Por: Nancy Cruz García

Ilustración: Guillermo Burgos

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Tegucigalpa. – Las mujeres de Honduras siguen siendo sometidas a una violencia sistemática y estructural que no distingue clases sociales y que sigue afectando la participación política y por ende la representación en cargos de elección popular.

En noviembre de 2018 una delegación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció que pese a “algunos avances”, el país sigue siendo “machista”. “Las mujeres son víctimas de una violencia generalizada y de la desigualdad y sufren falta de representación política”, refirió la comisión, que hizo una radiografía de la situación de la mujer hondureña.

Las limitaciones de las mujeres persisten pese a que existen herramientas legales, como el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales, aprobado en el 2016, que garantiza mayor participación de las mujeres, sin embrago, la paridad sigue siendo un derecho obstruido por los espacios masculinizados, combinada con una ausencia de Estado.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina refleja esta realidad abrumadora con datos que colocan a Honduras como uno de los países que no alcanza ni el 20 % de representación de mujeres en el Poder Legislativo y en el caso de las corporaciones municipales o alcaldías, apenas llegan a ocupar un 7.2 %.

La violencia contra las mujeres en la política se manifiesta a través de la violencia física, psicológica, económica, sexual y simbólica, con el fin de evitar ejerzan sus derechos políticos. Los principales agresores suelen ser los miembros de los partidos. Atacadas, además por los medios de comunicación, redes sociales y señaladas en el hogar, por lo que no solo se deduce a la esfera pública sino privada.

Un ejemplo de ello, son las declaraciones emitidas por el diputado Liberal, Darío Banegas, cuando en el Congreso Nacional se aprobó el 50 % de la participación de las mujeres de manera gradual. Según Banegas, lo aprobado era “inconstitucional”, alegando que la repartición entre cargos era un mal precedente, porque en el futuro otras poblaciones, como los pueblos originarios e integrantes de la comunidad LGBTIQ + exigirían participación igualitaria.

De manera similar, el veterano y el conservador diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, señaló que la alternancia y paridad eran inconstitucionales, ya que en Honduras todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Con las mismas palabras de Banegas, Soto, dijo que los grupos étnicos y “grupos sexuales diferentes” iban a solicitar una cuota en el Congreso.

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¿Se cumple lo establecido en los estatutos?

A pesar de que los estatutos de los partidos garantizan una política de equidad de género la realidad que viven las mujeres se visualiza de otra manera. En el caso del Partido Libertad y Refundación, en su artículo 75 se condena la existencia de condiciones estructurales y patrones patriarcales que discriminen y subordinen a las mujeres y se compromete al desarrollo de una política de igualdad de oportunidades.

Los estatutos del Partido Nacional, en su artículo 85, señalan que se debe garantizar que el principio de paridad se implemente con igualdad de oportunidad para las mujeres, mediante el uso correcto del 10 % de la deuda política asignada para la formación y promoción de las mujeres.

El Partido Liberal, en el artículo 89, numeral dos, indica que la Secretaría de la Mujer debe luchar porque sean efectivos los derechos políticos de la mujer, propiciando una verdadera igualdad de oportunidades en las estructuras del partido y las opciones para cargos públicos de importancia.

Si bien los partidos garantizan la existencia de instancias como las secretarias de las mujeres, los deberes que acuñan a éstas, recaen principalmente en ellas, aduciendo que es un mandato que deben cumplir únicamente las mujeres sin tomar en cuenta el ambiente masculinizado al que están sujetas.

Otras instancias como la Comisión de Género del Congreso Nacional y el Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Honduras luchan por una mayor participación política de las mujeres y se incluya en las leyes la paridad y alternancia para una participación igualitaria. A pesar de no ser instancias encargadas de recibir denuncias por violencia política las han recibido, pero han decidido remitirlas a la Fiscalía Especial de la Mujer u otras organizaciones de mujeres.

Criterio.hn solicitó a la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público la cantidad de denuncias presentadas en esa institución desde 2017 hasta la fecha por violencia y acoso sexual por parte de las mujeres en el ámbito de la política, pero no recibió respuesta.

La misma petición se realizó a los partidos políticos mayoritarios. El Partido Liberal contestó que no existe ninguna denuncia por violencia sexual o acoso, el Partido Nacional no contestó la solicitud y en conversación con una de las representantes del Tribunal de Honor del Partido Libre, que prefirió el anonimato, indicó que en el período de 2017 hasta la fecha solo se conoce un caso de violencia contra una de las integrantes del partido.

Estructuras patriarcales

Para una precandidata a diputada por el movimiento Somos+ del Partido Libre, a quien llamaremos Sofía, su partido permite la apertura a la participación política de la mujer desde la parte organizacional, pero con algunas desigualdades patriarcales, como el presupuesto, tiempo y violencia.

Sofía considera que a nivel general se ha avanzado, sin embargo, sigue observando la existencia de dimensiones estructurales patriarcales que impiden el desarrollo pleno de las mujeres en la política partidaria.

La joven rememora un episodio violento que vivió por parte de uno de los candidatos a diputados, que en ese momento también era legislador. El candidato, un comunicador social, le ofreció ir a su programa a cambio de “dormir calentito” esa noche. Inmediatamente, Sofía colgó la llamada porque en ningún momento ella solicitó ir al espacio y menos tenía una relación cercana con el diputado.

Para Sofía, los principales obstáculos que enfrentan las mujeres de cara al proceso electoral van desde la violencia estructural, presupuesto, el abordaje de los medios de comunicación, la formación política, el acoso, la violación sexual y el tiempo.

“Creo que en ningún campo como en la política electoral se manifiesta el machismo y el patriarcado”, concluye Sofía.

La diputada del partido Libre, Olivia Zúniga, considera que todas las mujeres que han decidido incursionar en la política, desde cualquier partido, han sido víctimas de violencia de género, por el hecho de ser mujeres, situación que se refleja cuando no les permiten hablar y cuando se les quiere enseñar la forma correcta de hacer política o quererlas “asesorar”.

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En las elecciones pasadas el temor se apoderó de las mujeres para decidir lanzar sus candidaturas y aunque lograron tener una cantidad considerable en el proceso electoral, fueron muy pocas las que consiguieron ser electas. Prueba de ello es que de las 30 diputaciones de la bancada de Libre solo siete mujeres son diputadas propietarias. “No llegamos ni a la mitad”, dice la hija de la extinta ambientalista, Berta Cáceres.

Olivia, quien denunció públicamente a su expareja en el 2018 por sufrir violencia doméstica, aunque este tipo de violencia se dio en la esfera privada, el agresor es militante de un partido político. “Hay algo que le corresponde al partido y es la violencia política que se ejerce en contra nuestra, independientemente si es nuestra pareja o no”, dice la congresista. Olivia escuchaba constantemente como el agresor le decía que gracias a él había ganado la diputación, dudando de las capacidades de ella y señalando que parte de ese logro era por haberse acostado con otros hombres. “Es no es solo violencia psicológica también es política”, sostiene.

Después que ella decidió denunciarlo, el agresor seguía atacando y ridiculizando a las mujeres feministas por el apoyo brindado a su expareja. Cuando se separó, la violencia política acrecentó a tal punto que desde su posición de poder la seguía desprestigiando. Para Zúniga, las mujeres que ejercen la política desde el partido Libre no solo deben enfrentarse “al ataque mediático, a la censura de la oligarquía y de la narcodictadura”, sino que a las estructuras del mismo partido.

Respecto a las sanciones realizadas por el Tribunal de Honor de su partido, la diputada comenta que desconoce si existen sanciones ya que públicamente no se han hecho. Para ella, parte de la justicia política es hacer públicas las denuncias, porque combatiendo la impunidad es como se logra equidad y un enfoque de género adecuado. “Para combatir el machismo que está dentro del partido se debe combatir la impunidad”, recalca.

De cara a un nuevo proceso electoral, las mujeres no cuentan con los recursos económicos necesarios, además que se deben enfrentar a una cultura política asistencialista y clientelista que los hombres del bipartidismo han instaurado en la mente de la población, sumado al miedo por la estigmatización que viven las mujeres, dice Olivia.

Violencia desde el Congreso

La diputada suplente del Partido Liberal, Karla Medal, estima que la probabilidad de que una mujer salga electa en un partido, como el Liberal, es apenas el 24 %. “Esto significa que el Partido Liberal tiene un gran reto en cuanto al empoderamiento de las mujeres para que participemos en política”, dice.

“He sido víctima de violencia política a lo interno del Congreso Nacional”, manifiesta Medal, al dejar plasmado que esta situación se ha dado en varias ocasiones cuando se le niega el uso de la palabra, específicamente por exponer sus posiciones en contra de la corrupción.

Medal cree que la principal violencia u obstáculo a la que se enfrentan las mujeres, cerca del nuevo proceso electoral, es que los partidos políticos no han utilizado el porcentaje de la deuda política asignado a las secretarías de la mujer, para empoderarlas. Sumado a ello, el poco acceso a educación de calidad que tiene la mayoría de las mujeres en el país, por la mala asignación presupuestaria que hay desde el Congreso Nacional.

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De igual manera, la diputada suplente el Partido Liberal, Lizzeth Betancourt, dice que el ambiente dentro de su partido es difícil, ya que tener un espacio entre tantos hombres— acostumbrados a imponerse en todos los ambientes, por haber crecido en el patriarcado, con roles establecidos, asignándole a la mujer las actividades domésticas—es complicado para ellas alcanzar cuotas de poder.

Las diputadas Medal y Betancourt desconocen si dentro de su partido han existido sanciones contra agresores.

La Secretaria de Asuntos Femeninos del Partido Liberal, María Teresa Álvarez, resalta que el ambiente para una mujer que decide incursionar en la política es excesivamente complicado, ya que como mujeres tienen reducido acceso a candidaturas. Asimismo, por el rol que se les ha asignado en la sociedad, tanto en las áreas rurales como urbanas.  “La mujer necesita generalmente el “permiso” de la figura masculina de su hogar. Siempre queda la pregunta de quién cuidará al hogar y la familia si la mujer no está permanentemente presente, ya que por lo general el hombre no se ocupará de esos menesteres”, subraya. 

Criterio.hn solicitó en reiteradas ocasiones entrevistas a las diputadas del Partido Nacional, Waleska Zelaya y Sara Medina, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Discriminación por edad y género

La diputada del PINU-SD, Doris Gutiérrez, dice que ha sido víctima de discriminación por su edad, por su género y su ideología.

Gutiérrez señala que la violencia contra las mujeres en el Congreso Nacional se da a diario y que esta violencia se manifiesta cuando les niegan el derecho a participar, las sacan de las comisiones y cuando en los partidos los hombres quieren que las mujeres se encarguen de arreglar todo, mientras ellos gozan de sus privilegios, aduciendo que no hay muchas mujeres que participen en la política porque los esposos se enojan y que no cuentan con los recursos económicos.

“Hay violencia que llega a límites más fuertes, ejemplo de ello, es exigirle a una mujer que renuncie a su cargo para dárselo a un hombre, aun habiendo la mujer ganado”, dice.

Las mujeres indígenas son invisibilizadas

Para Eva Sánchez, coordinadora de la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas, las indígenas, lencas casi nunca están en los puestos de tomas de decisión, debido a que solo son utilizadas de relleno por casi todos los partidos políticos. Los partidos suelen recurrir a las mujeres cuando necesitan que vayan de regidoras, en puestos muy bajos, con el fin de que no queden en cargos, dice Eva.

“Para participar en política lamentablemente hay que tener dinero para movilizarse a las comunidades y la mayoría de las mujeres no cuentan con recursos económicos”, explica. Eva sostiene que esta es una de las desventajas, seguido de la falta de capacitación en temas políticos, porque la sociedad las ha relegado únicamente a conocer los trabajos del hogar, no participar en reuniones y a la crianza de hijos e hijas. Ejemplo de ello, dice Eva, es que, en el municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, ninguna mujer indígena ha sido alcaldesa o regidora, y en el caso del municipio de Intibucá las mujeres, que han llegado a los puestos, pertenecen a la zonas urbanas y no rurales, lo cual también es una desventaja.

Otro de los obstáculos a los que deben enfrentarse las mujeres, es el acoso que viven dentro de los partidos políticos. Para ellas ha sido difícil denunciar ese tipo de situaciones porque es algo complicado de comprobar y cuando los jueces declaran inocentes a sus agresores, ellos acusan a las mujeres por difamación y ante esa respuesta de justicia las mujeres prefieren quedarse calladas.

Para las mujeres alcaldesas, a pesar de superar los retos de incursionar en la política, siempre se les señala y se les relaciona la vida social con la privada.

Eva concluye, que en reiteradas veces los partidos políticos mencionan que están las oportunidades para las mujeres, pero cuando se trata de hacer reformas y se exige que se aumente la cuota de participación y de manera alterna, todo cambia. “La voluntad política solo es de palabra, a la hora de ejercer y tomar en serio los derechos de las mujeres, nunca hacen nada”. Señala que ningún hombre acusado de violentar los derechos de las mujeres debería formar parte de las planillas ni ser autoridad partidaria. “Los hombres que dejan la responsabilidad de sus hijos e hijas a cargo de la madre tampoco deberían participar en política”, agrega.

Para Honorina Rodríguez, del Centro de Estudios la Mujer-Honduras (CEM-H), una de las causas que provoca que las mujeres de las instituciones partidarias no denuncien, es el sistema patriarcal que propicia las relaciones desiguales y que se traduce en el miedo a ser juzgadas y a enfrentarse a los poderes de los hombres.

Los abusos a los que son sujetas las mujeres en los partidos van desde la violencia psicológica hasta la violencia política. “Desde el momento que a las mujeres se les exige capacidades, ganarse un espacio, ya es una violencia, porque a los hombres no se le pide ningún requisito, ni siquiera profesional para participar en un cargo de elección popular”, cuestiona.

Honorina precisa que el ambiente al que son sujetas las mujeres que desean participar en cargos de elección popular en los partidos mayoritarios es complejo, ya que se deben enfrentar a la falta de recursos económicos, a la obediencia de la línea política partidaria y a aceptar otras situaciones no deseadas

Otra de las limitantes señalada por la defensora de los derechos de la mujer, es que los partidos políticos tampoco capacitan a las mujeres para fortalecer o promover su participación política.

Atraso en normativas jurídicas

En América Latina, Bolivia cuenta con un marco jurídico y normativo que tipifica y sanciona la violencia contra la mujer en la política partidaria. Como parte de los delitos electorales se reconocen las figuras de acoso y violencia política

De igual importancia, El Salvador incorporó en sus leyes, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que abarca los espacios políticos de participación de las mujeres; Argentina, cuenta con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la cual define la violencia institucional ejercida desde las instituciones partidarias y México posee la Constitución Política de la Ciudad que reconoce la violencia política contra las mujeres.

Las diputadas entrevistadas destacan la importancia y urgencia de incluir en la normativa electoral la tipificación de estos delitos para el ejercicio pleno de sus derechos.

Sin duda alguna, existen avances en la participación política de las mujeres, pero también el ambiente violento es una realidad que condiciona la misma. Dinámicas patriarcales como la intimidación, la toma repentina del mando, el uso expansivo del espacio físico, la materialización de la mujer y la descalificación obligan a las mujeres a guardar silencio y no denunciar a sus agresores y más cuando los entes encargados de castigar a lo interno de los partidos no sancionan y en muchos casos colocan a los agresores como víctimas y no victimarios.

De tal manera, que cerca de celebrarse un nuevo proceso electoral las mujeres se encuentran en espacios violentos, sin garantías de alcanzar la paridad, ni acceder a los recursos que por ley les corresponden, violando así lo establecido en la declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el derecho que tiene toda persona de participar en procesos electivos con garantía de condiciones.