Tegucigalpa.- De ser un ente público para el abastecimiento de productos de la canasta básica a precios accesibles, pasó a ser una plataforma política clientelar de corrupción a favor del conservador Partido Nacional.
El Consejo Nacional Anticorrupción presentó “Inconsistencias financieras en el manejo de fondos públicos en Banasupro”, el primer informe que identifica deficiencias administrativas y contables de la institución a partir del año 2018.
Entre los hallazgos se identificó más de L 476 millones en concepto de cuentas por cobrar por instituciones públicas a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
Las tres instituciones que acumularon la mayor cantidad de deuda fueron: la Secretaría de Desarrollo Social por L 278,143,083.73, el Instituto Nacional Penitenciario L 127,554,928.56 y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) L 49,805,858.00.
A esto se suman transacciones irregulares a tres empresas “simuladas” que habrían recibido hasta L 740,000.00, en un proceso que se desarrolló en menos de cinco minutos, según señaló el CNA.
En el reporte del ente anticorrupción se confirman las denuncias de la sociedad civil en la que señalaron que se estaba haciendo uso de “bolsas solidarias” a cambio de votos. Es así como durante 2020 y 2021, se usó a Banasupro para “apadrinar campañas políticas, al encontrar en las ‘bolsas solidarias’ el anzuelo para comprar votos”.
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A consecuencia de este “asistencialismo desmedido” se provocó el desabastecimiento de los almacenes y puntos de venta, señaló el CNA. De acuerdo con la documentación se afectaron a “38 de 96 centros de venta con registros negativos en sus inventarios, los cuales ascienden a L 47,696,394.28”.
Para encubrir las transacciones, se creó “un esquema de blindaje”, mediante el cual se mantienen ocultas transacciones en una “cuenta especial para la conciliación”. En esta se reporta que en 2020 se realizaron ajustes por un valor de L 187,110,893.52 y en 2021 por 315,182,042.38.
El CNA hace hincapié en que esta mala gestión en Banasupro afectó directamente a la población de más bajos ingresos, creando una reacción en cadena que no permitió la ampliación de la cobertura, ni que se incrementara la comercialización de productos de la canasta a precios razonables y competitivos.
El resultado de la mala estrategia comercial, denunciada por el CNA, fue que en 14 de los 18 departamentos de Honduras se cerró al menos un Banasupro. En consecuencia, de 103 centros de venta a nivel nacional, solo operan 67.
«Podemos decir que financiera y operativamente Banasupro no es rentable, producto de la mala gestión de los recursos públicos que ha ocasionado déficit operativo para 2021 de L 404,244,372.00», lamentó Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
Como consecuencia de los hallazgos de esta investigación el CNA interpuso una denuncia contra los exgerentes de Banasupro de 2018-2021 y 2021-2022 por suponerlos responsables a título de autores de la comisión del delito de administración desleal del patrimonio público y al excontador se le denunció por falsificación de documentos públicos.
Por su parte, la administración entrante de la presidenta Xiomara Castro, señaló mediante un comunicado, que los exadministradores de Banasupro involucrados son Luis Fernando Pinel Sierra y Merlin Edgardo Cárcamo Baca.
Además, recalcó que se utilizó a Banasupro para apadrinar políticas con la «bolsa solidaria», provocando desabastecimiento en los almacenes y centros de venta, lo que llevó al cierre de estos en diferentes puntos del país.
