Tegucigalpa, Honduras. – La policía Militar del Orden Público (PMOP) tomó el control del sistema penitenciario nacional en Honduras, además las Fuerzas Armadas participan en acciones de seguridad nacional.
Asignaciones que empezaron desde el 6 de diciembre de 2022 con la instauración del estado de excepción, que gradualmente se fueron extendiendo en funciones, tiempo y territorio como una estrategia –que apunta a estrategia permanente en materia de seguridad— de la presidenta Xiomara Castro para combatir la criminalidad.
“Mediante patrullajes preventivos y controles vehiculares tenemos el control del territorio para evitar que los terroristas huyan de la justicia”, cita la Policía Militar en una de sus publicaciones en Twitter.
Palabras como terrorismo, terroristas, féminas, sujetos, individuos, delincuentes, invasores, se escuchan y se leen en las intervenciones en medios de comunicación y redes sociales por parte de los entes armados del Estado, que, de acuerdo con analistas, estas son frases estigmatizantes y violentan sus derechos humanos.
Para el doctor defensor y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, ante los discursos estigmatizantes, especialmente de los militares “no hay nada que entender porque son militares, esta gente sólo tiene una visión: mi amigo o mi enemigo”. Es decir, como lo señala Joaquín Mejía, las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, para el uso de la fuerza y uso de las armas.
En ese sentido, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) señaló a Criterio.hn que este tipo de actos debe ser documentado e investigado para deducir las responsabilidades por lo que pueda ocurrir con la relación a la responsabilidad que tienen con la custodia de las personas privadas de libertad.
Además, diferentes organismos internacionales han hecho llamados de atención y alertado sobre las diferentes violaciones a derechos humanos, enmarcados en la militarización.
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), recordó en entrevista con Criterio.hn que, de acuerdo con los estándares internacionales “la seguridad es ciudadana debe ser implementada por funcionarios civiles y no por militares”.
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El Código Procesal Penal de Honduras, señala en su artículo dos sobre estado de inocencia: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros”.
Además, advierte que “La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda”.
En ese sentido, Jessica Sánchez directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), ante el uso de palabras estigmatizantes que violentan la presunción de inocencia, y que además considera que tienen poder, se debe hacer una revisión sobre la narrativa de “terroristas, invasores, etc.” para encontrar terminología acorde a los derechos humanos.
El doctor en Derecho, Miguel Ángel Aguilar López, de nacionalidad mexicana en su libro: Presunción de inocencia, derecho humano en el sistema penal acusatorio, indica que “La presunción de inocencia es un derecho humano que constituye el supuesto eficaz para la solución de la problemática procesal penal con la que se enfrenta la mayoría de los países”.
En el caso de Honduras, pese a que los entes armados han recibido formación en derechos humanos y enfoque de género, Jessica Sánchez, recomendó que se debe desarrollar un manual o diccionario de uso corriente para evitar “referirse de manera despectiva y poco profesional a las personas detenidas y a las mujeres”.
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FUERZAS DE SEGURIDAD VISTAS COMO AMENAZAS
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en un informe de 2020 señaló “Lo paradójico de la remilitarización por la vía de seguridad es que debilita la capacidad de la institucionalidad pública pertinente para contener y controlar la inseguridad”.
Para la directora de WOLA en Centroamérica, Ana María Méndez Dardón, el principal problema es que la ciudadanía ve a las fuerzas de seguridad como una amenaza y no como una garantía, lo que consideró como un problema, debido a que la ciudadanía tiene temor a represalias, tienen temor al uso excesivo de la fuerza, una situación que se acrecienta con la implementación del estado de excepción aún vigente desde el diciembre.
Además, el organismo internacional, advierte que con la remilitarización de la seguridad ciudadana “Se alimenta así un nuevo círculo vicioso en el cual la ciudadanía se enfrenta tanto a la violencia del crimen organizado como a múltiples violaciones a derechos humanos por parte de militares, debilitando el sistema democrático”.
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DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORES DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE PRINCIPALES VÍCTIMAS
Con el control del sistema penitenciario a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la estigmatización hacia los defensores de derechos humanos fue más evidente, evitando que las organizaciones ingresaran a los centros penitenciarios en el periodo de la transición de mando del Instituto Nacional Penitenciario.
Karen Valladares, coordinadora nacional de Cristosal en Honduras, expresó “hay un perjuicio porque lastimosamente a las y los defensores de derechos humanos se nos criminaliza, porque dicen que estamos defendiendo a criminales”.
Para valladares, con la remilitarización de los centros penitenciarios y de la seguridad ciudadana lo que se está observando es la habilitación del marco Bukele, dejando de lado las causas de los problemas que históricamente se dejaron de atender.
De igual manera, el defensor de derechos humanos, Javier Acevedo, denunció que con este discurso que han adoptado los entes armados del Estado “terminan estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Otro ejemplo claro es la criminalización y estigmatización que sufrió Nolvia Obando, defensora del derecho a la tierra y lideresa campesina, presentada ante la sociedad por parte de la Policía Nacional, como una cabecilla del crimen organizado luego de su captura en un desalojo violento. Obando, aún continúa detenida a la espera de una resolución, dicho proceso ha sido dilatorio.
Además, los defensores del territorio y del medio ambiente han sido fuertemente criminalizados y desalojados de sus territorios a quienes llaman “invasores”, otra palabra recurrente.
Todo el discurso –tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas— para Joaquín Mejía parte de la lógica de crear un enemigo y a ese enemigo se le señala como terrorista, comunista, guerrillero, revoltoso, etc. con el objetivo de “deshumanizarlo y una vez que se le ha quitado humanidad de ese enemigo, entonces tienen vía libre para hacer lo que quieran”, a esto Mejía lo cataloga como “la consecuencia de darles tanto poder a los militares. No es una causa, es simplemente la consecuencia lógica.
