Tegucigalpa, Honduras. – La presidenta Xiomara Castro anunció “medidas drásticas” luego de la muerte violenta de 46 mujeres al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), y entre esas medidas se anunció la ampliación del estado de excepción.
El estado de excepción fue instaurado en Honduras a través del Decreto Presidencial PCM 29-2022, que entró el vigor desde el 6 de diciembre de 2022, mismo que ha sufrido varias ampliaciones.
La ampliación de esta medida coercitiva que suspende garantías constitucionales, fue dada a conocer luego de una reunión de emergencia del Consejo de Defensa y Seguridad. En el comunicado difundido por la Secretaría de Prensa en el numeral tres se lee “El estado de excepción se ampliará a áreas y zonas del territorio nacional, y se extenderá en el tiempo y la vigencia del mismo”.
Además, dos días después del anuncio de las “medidas drásticas”, la presidenta se reunió con el titular de la Secretaría de Defensa y Seguridad, el jefe del Estado Mayor Conjunto, miembros de la Junta de comandantes de las Fuerzas Armadas y comandantes de la Policía Militar del Orden Público, donde firmó dos decretos ejecutivos para el control del sistema penitenciario y la presencia militar en los 18 departamentos del país.
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“OPERACIÓN CANDADO”
Luego del anuncio de las “medidas drásticas”, en el país centroamericano se han registrado una serie de muertes violentas, como la masacre en Choloma, Cortés, al norte de Honduras, que arrebató la vida de 13 personas al interior de un billar.
Con este sangriento hecho, la mandataria hondureña, Xiomara Castro, anunció la operación “Candado Valle de Sula”, a fin de dar con los responsables.
Con esta operación, se instauró un toque de queda en Choloma de 24 horas, bajo múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes. y se anunció para San Pedro Sula, toque de queda a partir del 4 de julio durante 15 días, con la advertencia de ser prorrogables.
Además, a través de un comunicado Secretaría de Defensa y Seguridad, anunció que enviaran al pleno del Congreso Nacional, para tipificar como “terroristas” a los integrantes de estructuras criminales, maras y pandillas –una petición que Juan Orlando Hernández realizó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2020”.
Sin embargo, esta medida de seguridad, que con el paso del tiempo se va asemejando a la política de El Salvador, preocupa a organismos nacionales e internaciones, y defensores de derechos humanos.
Para, Karla Lara, feminista y defensora de derechos humanos, “el problema de este tiempo es el avance de estas ideas asociadas al militarismo, a la represión a la pérdida de garantías y de libertades, pero una apariencia que efectivamente son bien recibidas por la gran mayoría de la población, ese es el peligro”.
Con relación a la tipificación de “terroristas”, Karla Lara, advirtió que esta medida “no persigue realmente a mareros, persigue a la juventud de barrios, a las mujeres, tiene un propósito criminalizador de la pobreza”.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN CUESTIONADO
El estado de excepción se aplicó en diciembre de 2022, medida con la que la presidenta Castro le declaró la guerra al crimen organizado y a la extorsión, sin embargo, de acuerdo con analistas, esta medida ha dado pocos resultados.
Una investigación de Criterio.hn, refiere que el 81% de los capturados, en este periodo de tiempo, fueron liberados, porque no se tuvo las pruebas para incriminarlos.
Mirna Flores, analista en materia de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), los modelos que se están adaptando, como el estado de excepción, “la verdad no ha dado los resultados, pero se sigue implementando”.
De acuerdo con la analista, en seis meses no se ha sentido un impacto “verdadero”, pese a las estadísticas de reducción de homicidios que facilita la Policía Nacional.
Según datos de la Policía Nacional, desde enero al 16 de junio de 2023, se registra una disminución en la ocurrencia de homicidios de un 21% es decir, 364 homicidios menos en comparación al 2022.
Cifras cuestionadas, ya que, de acuerdo con Mirna Flores, “cotidianamente los hondureños vemos masacres, muertes violentas de mujeres, violencia en los espacios públicos, entonces no se percibe que ha mejorado la situación”.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación del informe “Honduras: la lucha contra la corrupción requiere medidas urgentes”, dijo a Criterio.hn, que desde esta organización de defensa de derechos humanos han seguido con preocupación la declaratoria del estado de excepción.
“Estamos convencidos que es posible garantizar la seguridad del pueblo hondureño sin que sea necesario decretar un estado de excepción”, refirió Juanita Goebertus.
Además, señaló que, en el país vecino, El Salvador, han documentado como la declaratoria del estado de excepción “ha generado gravísimas violaciones a los derechos humanos”, ante esto, Goebertus indicó que en Honduras estarán monitoreando dicha implementación.
