Tegucigalpa.- Hace un año el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández salió de su casa para ser capturado —encadenado de pies y manos— frente a los medios de comunicación en un espectáculo mediático que terminó convenciendo hasta a los más incrédulos.
Juan Orlando Hernández era pedido en extradición a Estados Unidos, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por la supuesta comisión de delitos ligados al tráfico de drogas y armas. A un año de su aprehensión, ya extraditado al país que durante años fue su aliado, es ligado por sus nexos a los Rosenthal.
Así fue argumentado durante la presentación de la audiencia Curcio, realizada ayer martes 14 de febrero, en la que la fiscalía buscaba descalificar a la abogada Sabrina P. Shroff alegando un posible conflicto de interés, debido a que representó a CW1 y CW2, dos testigos protegidos que han testificado en contra de Hernández y sus supuestos coconspiradores. La petición fue desestimada por el Juez Kevin Castel, luego que Hernández afirmó entender los posibles conflictos.
No obstante, el supuesto vínculo entre los Rosenthal y el expresidente de Juan Orlando Hernández fue lo que sobresalió en la documentación que fue presentada al juez Kevin Castel previo a la audiencia, que tuvo una duración de aproximadamente una hora.
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Periodistas que dan seguimiento a los casos de hondureños acusados por narcotráfico señalaron que el documento establece que la Fiscalía espera demostrar mediante evidencia en el juicio, que Hernández recibió sobornos de los Rosenthal y que este además les ayudó a obtener contratos comerciales para lavar dinero.
El corresponsal de Inner City Press, Matthew Lee Russell, hizo alusión en su hilo de tuits que la documentación presentada por el gobierno de los EE. UU. señaló únicamente que los Rosenthal sobornaron a JOH, como también es popularmente conocido el expresidente hondureño.
LA RELACIÓN DE LOS ROSENTHAL CON JOH
Desde medios estadounidenses se señaló que los fiscales afirmaron que el caso de Juan Orlando Hernández es independiente al de los Rosenthal, quienes fueron acusados en 2015 por acciones ligadas al narcotráfico, como el lavado de activos.
Por este caso fueron acusados Jaime Rosenthal, padre e influyente banquero quien falleció en 2019; Yani Rosenthal, político e hijo del primero; y Yankel Rosenthal, sobrino y primo, respectivamente, de los antes mencionados. A Jaime Rosenthal, al momento de la imputación se le abrió un proceso ante la justicia hondureña, motivo por el cual únicamente fueron procesados y sentenciados en EE.UU., Yani y Yankel Rosenthal.
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Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, quien fue candidato a la presidencia de Honduras en 2021, cumplió 22 de los 36 meses de la condena inicialmente establecida, más una multa por 2.5 millones de dólares, por lavado de ganancias del narcotráfico para los Cachiros, organización hondureña dedicada al tráfico de drogas. Previamente, fue diputado por el Partido Liberal al Congreso Nacional entre 2010 a 2014, mientras Juan Orlando Hernández ejercía la presidencia de dicho poder del Estado.
Mientras que Yankel Rosenthal Coello, quien fue ministro de Inversión durante el primer período (2014-2018) de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, fue condenado a 29 meses de prisión, más una multa por 50 mil dólares, tras declararse culpable por intento de lavado de activos.
CASO NARCOPOLÍTICA
En caso que los fiscales estadounidenses estén en lo cierto, las pruebas podrían estar ligadas al caso conocido en Honduras como Narcopolítica. Este fue presentado por la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP), con apoyo técnico de la también fenecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en mayo de 2019
La causa judicial se desliga de las declaraciones realizadas por el exjefe de los Cachiros, Devís Leonel Rivera Maradiaga, quien afirmó ante un juez de EE. UU. que él entró en contacto en 2009 con el entonces candidato por el Partido Nacional, José Porfirio Lobo Sosa, a quien le habría dado dinero para su campaña electoral. De acuerdo a Rivera Maradiaga, Lobo le habría sugerido que a cambio formaran empresas, las cuales una vez ganada la elección se les darían contratos estatales.
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“Para ese fin, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo Sosa nombra en Soptravi como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía; y como Director de Carreteras al señor Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por el señor Devís Leonel Rivera Maradiaga, 21 contratos por un monto total de 68 millones, trescientos veintiséis mil, seiscientos noventa Lempiras (L.68,326,690.55), que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Colón”, leyó el comunicado de la MACCIH el 23 de mayo de 2019.
“EL CEMENTAZO”
En 2013, previo a las elecciones de ese año y siendo Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional con aspiraciones a la presidencia de Honduras, y Yani Rosenthal, quien lideraba la bancada del Partido Liberal, se aprobó desde el Poder Legislativo lo que fue conocido como «El Cementazo».
Este consistió en la aprobación bajo un único debate de una iniciativa que autorizó a la Secretaría de Finanzas a emitir notas de crédito por 1,000 millones de lempiras para la adquisición de cemento que sería utilizado en obras de las cuáles tampoco se desglosó el lugar al que serían destinadas.
Para entender cómo se relaciona este caso, más allá de las aspiraciones a mandatario de Honduras del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, es importante recordar que la familia Rosenthal es propietaria de Cementos del Norte (Cenosa), una de las dos empresas cementeras de Honduras que se verían beneficiadas del polémico decreto legislativo.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HERMANOS HERNÁNDEZ
Pese a estar en desacuerdo, el juicio contra Juan Orlando Hernández continúa consolidado con el de su primo Mauricio Hernández Pineda, y el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, que está fijado para el 18 de septiembre de 2023.
Mientras tanto, Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano de JOH, sentenciado a cadena perpetúa más 30 años de prisión tras ser encontrado culpable por la comisión de delitos ligados al tráfico de drogas y armas, solicitó el 19 de enero de 2023 a través de su actual abogado el nombramiento de un nuevo abogado, para que este transporte un nuevo descubrimiento a “Tony” Hernández en California, informó Inner City Press.
La petición fue respondida con interrogantes por parte del juez Kevin Castel, quien habría preguntado el por qué la petición era realizada a esa Corte, así como por qué un nuevo abogado tendría que revisar un nuevo descubrimiento de material, por qué debe realizarse en el futuro cercano, y finalmente, cuál es el propósito de la revisión y cuál es el volumen del material.
