_{Los tres partidos mayoritarios llegaron a un acuerdo y este miércoles, mediante nómina, elegirán la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay al menos seis candidatos, de los tres partidos, que deben ser analizados con lupa}

Tegucigalpa.- Después de tres intentos fracasados, las tres fuerzas políticas mayoritarias finalmente llegaron a un acuerdo para elegir a las nuevas magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional se alista para elegir, el 15 de febrero de 2023, a las 15 personas que administrarán e impartirán justicia al más alto nivel.

Estas tres fuerzas políticas, catalogadas como el tripartidismo, anunciaron el 13 de febrero el acuerdo final a través de una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los jefes de  bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento; del Partido Nacional, Tomás Zambrano; y del Partido Liberal, Mario Segura.

Otro elemento que apresuró a las diputadas y diputados, con relación a los consensos, fue el término del período constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2016-2023, que concluyó el 11 de febrero a las 11:59 de la noche del sábado, pero quienes aún continúan en funciones, aunque se argumente que de facto, después de que el presidente del Supremo, Rolando Argueta, emitiera el oficio PCSJ-73-2023, mediante el cual se efectuó una rotación en las salas.

Aunque abogados constitucionalistas argumentan que los magistrados y magistradas deben seguir en su cargos hasta que haya nuevas autoridades electas porque la Constitución así lo establece en el artículo 242 de la Constitución. Mientras Argueta sostiene su vigencia en el cargo y del resto de magistrados en el artículo 16 del Reglamento Interno del Poder Judicial.

Uno de los magistrados, sin embargo, presentó su renuncia ante el Congreso Nacional horas después de la acción ejecutada por Rolando Argueta. Se trata del magistrado liberal Edgardo Cáceres Castellanos, quien, entre el 28 de enero de 2016 y el 11 de febrero de 2023, coordinó la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo.

Inicialmente se mencionó que los otros seis magistrados liberales, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Reina Auxiliadora Hércules Rosa, María Fernanda Castro Mendoza, Alma Consuelo Guzmán García, Rina Auxiliadora Alvarado Moreno y Wilfredo Méndez Romero, también se presentarían al Congreso Nacional a presentar sus dimisiones. No obstante, después del anuncio por parte de las fuerzas políticas, de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia a más tardar el 15 de febrero de 2023, esa posibilidad se disipó y se volvió innecesaria.

LEA: ¿Es o no de facto la Corte Suprema de Justicia del período 2016-2023?

LOS CONSENSOS

La repartición, tras los consensos, es de seis para Libre, cinco para el Partido Nacional y cuatro para el Partido Liberal. Según fuentes cercanas a los tres partidos políticos principales, las nominadas y los nominados serían las siguientes personas: Rebeca Lizette Ráquel Obando (Libre), Sonia Marlina Dubón Villeda (Libre), Mario Rolando Díaz Flores (Libre), José Ricardo Pineda Medina o Francisca Villela Zavala (Libre), Roy Pineda Castro (Libre), Rubenia Esperanza Galeano Barralaga (Libre), Luis Fernando Padilla Castellanos (Nacionalista), Anny Belinda Ochoa Medrano (Nacionalista), Gaudy Alejandra Bustillo Martínez (Nacionalista), Isbela Bustillo Hernández (Nacionalista), Walter Raúl Miranda Sabio (Nacionalista), Odalis Aleyda Nájera Medina (Liberal), Daniel Arturo Sibrián Bueso (Liberal), Wagner Vallecillo Paredes (Liberal) y Milton Danilo Jiménez Puerto (Liberal) .

Con relación a esta nómina que estaría presentando Libertad y Refundación (Libre) a consideración y elección del pleno de legisladores este miércoles, es necesario exponer que incluye variopintos profesionales del derecho.

LOS “LUNARES” DEL PARTIDO LIBERAL

Dentro de los cuatro nominados por el Partido Liberal, hay al menos dos candidatos que se acercan mucho más a los intereses tanto de Libre como del Partido Nacional. Milton Danilo Jiménez Puerto fue canciller durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, y es amigo suyo. Por su lado, Daniel Arturo Sibrián Bueso, de reconocida militancia liberal, pero estrecha cercanía con los círculos de poder más conservadores, ha sido bastante cercano al actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, un aliado acérrimo del expresidente Juan Orlando Hernández, quien se enfrenta a un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres delitos de narcotráfico.

Milton Danilo Jiménez Puerto es recordado por su polémica renuncia como secretario de Relaciones Exteriores, después de que se fue a los golpes con policías, y por otro episodio en el que fue procesado por posesión ilegal de armas, aunque ante la Junta Nominadora comprobó que fue sobreseído por ese delito.

Jiménez Puerto es defensor privado del diputado de Libre Rasel Tomé, quien cuenta con una sentencia firme por haber sido hallado culpable por el delito de abuso de autoridad, y en caso de que llegara a la Sala de lo Penal, podría presionar a jueces de primera instancia con el propósito de absolverlo. Es solo una posibilidad.

Además, como se indicó, es cercano al expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, pero también al presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal. De hecho, cuando Zelaya Rosales asumió el poder del Ejecutivo, tanto Rosenthal como Jiménez Puerto fueron incluidos en el gabinete de Gobierno. El primero como secretario de la Presidencia y segundo como secretario de Relaciones Exteriores y luego como presidente de la Comisión Nacional de Bancos Seguros (CNBS).

Otro candidato polémico es el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián Bueso, quien ha sido señalado por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, como un cómplice de la impunidad a cargo del fiscal general, Óscar Chinchilla, al mando del Ministerio Público. Sibrián Bueso ha trabajado de la mano con Chinchilla durante los últimos trece años.

Entre 2009 y 2013, Óscar Fernando Chinchilla Banegas fue presidente de la Sala de lo Constitucional y Daniel Arturo Sibrián Bueso, secretario. Posteriormente, Chinchilla Banegas lo llamó como su consultor y asistente en el Ministerio Público y, finalmente, en junio de 2018, se convirtió en su fiscal general adjunto después de una irregular reelección.

A Daniel Arturo Sibrián Bueso también se le ha señalado, por parte de Julissa Villanueva (exidrectora de Medicina Forense del Ministerio Público), por engavetar las investigaciones del crimen contra la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía, en un caso en el que las autoridades inicialmente aseguraron que el deceso se produjo a raíz de un suicidio, pero que, a medida que avanzaron las investigaciones, se hallaron indicios de una manipulación de la escena del crimen. El caso permanece sin ser esclarecido.

Milton Danilo Jiménez Puerto y Daniel Arturo Sibrián Bueso, independientemente del bando al que se lleguen a plegar, comparten algo en común. Ambos fueron, desde un inicio, los ungidos por el presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, como lo adelantó Criterio.hn, en el caso de Sibrián Bueso, desde el 19 de noviembre de 2022.

“Sibrián Bueso (actual fiscal general adjunto), según fuentes del Partido Liberal, es uno de los candidatos favoritos del presidente de ese partido, Yani Rosenthal, para integrar el pleno de magistradas y magistrados entre 2023 y 2030”, informó este medio digital desde mediados de noviembre.

Sin embargo, Daniel Arturo Sibrián Bueso representó uno de los cuellos de botella entre Libre y Partido Liberal desde el 25 de enero de 2023, cuando se efectuó el primer intento por elegir la Corte Suprema, pero finalmente, en los últimos días, recibió el visto bueno de la bancada oficialista. Se encamina a llegar al Supremo con la venia de los tres partidos políticos principales.

EL “ROSETHALISMO” Y EL “MELISMO”, MÁS VIVOS QUE NUNCA EN “LIBRE-LIBERALISMO”

Es de todos sabido, además, que Manuel Zelaya Rosales y el fallecido empresario y político del Partido Liberal, Jaime Rosenthal Oliva (padre de Yani Rosenthal) fueron los cerebros detrás de alianzas legislativas, a lo interno de la bancada liberal, a inicios de la década de 2000.

Por ejemplo, cuando se eligió a la Corte Suprema de Justicia del período 2002-2009, existió una alianza de diputados que respondían a los intereses de Zelaya Rosales, Jaime Rosenthal y Carlos Flores Facussé contra una facción leal al presidente legislativo saliente, Rafael Pineda Ponce, y entre ellos se confabularon, con el Partido Nacional, para nominar a las siete personas, afines al Partido Liberal, que resultaron electas el 25 de enero de 2002 como magistrados supremos.

Veinte años después, durante este proceso de nominación y elección, no fue una coincidencia que cuatro de esos exmagistrados y exmagistradas tuvieron aspiraciones y participación directa en el proceso de nominación de la nueva Corte Suprema de Justicia.

DE INTERÉS: ¿Podría la nueva CSJ revertir las sentencias de impunidad que ejecutó su predecesora?

Entre los 184 expedientes que recibió la Junta Nominadora figuraron tres exmagistrados de la Corte del 2002-2009: Sonia Marlina Dubón Villeda, Marco Tulio Barahona Valle y Carlos Enrique Gómez Moreno. Dubón Villeda y Gómez Moreno son afines a Manuel Zelaya Rosales, pero solo la primera fue incluida en la nómina de 45 candidatas y candidatos.

Por si fuera poco, de esos siete magistrados y magistradas liberales que hubo en la Corte Suprema de Justicia del 2002-2009, también resalta la presencia como integrante de la Junta Nominadora por parte de Daisy Rodríguez, una abogada rosenthalista que fungió como magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en el período antes expuesto. En esta ocasión evaluó a tres de sus correligionarios liberales, aunque dos de ellos, Sonia Marlina Dubón Villeda y Carlos Alberto Gómez Moreno, ahora se identifican con Libertad y Refundación.

Otra persona afín al rosenthalismo y al melismo que se convertiría en magistrada de la Corte Suprema de Justicia es Rebeca Lizette Ráquel Obando, una exjueza de poca trascendencia y actual representante del Banco de Occidente, propiedad del recalcitrante líder liberal Jorge Bueso Arias y amigo del fallecido Jaime Rosenthal Oliva.

Además de ello, la atañe su estrecho vínculo de amistad y parentesco por afinidad con la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Su esposo, José Luis Melara, es tío de Juan Carlos Melara, quien está casado con Zoé Zelaya Castro, hija mayor de la presidenta.

A Ráquel Obando, además, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la asoció con el asesinado narcotraficante Wilkin Montalván, y otros medios de comunicación asocian a su hija, Rebeca Melara, y a su esposo, José Luis Melara, con el también narcotraficante Ramón Matta Waldurraga.

Actualmente, su esposo, José Luis Melara y su hijo Rafael Leonardo Melara Ráquel ejercen cargos dentro del gobierno de la presidenta Castro. El primero como director del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y el segundo como secretario general de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas)

Si se continúa hablando acerca de personas cercanas a los íntimos círculos de la familia presidencial, el nombre de Sonia Marlina Dubón Villeda, quien ya fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sale a relucir. Dubón Villeda, pasó de ser una de las postulantes que sacó la calificación mínima de 75% en la prueba de conocimiento jurídico que aplicó la Junta Nominadora, a ser una de las mejor calificadas en la matriz de evaluación.

Su cuñada, Tirza del Carmen Flores Lanza, caracterizada por su intachable independencia judicial como magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, ni siquiera fue considerada por el partido Libertad y Refundación (Libre) dentro de sus nóminas.

Además, una polémica situación relacionada con su exequátur de notariado, que estaba a la espera de reponer, le disminuyó considerablemente su calificación debido a que los claustros de facultades de derecho determinaron no emitir una puntuación dentro de la matriz de evaluación.

Sin embargo, su cuñada, Sonia Marlina Dubón Villeda sí se perfila para ser nuevamente magistrada de la Corte Suprema de Justicia, aunque esta vez sí bajo el umbral de la legalidad. Durante el proceso de nominación y elección de la Corte Suprema de Justicia del 2009-2016, Manuel Zelaya Rosales, desde la titularidad del Ejecutivo y en sus acostumbradas interpretaciones a la Constitución de la República, pretendió reelegirla cuando ni siquiera había sido evaluada por la Junta Nominadora. El objetivo de Zelaya Rosales era que se convirtiera en presidenta del Supremo hondureño.

VEA: Personajes ligados a la corrupción y narcotráfico entre los autopostulados a la Corte

Ahora, con 63 años, se perfila como la posible presidenta de la Corte Suprema o, al menos, como la presidenta de la Sala de lo Constitucional que integró entre 2002 y 2009. En el segundo escenario, a Sonia Marlina Dubón Villeda le correspondería conocer y emitir un fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad que se mantiene activo contra el decreto legislativo 4-2022, conocida como ley de amnistía, o pacto de impunidad, y mediante el cual su esposo, Enrique Flores Lanza, recibió cartas de libertas después de haber sido procesado judicialmente por abuso de autoridad y fraude. Es un evidente conflicto de interés.

LOS “LUNARES” DEL PARTIDO NACIONAL

Por parte del Partido Nacional, los virtuales magistrados más polémicos son Anny Belinda Ochoa Medrano y Luis Fernando Padilla Castellanos.

Ochoa Medrano debido a que recibió ocho denuncias y tachas, aunque logró descargarlas todas ante la Junta Nominadora, y también porque le persiguen las acusaciones de un supuesto fraude cometido en las elecciones de la junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), del cual ella fue presidenta entre 2018 y 2020.

Además, le persigue una denuncia que efectuó en su contra el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, por haber encubierto, en su condición de inspectora general de Tribunales, a los magistrados salientes que dictaron sobreseimientos a los implicados en el caso de corrupción Pandora, mediante el cual se sustrajeron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Los magistrados fueron Lidia Álvarez Sagastume, Edwin Francisco Ortez Cruz, María Fernanda Castro Mendoza y Jorge Alberto Zelaya Zaldaña. Tres de ellos buscaron reelegirse, pero la Junta Nominadora no se los permitió.

El otro cuestionado virtual magistrado, afín al Partido Nacional, es Luis Fernando Padilla Castellanos, quien tuvo un cuestionable actuar como fiscal del Ministerio Público, del cual renunció para convertirse en defensor de los diputados procesados por el Caso Fe de Erratas, Antonio Rivera Callejas y Tomás Zambrano, quienes lideraron los consensos para convertirlo en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así lo advirtió Criterio.hn en un reportaje que publicó el 3 de noviembre de 2022.

En una conversación con Criterio.hn, un representante de la Junta Nominadora informó que se hallaron constantes y considerables movimientos de dinero en las cuentas bancarias de Padilla Castellanos, pero, a pesar de ello, no contaron con los argumentos suficientes para apartarlo del proceso de nominación y elección de la Corte.

ELECCIÓN A LA VISTA

El 15 de febrero de 2023, después de tres intentos fracasados, el Congreso Nacional seleccionará a las y los 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia que actuarán entre 2023 y 2030.

A la elección, que requiere del voto favorable de 86 diputados, llegan con consensos los tres partidos mayoritarios: Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Entre ellos tres alcanzarán 116 votos, en lo que representará una elección histórica, debido a que la última vez los magistrados se eligieron con la voluntad de 86 a 98 votos, en una votación directa y secreta.

Después de que las diputadas y los diputados elijan a las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procederán a juramentarlos. Instalado el pleno, elegirán, con al menos 10 votos, al presidente del Supremo.

Esta persona designará al presidente y los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras tres salas, Penal, Civil y Laboral, se integrarán por un coordinador y dos magistrados o magistradas.