Redacción: Viena Hernández
Ilustración Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa. – Suany Maradiaga era una mujer transgénero de 31 años, había interpuesto tres denuncias ante el Ministerio Público por amenazas a muerte, pero fue ignorada y su asesinato a balazos la madrugada del domingo 12 de junio en San Pedro Sula, pasó a ser solo una cifra más sobre la violencia que sufre la comunidad LGTBIQ+ en Honduras.
La vida de Suany terminó en el Barrio el Centro de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. En el lugar donde la encontraron yacían varios cartuchos de bala, evidencia del odio hacia la comunidad de diversidad sexual y la falta de accionar de las autoridades, pese a haber sido alertadas con anterioridad.
La condición de calle de Suany la expuso todavía más a los ataques, la delincuencia y la violencia, con profundo aborrecimiento, no solo le propinaron varios disparos, también fue atropellada por un vehículo. Su crimen expone la falta de empatía y el irrespeto por la vida.
El defensor de derechos humanos y director de la Asociación IGUALES, Javier Carrington, dijo que se podía observar que las balas eran de escopeta.
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En 2021, Suany interpuso y documentó una denuncia por discriminación, amenazas, agresión física y verbal, pero todo quedó en un expediente con la suma de los incidentes que terminaron por quitarle la vida.
La segunda denuncia la presentó el 25 de febrero y la tercera y última el 11 de junio de este año, ambas reforzaron la presentada en 2021, dijo Carrington. Sin embargo, los documentos terminaron en el polvo acumulado en las abandonadas gavetas del Ministerio Público.
La fundadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza, en entrevista con Criterio.hn, comentó que los crímenes hacia las personas de diversidad sexual son una constante histórica en Honduras, pero con mayor fuerza después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El caso que confirma lo anterior es el asesinato de la activista transgénero Vicky Hernández, justo la noche del golpe de Estado en medio de un toque de queda ilegal y en cuyo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) mencionó que hubo fuertes indicios que murió en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
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NO HAY PROTECCIÓN A LA VIDA DE LOS GRUPOS VULNERADOS
Sin embargo, desde que Vicky fue asesinada otras 421 personas de la comunidad LGTBIQ+ han perdido la vida de manera violenta, entre estas: 242 gays, 51 lesbianas, 128 trans y dos están en condición de desaparecidas, señaló Mendoza.
El 2022 inició con violencia y muerte hacia las mujeres y personas de la diversidad sexual. Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, en lo que va de este año ya se reportan 21 muertes LGTBIQ+. Dentro de los asesinatos, hay 12 personas gay, cuatro casos de mujeres lesbianas y cinco personas trans.
Cattrachas es una de las organizaciones que ha presentado denuncias al Ministerio Público y, para tener una idea, hay muchas del año 2015 de las cuales todavía no tienen respuesta, pese a la presión que ejercen pues se presentan cada mes para conocer el desarrollo de estas.
Se trata de violencia sistémica dentro del mismo aparato judicial, donde el Ministerio Público protege a funcionarios y funcionarias que mantienen el prejuicio hacia las personas LGTBIQ+ y grupos otros grupos vulnerados.
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Otra forma de generación de odio es el fundamentalismo religioso, que promueve o deja entrever que matar a personas de la diversidad sexual no es un acto condenable.
En efecto, se trata de una sociedad dominada por entidades que criminalizan y ejercen el odio, en concordancia con entes permisivos de justicia que no investigan en absoluto y aprueban que los casos queden en impunidad.
Antes de ser asesinada en enero de 2022, la activista y mujer transgénero Thalía Rodríguez, apuntó que el mismo Estado, que asegura velar y proteger los derechos, es quien mata y lastima.
Cuando una persona de la comunidad LGTBIQ+ interpone una denuncia termina siendo motivo de burla. Las amenazas a muerte, discriminación, violencia y la falta de oportunidades son algunos de los motivos por los cuales las personas de los grupos vulnerados se ven obligadas a abandonar el país.
Pese a que el 10 de mayo de 2022 el Estado de Honduras reconoció su culpabilidad por el asesinato de la líder trans Vicky Hernández y se realizó un acto público en el que la presidenta Xiomara Castro lo ratificara, todavía no hay acciones contundentes para la protección de las vidas de las personas de la comunidad de diversidad sexual.
