Misión de la CIDH constatará en Guatemala situación de la Cicig

Tegucigalpa.-Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará conocerá in situ la situación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, explicó este lunes por videoconferencia que la reunión fue convocada «de oficio» por la CIDH debido a la «situación preocupante» que vive el país centroamericano respecto de la Cicig y el bloqueó del comisionado, Iván Velásquez, así como lo referente a la independencia judicial y otras temáticas. 

Los participantes, en su mayoría representantes de organizaciones de sociedad civil, confirmaron que los comisionados se comprometieron visitar el país para conocer la situación. A petición del Estado, la audiencia se realizó de forma privada en Boulder (Colorado), Estados Unidos. El gobierno fue representado por el embajador en Uruguay, Antonio Arenales Forno.

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El Procurador de los Derechos Humanos, señaló que el Estado presentó –ante la ONU– sus argumentos afirmando que ha pasado “suficiente tiempo” para que la CICIG se marche de Guatemala. Lisette Vásquez, de la Fundación Myrna Mack, expuso que el Ejecutivo incumple los acuerdos de derechos humanos a los que se comprometió ante la CIDH.

“El gobierno indicó con más de un año de anticipación que no renovará el mandato de la CICIG en 2019, y que este último año es sólo para transferencia de capacidades” expuso la dirigente. No obstante, añadió que el Ministerio Público (MP) todavía no cuenta con las capacidades para desarticular los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Por aparte, Iduvina Hernández hizo referencia a los ataques que se han producido en los últimos meses contra defensores de los derechos humanos. Recordó también el escaso apoyo que le ha dado la Policía Nacional Civil (PNC) a la CICIG, desde la llegada del ministro Enrique Degenhart.

Asimismo, los activistas solicitaron a los comisionados de la CIDH otorgar medidas cautelares en favor de jueces y magistrados que conocen casos de alto impacto y que se encuentran “sometidos” a presiones, amenazas y que la institución hemisférica continúe el seguimiento a la situación de Guatemala en su próximo período de sesiones.

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