Tegucigalpa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió esta semana la Resolución de Seguimiento No. 88/2021 mediante la cual decidió mantener las medidas cautelares a favor del núcleo familiar de Berta Cáceres e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La resolución también incluye a miembros del equipo legal, entre ellos el abogado Víctor Fernández, Arnold Guifarro, Carlo Jiménez, el señor A y las señoras B y C, quienes dan «acompañamiento legal a la familia de Berta Cáceres en todos los procesos relacionados con la investigación de su asesinato».
El pronunciamiento compartido por la CIDH, establece que «otorgó medidas cautelares a favor de las personas beneficiarias en las Resolución 8/2016 del 5 de marzo de 2016, y Resolución 16/2016 del 23 de marzo de 2018, al considerar que se encontraban en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
Planteado esto, dejó claro que «requiere al Estado de Honduras continuar adoptando las medidas necesarias para garantizar efectivamente su vida e integridad personal en los términos de las solicitudes» previamente mencionadas.
En su publicación en redes sociales sobre la resolución de seguimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos replicó el párrafo anterior expresando: «El Estado de Honduras debe garantizar la vida e integridad personal de familiares de Berta Cáceres y de las y los integrantes del COPINH».
En el comunicado publicado solicitaron «a las partes remitir información concreta, detallada y actualizada sobre la situación de las personas beneficiarias con miras a continuar evaluando su situación en los términos del artículo 25 del Reglamento».
De igual forma, manifestaron la disposición de la CIDH de visitar Honduras, «previa anuencia del Estado, a fin de verificar la situación de las personas beneficiarias de las presentes medidas cautelares, lo que podría incluir, entre otros, una reunión de trabajo con las partes, y reuniones con las personas beneficiarias, y con las autoridades internas directamente responsables de la implementación de las presentes medidas cautelares».
En el caso del asesinato de la lideresa indígena Lenca, Berta Cáceres, el Ministerio Público reporta a la fecha la condena de ocho personas implicadas en el asesinato de la ambientalista. El último de los cuales fue el gerente de Desarrollo Energéticos SA, Roberto David Castillo Mejía, encontrado culpable a título de coautor del asesinato de la ambientalista, sin embargo, hasta la fecha no se le ha dictado sentencia.
La red que participó en la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» y el posterior crimen contra la lideresa Berta Cáceres continúa siendo desenredada a tropezones por el sistema de justicia de Honduras. Esta semana, el Poder Judicial decretó la apertura del juicio «Fraude Sobre el Gualcarque» con solo 6 de los 16 funcionarios implicados en la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca».
Nota relacionada: Juicio contra Castillo es el inicio del juzgamiento contra autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres: Copinh
Mientras que la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz, y el expolicía, Miguel Arcángel Rosales Izcano. Ambos acusados por los delitos de inutilización de registros y falsificación de documentos públicos destinados a servir como medios de prueba en la investigación del asesinato de la ambientalista y líder indígena, Berta Cáceres.
