Cinco días después que la exprimera dama, Ana García de Hernández, oficializó su candidatura presidencial por el Partido Nacional, un medio argentino informó sobre la investigación por lavado de activos en su contra
Tegucigalpa, Honduras. -Una reciente publicación del diario argentino Infobae asegura que el Ministerio Publico hondureño realiza una investigación a la exprimera dama, Ana García Carías (2014-2018 y 2018-2022), por presunto lavado de activos y traspaso irregular de bienes familiares inmovilizados.
La nota publicada el 16 de marzo, el medio expuso que dicha información fue revelada por una fuente anónima del ente acusador, quien aseguró que la investigación está abierta desde antes del juicio del narcopresidente, Juan Orlando Hernández, quien espera la lectura de la sentencia al ser declarado culpable de delitos relacionados a la narcoactividad,
“Aun antes del juicio, hay abierta una investigación a la exprimera dama por su rol en posible lavado del dinero que su esposo –Juan Orlando Hernández— obtuvo de forma ilegal y por el papel que ella jugó en el traspaso irregular de bienes familiares inmovilizados por el Estado hondureño luego de que Estados Unidos solicitó la extradición del exmandatario”, cita el texto.
El periodista salvadoreño y redactor de la publicación de Infobae, Héctor Silva Ávalos, escribió en X –antes Twitter— que “en el Ministerio Público hay una investigación por lavado de dinero a la exprimera dama y a su esposo, Juan Orlando Hernández, desde 2021. La mayoría de los bienes de Ana de Hernández fueron asegurados en 2022”.
Sobre el tema Criterio.hn se comunicó con el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, expresó que no puede confirmar o descartar si existe una investigación por lavado de activos contra la exprimera dama.
Mora explicó que, aunque exista un proceso investigativo contra García de Hernández, no se pueden dar detalles del caso para “no entorpecer las investigaciones” que realiza el ente acusador.
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PATRIMONIO DE LOS HERNÁNDEZ GARCÍA
En febrero de 2022, Criterio.hn publicó la primera entrega de la investigación sobre el patrimonio de las familias Hernández Alvarado y García, aunque no se pudo precisar la magnitud de la inversión de la sociedad Inversiones Ducal, porque sus registros no son público.
Empresas de seguridad e inmobiliarias, son parte de los negocios del matrimonio Hernández García, que les generaron millonarias cantidades de dinero. Sin embargo, logró establecer que se trata de una empresa de inversiones de proyectos inmobiliarios y turísticos.
De igual manera, se detalló la creación de 11 empresas e inversiones de al menos 267 millones de lempiras en 109 bienes inmuebles, unos 10.8 millones de dólares.
En la segunda entrega de la investigación de Criterio, publicada en marzo de 2022, evidenció cómo Ana García de Hernández, traspasó luego de la captura de su esposo, bienes valorados en varios millones de lempiras a dos instituciones bancarias. Esta acción fue realizada para evitar el aseguramiento de los bienes que incluyen una hacienda en Olancho y una casa en Palmeras de San Ignacio en Tegucigalpa.
En un proceso que duró 34 minutos, la exprimera dama en nombre de Hernández, en su condición de gerente general de Inversiones del Río S. de R. L., trasladó bienes por un monto de 60,119,295.96 de lempiras bajo el concepto de “dación por pago” a una institución financiera.
García de Hernández, trasladó en dación a banco Ficohsa por 28,255,075.90 de lempiras para honrar una supuesta deuda, los bienes adquiridos en Tegucigalpa, ubicados en el sitio Hato de Enmedio y Villas las Palmeras, ubicada en la lujosa colonia residencial San Ignacio.
Los bienes adquiridos por el matrimonio Hernández García en la zona de Hato de Enmedio se pactó en 2006 mediante un préstamo hipotecario por USD 99,844.80 y el de Villas las Palmeras fue adquirido en 2013 por USD 240,995, también con hipoteca.
Criterio.hn realizó una publicación en la que detalla que Ana García y sus hijos, siguen viviendo en la residencia ubicada en Villa las Palmeras de San Ignacio, que fue entregada a banco Ficohsa en dación por una deuda de una supuesta deuda que ella y el expresidente tenían y que en aquel entonces ascendía a 28,255,075.90 lempiras.
García, quien también oficializó su precandidatura presidencial por el Partido Nacional, también podría estar siendo investigada por su vinculación en el emblemático caso de corrupción Caja de Pandora.
El caso involucra una extensa red política y de fundaciones privadas para desviar unos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que serían destinados supuestamente a proyectos de desarrollo en el corredor seco. Sin embargo, el dinero fue utilizado para financiar campañas políticas del Partido Nacional y Liberal.
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FISCALÍA DEBIÓ PROCEDER DESDE EL MOMENTO DE LA EXTRADICIÓN DE JOH
En una entrevista brindada a este medio digital, el abogado penalista, Marlon Duarte, manifestó que el Ministerio Público debió realizar investigaciones al entorno familiar del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue declarado culpable por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos por conspirar para traficar drogas a ese país, desde que fue solicitado en extradición.
Duarte explicó que, la fiscalía hondureña ha realizado investigaciones a los familiares de personas que fueron extraditadas a Estados Unidos, pero con la familia del exmandatario las pericias investigativas han sido lentas.
“El Ministerio Publico al tener la noticia –de la extradición—, más bien se debió proceder a investigar y requerir –de ser necesario— a la exprimera. Tal vez hubiese sido más beneficio para ella, quizá ya estaría saliendo de un proceso de investigación si la fiscalía hubiese iniciado desde antes las investigaciones”, dijo el jurista.
El profesional del derecho señaló que tras estos señalamientos la exprimera dama, Ana García, debe estar lista para ser requerida por la fiscalía y poder probar la licitud de sus bienes, de lo contrario deberá enfrentar la justicia.
En esa misma línea de pensamiento opinó el abogado penalista, Raúl Paniagua, quien externó que el ente acusador nunca procedió contra el exmandatario y su familia, ya que, era protegido por el exfiscal general, Óscar Fernando Chinchilla.
