Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – La empresa Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa) de la transnacional Aura Minerals sigue operando pese a que existen resoluciones judiciales que mandan la suspensión de las exhumaciones en el cementerio Maya Chortí de San Andrés en Azacualpa, La Unión, en el departamento de Copán, occidente de Honduras.
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Los ejecutivos de la minera argumentan que cuentan con los permisos de concesión y, además, tienen cierto apoyo de la población por la generación de fuentes de empleo y que supuestamente benefician de manera directa e indirecta a cinco mil personas.
La población en Azacualpa se encuentra dividida, entre un sector que apoya las operaciones mineras a cielo, que arguye el bienestar económico al igual que la alcaldía de La Unión que también argumenta los ingresos económicos. El otro sector está conformado por los habitantes que exigen se respete las decisiones judiciales y que procuran por el medio ambiente.
Minosa, que extrae en la zona oro y plata, señaló por medio de un escrito que llevan 40 años en La Unión, Copán, y que operan acompañados de los permisos por concesiones, la tenencia de superficies, con permisos ambientales y sociales otorgados por el Estado de Honduras y las comunidades.
Además, se arropan en la carta pública del 24 de febrero, en la que se hace referencia al cementerio de San Andrés y su identidad cultural. El escrito está firmado solo por autoridades locales, la municipalidad de La Unión, los patronatos aledaños, San Andrés, San Miguel y Azacualpa.
Mediante la carta se dirigen a la secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque, para desestimar las múltiples denuncias del Bufete Estudios para la Dignidad y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
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Según la empresa minera, han seguido todos los procedimientos establecidos por las Naciones Unidas en cuando al traslado del cementerio del antiguo San Andrés, acompañados de una orden judicial y la venia de al menos 480 personas.
En su escrito llaman a las instituciones del Estado, comunidades y autoridades locales a visitar las instalaciones para comprobar que no se violentan los derechos humanos y, de hecho, así lo hizo la SEDH, que confirmó las graves violaciones a los derechos de los pobladores.
De igual forma, admiten que actúan con desobediencia a las sentencias judiciales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, al insistir con las actividades mineras que provocan destrucción, hostigamiento y discriminación contra los defensores de la tierra, sus bienes y la naturaleza.
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APROVECHAN DIVISIÓN GENERADA POR LA NECESIDAD ECONÍMICA
Otro de los argumentos de Minosa es que laboran en un pueblo minero que apoya esas actividades, ya que, según ellos, generan unos cinco mil empleos directos e indirectos, sin embargo, las condiciones son precarias.
Lo curioso es que la carta está firmada únicamente por el alcalde municipal de La Unión, Víctor Hugo Alvarado; el presidente de Sitramino, Fernando Trigueros; el presidente del patronato de Azacualpa; el presidente del patronato de San Andrés, Javier Trigueros y el presidente del patronato San Miguel, Pablo Miranda Coto, pero ignoran a las personas de La Unión que se sienten afectadas.
El alcalde de la Unión, Víctor Hugo Alvarado, es uno de los fieles defensores de las labores de la minería y lo ha manifestado a través de los medios de comunicación en reiteradas ocasiones.
Hace más de un mes la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, y Ambiente (MiAmbiente), declaró “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”, sin embargo, esto ha quedado simplemente en un discurso, pues las acciones que siguen su fiel cumplimiento son las emanadas de los mineros.
Para el edil de la Unión Víctor Hugo Alvarado la prohibición de la minería a cielo abierto es una aberración.
Entre tanto, los miembros del sindicato emitieron este viernes un comunicado mediante el cual fustigan la postura del secretario de MiAmbiente, Lucky Medina de exigir el cese de las actividades mineras en la zona.
En el documento tildan de déspotas las decisiones de Medina y lo acusan de portar una bandera antiminería que, lejos de construir una mejor Honduras, está fomentando el desempleo, la pobreza, la convulsión y calamidad social en el municipio de La Unión.
El director y abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, dijo hace algunos días a Criterio.hn que es lamentable que hasta el momento ninguna autoridad pueda detener las operaciones y acciones ilegales para favorecer a la empresa minera.
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En múltiples ocasiones la comunidad ha exigido a MiAmbiente abstenerse de conceder licencias ambientales para que la empresa Minosa opere y siga destruyendo el cementerio con agresiones a quienes se oponen.
El fin de semana anterior el Bufete Estudios para la Dignidad en conjunto con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunciaron que maquinaria de la empresa Minosa había ingresado al cerro del cementerio con apoyo de agentes policiales para dinamitar la zona.
Hasta el momento la Policía Nacional sigue sin pronunciarse, mientras en la zona los pobladores se mantienen enfrentados ante los abusos de los inversionistas de la minería y la complicidad de las autoridades municipales que se aprovechan de la pobreza y la falta de empleo para presentar el proyecto extractivista como la panacea a los múltiples problemas sociales.
