Magistrados de la CSJ y funcionarios judiciales predominan entre aspirantes tachados por la Coalición contra la Impunidad

Este martes 27 de diciembre de 2022, la Coalición contra la Impunidad tachó a cuatro de los seis magistrados de la CSJ que buscan su reelección y a seis funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial, entre jueces de sentencia y magistrados de cortes de apelaciones, por no ser aptos para llegar a máximo tribunal hondureño

Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn

Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición contra la Impunidad, que aglomera a unas 52 organizaciones de sociedad civil, presentó este martes ante la Junta Nominadora un total de 16 tachas contra 13 postulantes que aspiran a convertirse en candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.

La presentación de estas tachas se efectuó en la fecha límite que establece la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, y, ahora, el órgano ad hoc que trabaja en presentarle al Congreso Nacional una propuesta de 45 candidatas y candidatos a la Corte Suprema de Justicia, deberá celebrar con publicidad audiencias de descargo mediante las cuales los postulantes que han sido tachadas o tachados tendrán derecho a defenderse, y además podrán presentar documentación que desvirtúe la tacha o la denuncia.

Kenia Oliva

Kenia Oliva, abogada del Bufete de Justicia para los Pueblos e integrante de la Coalición contra la Impunidad, detalló que las denuncias y tachas responden a falta de idoneidad, competencia y diligencia, y a falta de independencia judicial en las resoluciones en los casos que involucran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de sentencia o magistrados de cortes de apelaciones de todo el país. 

Con respecto a los expedientes que trasladó la Coalición contra la Impunidad a la Junta Nominadora, encabezan la lista de tachados los tres magistrados de la Sala de lo Constitucional que buscan su reelección, Edwin Francisco Ortez Cruz, Jorge Abilio Serrano Villanueva y Jorge Alberto Zelaya Zaldaña. La magistrada de la Sala de lo Laboral, María Fernanda Castro Mendoza, también está entre los expedientes tachados por la Coalición contra la Impunidad.

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Ortez Cruz, Zelaya Zaldaña y Castro Mendoza, denunciados en el Ministerio Público por el delito de prevaricato, fueron los togados que integraron la Corte de Apelaciones que liberó a los 22 implicados en el Caso Pandora, una red de corrupción identificada por el Ministerio Público y mediante la cual se desviaron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el fin de financiar campañas electorales de algunos políticos del Partido Nacional y del Partido Liberal.

Dicha estructura de corrupción a gran escala fue liderada por la fenecida Hilda Hernández, quien fue hermana del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora procesado por delitos de narcotráfico en una corte federal de Estados Unidos.

Durante este proceso de nominación y elección, seis magistrados y magistradas actuales del máximo órgano jurisdiccional buscan su reelección. Previamente, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa había presentado una tacha contra el magistrado de la Sala de lo Penal, Rafael Bustillo Romero, por su implicación en la criminalización de los defensores del río Guapinol, en Tocoa, Colón.

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El único magistrado que no ha sido tachado es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Edgardo Cáceres Castellanos, quien aspira a un tercer período constitucional en la Corte Suprema hondureña.

MAYORÍA CONOCEN EL SISTEMA JUDICIAL

Dentro del legajo de tachas que presentó este martes la Coalición contra la Impunidad es destacable que, además de los cuatro magistrados de la máxima corte, otros seis se han desempeñado como jueces o magistrados dentro del escalafón del Poder Judicial.

Miriam Suyapa Barahona Rodríguez

Aunque Miriam Suyapa Barahona Rodríguez se desempeña actualmente como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Hermes Omar Moncada Moncada como comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). La primera fue magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán y el segundo fue magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara.

Hermes Omar Moncada, según fuentes consultadas por Criterio.hn, es uno de los amigos más cercanos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

Durante el proceso de nominación y elección de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al período 2016-2023, Barahona Rodríguez había sido incluida por la Junta Nominadora en la lista de 45 candidatos y candidatas, pero no resultó electa entre las 15 personas que actualmente ocupan las magistraturas del Supremo hondureño. Por su parte, a Moncada la Junta de Proponentes, encabezada por su amigo personal Rolando Argueta, lo incluyó en el listado de cinco candidatos finales al cargo de fiscal general del período 2018-2023, pero, en medio de irregularidades, Óscar Chinchilla resultó reelecto por el Congreso Nacional.  

Además de estas personas, aparece tachada la también magistrada del TJE, Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, quien había sido señalada semanas atrás en un informe de Consejo Nacional de Anticorrupción (CNA) como una abogada de actos reñidos con la ley. Bustillo Martínez, cercana a la cúpula del Partido Nacional, precedió a Hermes Omar Moncada como comisionada del IAIP.

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Otros actuales funcionarios judiciales que fueron tachados por la Coalición contra la Impunidad son Ingrid Ebelinda Monzón López (magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán), Marlene Suyapa Pérez Valle (magistrada de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida), Garín Enoc Urquía Castro (magistrado de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida) y Nelson Omar Madrid Chinchilla (juez de letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés).

Los únicos dos postulantes tachados por la Coalición contra la Impunidad que no son parte de la judicatura son el excanciller de la República, Milton Danilo Jiménez Puerto, y el exdiputado suplente del Partido Nacional, Miguel Fernando Ruíz Rápalo.

JUNTA NOMINADORA OBLIGADA A RESOLVER

Hasta el 27 de diciembre de 2022, último día de recepción de denuncias y tachas, habían sido presentadas 98 delaciones contra las y los 101 postulantes que están activos, aunque, según aclaró la Junta Nominadora, ese número no corresponde al de postulantes, tomando en cuenta que algunos de ellos han sido denunciados y tachados en más de una ocasión.

Olban Valladares

En entrevista con Criterio.hn, el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante la Junta Nominadora, Olban Valladares, prometió que las audiencias de descargo se realizarán con publicidad. “Ahí en las audiencias de descargo es que se conocerá el destino de estas personas postulantes. Las audiencias de descargo serán públicas, aunque también dependerá de los cargos que se estén presentando, eso todavía no lo hemos definido de forma colegiada. Sin embargo, lo más probable es que sí sean públicas”.

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Por su lado, el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, llamó a la Junta Nominadora a admitir todas las denuncias y tachas que estén documentadas, y a darle a las personas tachadas la oportunidad de presentar la información que refute lo contenido en las tachas o denuncias.

Carlos Sierra

“La Junta Nominadora está obligada a deliberar sobre cada una de ellas, valorar la documentación y en los casos que se indica que hay información que se debe buscar en instituciones, deberá hacerlo. No puede venir a descartar la Junta y decir que son chismes o cosas sin sustento”, dijo Sierra a Criterio.hn.

¿QUÉ SIGUE?

Después de que termine la etapa de denuncias y tachas, los nominadores procederán a realizar las entrevistas públicas a las personas postulantes que continúen activas en el proceso y a aplicar la matriz de evaluación técnica. A raíz de ello, se elaborará un listado mínimo de 45 candidatas y candidatos, que se remitirá al Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023.

Allí en el Legislativo, con al menos 86 votos, los diputados y las diputadas seleccionarán a las 15 personas que desempeñarán en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030. A designación de quien resulte presidente de la Corte, la Sala Constitucional estará conformada por cinco magistradas y magistrados, mientras que el resto de los tribunales, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, se integrarán por tres togadas y togados, cada uno.

LOS 13 TACHADOS POR LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

  1. Miriam Suyapa Barahona Rodríguez – Magistrada del TJE
  2. Jorge Alberto Zelaya Zaldaña – Magistrado de la CSJ
  3. Jorge Abilio Serrano Villanueva – Magistrado de la CSJ
  4. María Fernanda Castro Mendoza – Magistrada de la CSJ
  5. Edwin Francisco Ortez Cruz – Magistrado de la CSJ
  6. Hermes Omar Moncada – Comisionado del IAIP
  7. Milton Danilo Jiménez Puerto
  8. Garín Enoc Urquía Castro – Funcionario judicial
  9. Miguel Fernando Ruíz Rápalo
  10. Gaudy Alejandra Bustillo Martínez – Magistrada del TJE.
  11. Ingrid Ebelinda Monzón López – Funcionaria judicial
  12. Marlene Suyapa Pérez Valle – Funcionaria judicial
  13. Nelson Omar Madrid Chinchilla – Funcionario judicial
  • Luis Escalante
    Me gusta esculcar en los portales de transparencia y, con base en información pública, realizar periodismo de datos. Siempre releo mis textos y me pregunto qué opinan los lectores acerca de mi trabajo. Si me preguntasen cómo definir nuestra labor, respondería que los periodistas tenemos la obligación de visibilizar lo que otros pretenden ocultar, y que para eso estoy acá. Ver todas las entradas

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