MP viraliza captura de dos empleados de Copeco, mientras investigaciones por Hospitales móviles y otros casos no avanzan

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- El Ministerio Público (MP) hizo trascender a varios medios de comunicación la noticia que dos empleados de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) fueron arrestados hoy en Tegucigalpa, supuestamente por haber vendido equipo de bioseguridad propiedad del Estado hondureño.

Esta acción judicial ampliamente difundida,  se da mientras que han pasado nueve meses en que la ciudadanía espera la deducción de responsabilidad penal a involucrados en millonarias compras sobrevaloradas de siete hospitales móviles, y una carpa hospitalaria ubicada en el norte del país, millonarias ventas de mascarillas y equipo de bioseguridad en el que se involucra a diputados, políticos y familiares y esclarecimiento de la transparencia de fondos aprobados por el Congreso Nacional para el control de la emergencia de Salud a causa del COVID-19 e incluso el manejo de las donaciones tras el paso de los huracanes “Eta” e “IOTA”.

Pero, la detención de los dos ciudadanos Hugo Mauricio Molina Cardona y Edin Antonio Carballo Franco, ha sido “publicitada” hasta por las redes sociales del MP y su página web, como parte de los logros de Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

“La acusación del Ministerio Público se presentará en tiempos en los que resulta urgente dotar de equipo de protección personal a empleados del sector salud, así como a afectados por la crisis climatológica que están en condición de vulnerabilidad en albergues”, se lee en la publicación en su portal informativo.

Sobre el caso, añaden que los detenidos fueron acusados por el delito de malversación por apropiación, ilícito incoado luego de comercializar las batas, overoles y demás equipo de bioseguridad adquiridos por el gobierno para el combate de la pandemia de COVID-19.

Las autoridades del MP detallaron que uno de los detenidos funge en el almacén de Copeco y su compañero es auxiliar de ambulancia y la detención de ambos hombres se logró en flagrancia, por ello el “equipo fiscal Anticorrupción trabaja en coordinación con Agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, a fin de ampliar las diligencias en torno a este caso y dar con otros cómplices”.

DISTRACTORES PARA NO TOCAR “LAS CABEZAS”

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifestó el lunes que han transcurrido más de nueve meses desde que el exdirector Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), el señor Marco Bográn, pagó «de buena fe» el 100 % de los costos para la adquisición de siete supuestos hospitales móviles para atender pacientes infectados por el COVID-19 en Honduras.

Se pagaron 1,100 millones de lempiras, y hasta hoy, solo uno de los centros asistenciales funciona, siendo evidenciada la mala administración estatal en el tema, en el que se incluye la compra de la carpa móvil de Villanueva, Cortés, a cargo del diputado Gabriel Rubí, quien goza prerrogativas como legislador y todavía no es sometido a escrutinio como funcionario público.

El CNA señaló mediante un pronunciamiento público que a pesar de la publicidad gubernamental, expertos en medicina y bioseguridad han corroborado que lo adquirido fueron triajes móviles con algunas características de modernidad, lo cual consagra una verdadera estafa del Estado hacia la ciudadanía, provocando además, una multimillonaria coima que significó un perjuicio a las finanzas públicas por más de 800 millones de lempiras, pero que, a pesar de la pésima administración, todavía se le pretende adjudicar fondos a entes como Invest-H para la reconstrucción de la red vial destruida por los huracanes Eta e Iota.

El CNA destacó que todavía no se ve un resultado serio de la auditoría a Invest-H, que junto a Copeco y desde hace un mes y medio, el CNA advirtió que la emisión de requerimientos fiscales contra algunos señalados por actos de corrupción en tiempos del COVID-19, podrían ser distractores para «calmar las aguas de la indignación social» y hoy se puede corroborar, pues este sistemático actuar desde el statu quo cuando está siendo señalado por irregularidades, no son más que espectáculos circenses para desviar la atención del tema que, desgraciadamente, dominó la agenda pública del año 2020: la asquerosa corrupción gubernamental.