluso por la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras (ONU), Alice Shackelford, quien lamenta que la Unidad de Política Limpia, encargada de auditar que el dinero del narcotráfico no llegue a la política, no ha logrado cumplir su objetivo.
«La Unidad de Política Limpia aún carece de poder real, independencia y capacidad investigativa, así como de presencia efectiva en el territorio. Por lo tanto, es fundamental que se aborden estas deficiencias como parte de las reformas electorales pendientes», expresó a medios de comunicación, Shackelford, el jueves 7 de marzo, quien expuso la limitante antes destacada será uno de los principales desafíos de cara a los próximos comicios electorales el próximo año.
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FALTA DE CONFIANZA EN NUEVAS AUTORIDADES
A pesar de los nombramientos de nuevas autoridades, la falta de credibilidad en la Unidad de Política Limpia sigue siendo evidente debido a que las autoridades designadas ya han ocupado cargos desde los cuales fueron cuestionadas por su desempeño.
Aunque el Congreso Nacional, en su cuenta de X (antes Twitter), recalcó que el proceso se llevó a cabo «sin presiones y sin ofrecer nada a cambio», la realidad es que estos nombramientos fueron negociados bajo condiciones que, seguramente, beneficiarán los intereses de los políticos como ha ocurrido en el pasado, pues la mecánica de elección fue la misma.
Por ejemplo, un artículo de Criterio.hn publicado el 22 de agosto de 2023, explicó cómo las componendas políticas del tripartidismo (Partido Liberal, Nacional y Libre) se impondrían en dicha elección, partiendo de lo divulgado por el diputado disidente del Partido Nacional, Rolando Barahona.
Aunque la comisión que los nombró alega haberse basado en la meritocracia, lo cierto es que los tres elegidos tienen una trayectoria política afín, lo que puede generar dudas sobre su actuación en caso de que perjudique al partido político al que están vinculados.
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LOS NUEVOS COMISIONADOS
Un ejemplo, de las ataduras, es el caso de la comisionada Ivonne Ardón, quien mientras ejercía el cargo de comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), también realizaba informes financieros para candidatos del Partido Liberal, para luego presentarlos ante la UFTF.
Entre tanto, el comisionado Emilio Hernández Hércules, un destacado miembro del Partido Nacional y quien anteriormente ocupó la secretaría general en la UFTF, fue electo a pesar de enfrentar una demanda pendiente contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por un ajuste salarial., siendo esto un impedimento para aspirar al cargo.
Por otro lado, el comisionado Julio Vladimir Mendoza Vargas, al igual que Ardón, también ocupó el cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En el año 2023, junto con los otros dos comisionados del IAIP, impulsó la promulgación del Decreto 001-2023, que restringió el acceso a la información sobre el aporte económico de campañas políticas, aumentando considerablemente la opacidad sobre financiamientos.
Esta última acción pone en entredicho el compromiso que podría tener Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza, ahora como comisionados de la UFTF, pues ambos han sido pieza clave para fomentar la opacidad en el financiamiento político.
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CONTINÚA PACTO DE IMPUNIDAD
«Yo no tengo confianza en las medidas que se tomen, porque, aunque sean instituciones con nuevos nombres, están corroídas por la impunidad (…) y yo creería que los nuevos nombres vienen a ratificar la voluntad de los partidos políticos», expresó Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, al ser consultado por Criterio.hn sobre la credibilidad de los organismos electorales que ahora cuentan con nuevas autoridades.
Moreno destacó además que Honduras necesita órganos electorales que alcancen independencia tanto de los partidos políticos como de los grupos fácticos.
Sólo con la independencia de estos órganos, -agregó Moreno- que incluye a la Unidad de Política Limpia, dijo, se podrá evitar que el dinero proveniente del narcotráfico sea utilizado en las campañas políticas.
Aseguró que, dada la situación actual, no cree que haya voluntad para auditar con responsabilidad y objetividad; de lo contrario, sería, usando una analogía, «ponerle un parche a un vestido viejo».
Del mismo modo, argumentó que tal como han sido nombrados, se puede garantizar la continuidad de un pacto de impunidad para mantener un escenario similar al que hemos venido afrontando en los últimos años.
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De igual forma, el abogado y analista político Rafael Jerez, en diálogo con Criterio.hn, señaló que en Honduras es evidente el control partidario que existe en los órganos electorales, lo que ha llevado en ocasiones anteriores a una falta de esfuerzo en la fiscalización.
En este sentido, mencionó que en cuanto a las campañas electorales se enfrentan muchos retos, como la fiscalización de fondos y las actividades de precampaña que establece la Ley de Política Limpia.
Hizo referencia a la reforma de dicha ley para incluir la fiscalización de las actividades de precampaña, señalando que surgen dudas sobre si la unidad ha fiscalizado esos fondos y si el dinero forma parte de la rendición de cuentas.
Según su opinión, es muy difícil esperar un cambio radical en dicha unidad debido al control de los partidos políticos. En este sentido, mencionó que no solo se debe determinar el origen de dinero ilícito, sino también si el dinero que se utiliza proviene del Estado. Por ello, remarcó la importancia de la despolitización de los órganos electorales.
