Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Julio Gutiérrez, hermano de la vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, fue beneficiado en las últimas horas por la justicia al retirársele el arresto domiciliario que pesaba en su contra por los delitos de falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos y fraude en perjuicio de la administración y la salud pública.
La eliminación del arresto consta en una resolución enviada a la Policía Nacional por parte del juez que lleva la causa.
«Con instrucciones de este despacho de justicia, sírvase ordenar a quien corresponda dejar sin valor y efecto la orden de arresto domiciliario vigilado, librado por esta judicatura en fecha tres de julio del año dos mil quince en contra del imputado Julio César Gutiérrez Arévalo», dice el documento con fecha de 20 de mayo.
Arévalo, quien es miembro de una poderosa familia ligada al gobernante Partido Nacional y a las castas económicas de Honduras, es participe del escandaloso fraude cometido contra el Estado de Honduras a través de la empresa Astropharma y en el que también se involucró a su padre el reconocido empresario, Marco Tulio Gutiérrez y a sus hermanas Lena y Ginette Gutiérrez.
Se supone que la decisión del juez se adoptó luego que Julio Gutiérrez pagó una fianza de 20 millones de lempiras.
Gutiérrez era hasta antes de ser acusado, el presidente del club deportivo Motagua, cargo del que fue separado inmediatamente.
Gracias al pago de fianzas, la familia Gutiérrez se ha ido librando poco a poco de la justicia hondureña, a tal grado que de momento solo Marco Tulio Gutiérrez está sometido a arresto domiciliario, ya que el año pasado tanto Lena como Ginette, fueron libradas del arresto domiciliario.
El Ministerio Público acusó a la familia Gutiérrez de confabularse junto a funcionarios y otras personas para cometer los delitos contra la salud pública, a través de la farmacéutica Astropharma.
El Ministerio Público ha acusado a Astropharma de vender ácido acetilsalicílico (conocido como aspirina) en mal estado. Además por el supuesto uso de registros sanitarios presuntamente adulterados.
