Tegucigalpa, Honduras-. La Junta Proponente inhabilitó en la novena reunión, celebrada el jueves 20 de julio, en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cinco abogados que aspiraban a ostentar el cargo de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) para el periodo 2023-2028, luego que no lograran desvirtuar las denuncias interpuestas en su contra.
El que se rumoraba era el ungido del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para ostentar el cargo de fiscal general del MP, Mario Roberto Urquía, quedó inhabilitado después que se analizaran las denuncias interpuestas en su contra.
A Urquía, que se desempeña como asesor legal de la Alcaldía de San Pedro Sula, y es militante del partido Libertad y Refundación (Libre), los proponentes lo marginaron del proceso porque fue presidente de la Junta Nominadora, encargada de la elección de los magistrados de la CSJ, durante el periodo 2023-2030.
En la inhabilitación de Urquía jugó un papel importante el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora, en la que, de acuerdo con la denuncia que interpusieron, él no puede someterse por dos años a cargos que entren en procesos de elección.
Sin embargo, el abogado, a la hora de presentar la denuncia, interpretó mal el artículo que establece literalmente que los miembros titulares y suplentes de la Junta Nominadora no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo en los dos años siguientes a su participación en esa instancia, por lo que el Ministerio Público no figura en ningún poder del Estado.
Entonces, en síntesis, para que la inhabilitación se materializara, el representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, interpretó que en el engranaje de los poderes del Estado figura el MP, aunque dicho artículo no lo mencione literalmente.
Fernández fue apoyado por el representante de las universidades privadas Julio Raudales; el de sociedad civil José Ramón Ávila y la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
Lo paradójico del caso es que Fernández y Raudales pidieron a los representantes de la CSJ ante la Junta Proponente que se limitaran a votar a favor o en contra de inhabilitar a Urquía, bajo el argumento que podrían favorecerlo como parte de una componenda política.
Tras la petición, los magistrados determinaron no participar en la votación, argumentando que no fue por obedecer a la petición de sus compañeros de la Junta, sino que para demostrar que el proceso está siendo llevado de manera transparente y no están respondiendo a ninguna componenda política.
Los otros abogados que fueron inhabilitados son: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes y Omar Bonilla. También existe la posibilidad de dejar del proceso a Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), luego de que la Procuraduría General de la República (PGR), presentara, fuera de tiempo, información en la que supuestamente el Estado lo tiene demandado.
Sin embargo, los proponentes determinaron que, ante la falta de información presentada por la PGR, la resolución del caso de Luis Javier Santos, será notificado en los próximos días.
El resto del proceso continúa con 15 postulantes (serían 16, pero falta la resolución del caso de Luis Javier Santos), quienes en los próximos días se someterán a entrevistas públicas, correspondiente a la última fase del proceso.
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PROCESO DE LA JUNTA PROPONENTE
Los integrantes de la Junta Proponente tienen la función de seleccionar, entre los 21 postulantes que quedan en el proceso, la nómina de los cinco mejores evaluados. Después, tendrán que enviarla al Congreso Nacional para que, en una sesión de segundo grado, elijan al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, para el periodo 2023-2028.
En la primera fase de este proceso, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto.
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes «es puro trámite» porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tenían hasta el viernes 14 de julio para justificar, con evidencias, que no habían sido parte de ninguna irregularidad.
Después siguió la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminaron el sábado 15 de julio, después los postulantes tendrán que presentarse a las entrevistas públicas.
Posteriormente, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
