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Nacionalistas están urgidos por penalizar la protesta social y van a sesión mañana lunes

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La iniciativa está encaminada a agregar dos párrafos al artículo 335 del Código Penal, con el propósito de calificar de terrorismo los actos que infundan temor en la población y así penalizar la protesta social.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa – La Junta Directiva del  Congreso Nacional atendiendo la urgencia del presidente Juan Hernández,  celebrará sesión este lunes 23 de enero, con el propósito de aprobar leyes prioritarias y podría comenzarse la discusión del paquete de reformas al Código Penal y a otras normativas con el fin de combatir agregar reformas al articulo 335 y calificar como terrorismo la protesta social. 

En la sesión se pretende continuar con la aprobación de legislaciones importantes y prioritarias como la nueva Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Además, luego de recibir la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la comisión ordinaria de seguridad tiene listo el dictamen para someter al pleno las reformas enviadas por el Poder Ejecutivo encaminadas a facilitar las acciones contra los extorsionadores y el crimen organizado.

La iniciativa está orientada a reformas artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Granjas Penales.

Además la Ley de Inteligencia Nacional, Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas y la Ley del Instituto Nacional Penitenciario, que servirían para frenar el surgimiento de bandas extorsivas y neutralizar las existentes.

Se propone reformar el artículo 222 del Código Penal mediante el cual un individuo incurriría en el delito de extorsión con el simple hecho de exigirle dinero bajo amenaza a una persona.

El motivo de sesionar mañana lunes es para  agregar dos párrafos al artículo 335 del Código Penal. Lo anterior con el propósito de calificar de terrorismo los actos que infundan temor en la población.

Las demás iniciativas se orientan a limitar los servicios de telecomunicaciones de las cárceles para que no sean aprovechados por los privados de libertad.

Lo mismo sobre intervenciones telefónicas, de tal forma que las compañías que los brindan puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley.

En la sesión de este lunes también se discutirán y aprobarán otros proyectos de ley considerados prioritarios.

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