Aunque Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, descalifique a quienes cuestionen las polémicas estrategias en materia de seguridad que está impulsando el gobierno, en la práctica durante su mandato legislativo no ha contribuido mucho, manteniendo archivadas leyes vitales para combatir la criminalidad de manera eficaz
Tegucigalpa, Honduras – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, descalificó y catalogó como criminales a quienes critiquen, cuestionen y no respalden las estrategias de seguridad del gobierno, contempladas en el Plan Solución Contra el Crimen.
“El pueblo no debe escuchar a aquellos que se oponen, porque solo podrían oponerse quienes tienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, las maras y pandillas, y el lavado de activos”, escribió el presidente del Poder Legislativo en su cuenta de X (antes Twitter).
Redondo, quien logró la presidencia del Congreso de la mano del Partido Salvador de Honduras (PSH), respaldado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), publicó estas declaraciones en el contexto de la captura de Mario José “Cubeta” Cálix Hernández, el pasado 21 de junio, atribuyéndose al estado de excepción y otras estrategias en materia de seguridad aprobadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
“Esta acción y otras no hubiesen sido posibles sin la aprobación de la suspensión de garantías constitucionales, establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99. Agradezco a los congresistas que están a favor de la seguridad del pueblo”, continúa parte del texto escrito por Redondo.
Sin embargo, aunque Redondo atribuya esta captura al estado de excepción, medida por la cual están suspendidas varias garantías constitucionales, para efectuarla no se tuvo que hacer uso de estas facultades, ya que “Cubeta” Calix, primo del precandidato presidencial del Partido Liberal Jorge Calix, hace cinco años estaba prófugo de la justicia y es solicitado en extradición por Estados Unidos. Es decir, ya había una orden judicial en su contra.
“Condenamos las perversas aseveraciones de algunos sectores opositores afines a los criminales, que han dicho que ‘se estaba avisando a los criminales que estaban siendo buscados para que estos se escaparan’«, reiteró Redondo.
Ligia Ramos, diputada independiente, calificó las aseveraciones de Luis Redondo como irresponsables y cuestionó su falta de objetividad al vincular a quienes se oponen al estado de excepción y otras estrategias contra la criminalidad con el crimen organizado y el narcotráfico.
«Me parece que el presidente del Congreso es totalmente irresponsable al hacer esas aseveraciones y encaminarnos a todos (los que cuestionamos) como si fuéramos parte del crimen organizado o narcotráfico. Es una falta de respeto y no puede hablar en nombre de todo el Poder Legislativo», opinó Ramos en pláticas con este medio de comunicación.
Ramos, quien en varias ocasiones ha cuestionado los resultados del estado de excepción, sostiene su postura en contra de esta medida que está próxima a vencer su última prórroga, argumentando que no ha logrado contener la incidencia delictiva, pero sí se ha registrado un incremento en la violación de los derechos humanos.
«Este último mes ha empeorado la situación; solo en junio se reportó la desaparición de más de 25 personas bajo circunstancias alarmantes y también han aumentado las denuncias por violación de los derechos humanos. Yo no defiendo criminales, lo que exijo es que se respete el debido proceso. Esto está ocurriendo durante el estado de excepción que están impulsando sin fundamentos», detalló.
Lo expuesto por Ramos coincide con la realidad. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), hasta junio de 2024, se reportaron 200 personas desaparecidas, y en algunos casos, como recientemente pasó con cinco jóvenes capitalinos, se han encontrado cuerpos asesinados, ejecutados por miembros de la Pandilla Barrio 18.
Además, según datos recopilados por Criterio.hn, tanto el Ministerio Público (MP) como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) han recibido más de 400 denuncias contra policías y militares por abusos de poder y violaciones de derechos humanos, amparándose en las facultades que les otorga el estado de excepción.
«Definitivamente no se puede confiar en la Policía, que tiene antecedentes históricos en los que se ha vinculado con el crimen organizado y perpetúa crímenes. Personalmente solicité al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, investigar delitos cometidos por policías durante el estado de excepción, pero la respuesta fue minimizarlos, lo que para mí no genera ninguna confianza», cuestionó.
Puede leer: Combate a la extorsión ha sido afectada por crisis en el Congreso Nacional
MISMO DISCURSO, PERO SIN EFECTIVIDAD
Luis Redondo, al parecer, adoptó el discurso que están manejando los jerarcas policiales y el cual ha sido objeto de cuestionamientos por ser contradictorio e ineficiente, de hecho, se están ofreciendo recompensas a cambio de capturas de presuntos criminales.
Un antecedente que evidencia la inefectividad de esta estrategia es el caso del alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristhian Castillo, a quien la Policía anunció públicamente en abril de este año que estaban buscándolo, ofreciendo 350 mil lempiras como incentivo por información que llevara a su captura. Sin embargo, hasta la fecha no han logrado encontrarlo.
El titular del Legislativo además fue claro al mencionar que en las próximas sesiones propondrá reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para ejecutar las acciones aprobadas en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Afirmó que siempre ha estado a favor de emprender una lucha contra la criminalidad.
“Estamos fortaleciendo y trabajando para establecer una agenda de seguridad para la población, así como para aprobar un paquete de reformas y leyes necesarias que fortalezcan la implementación del plan Solución Contra el Crimen en beneficio de la seguridad en todo nuestro país”, precisó.
Lo paradójico del caso es que lo expuesto por Redondo no coincide con los antecedentes que arrastra como titular del Legislativo. Durante su presidencia, el Congreso ha mantenido archivadas, por ejemplo, la Ley de Colaboración Eficaz, la Ley de Protección de Usuarios de Comunicaciones y otras que son esenciales para erradicar la gobernanza de criminalidad que mantienen las agrupaciones criminales en el país. A criterio del abogado Raúl Pineda Alvarado, la postura de Luis Redondo es una copia de anteriores autoridades, similar precisamente a lo que planteaba el expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente privado de libertad en Estados Unidos por narcotráfico. En sus discursos, Hernández criminalizaba a todos los que se oponían a sus estrategias.
«La postura del señor Luis Redondo es una copia política de lo que planteaba el expresidente Hernández: quien se opusiera a sus medidas era tildado de detractor o criminal. Es más, de lo mismo con los mismos resultados; dentro de unos meses veremos que, aunque anuncien mayor rigurosidad, los resultados serán los mismos que en gobiernos anteriores», opinó Alvarado.
Alvarado aseguró que para Luis Redondo será una tarea difícil, o casi imposible, buscar consensos entre las bancadas políticas para conseguir los votos necesarios para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Lo anterior, según el abogado, se debe al mal liderazgo de Redondo en el Legislativo, que conllevó, en 2023, a varios meses de paralización debido a la falta de consensos para elegir a las autoridades de la Fiscalía.
“Ningún Congreso en la historia de Honduras ha sido tan mal dirigido ni tan mal liderado como el actual, donde parece que los políticos están desconectados y totalmente alejados de la realidad. Los anteriores fueron malos, pero el presidente conseguía los consensos para impulsar el gobierno de turno. Veremos si Luis Redondo tiene esa capacidad”, mencionó.
Durante poco más de cuatro meses, en 2023, el Congreso Nacional dejó de sesionar debido a que el candidato del oficialismo para fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, no obtuvo los votos necesarios para ser nombrado en propiedad.
En lugar de esto, esperaron al cierre de la legislatura para nombrarlo de manera interina, lo cual fue catalogado como una estrategia para concentrar el poder.
En 2024, después de acuerdos entre los partidos mayoritarios, el Congreso Nacional ratificó a Johel Zelaya y nombró a Marcio Cabañas Cadillo como adjunto.
Criterio.hn intentó comunicarse con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que conociera los cuestionamientos que suscitó su postura radical y profundizara en el motivo detrás de la misma, pero hasta la publicación de este artículo no ha respondido a los mensajes.
