Por: Carlos Zelaya Herrera
Mientras Estados Unidos anunció la operación «Faithful Patriot», con un despliegue de cinco mil 200 militares en la frontera con México, en Honduras se reanudaba el diálogo político pos crisis electoral y el Congreso Nacional concretó el arribo de una misión de expertos electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, para impulsar las enmiendas electorales que necesita el país.
El lunes el Departamento de Seguridad Nacional y del de Defensa, informaron que la operación incluye helicópteros Blackhawk, agentes migratorios especializados y equipos de vigilancia remota nocturna.
Los militares cooperarán con más de mil agentes del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y con 2.100 miembros de la Guardia Nacional, ya distribuidos en 26 puntos de paso fronterizos.
Cualquier persona que entre al país sin documentos será detenida y procesada por las leyes de Estados Unidos, advirtió el jerarca militar.
Mientras Washington alertaba a los pueblos al sur del río Bravo a no migrar a su país, 120 horas después en Tegucigalpa, a miles de kilómetros de distancia, la cámara legislativa recibía a una delegación de la OEA con expertos en temas electorales con lo que busca desactivar la crisis política de 2017 y preparar el terreno para el 2021.
La misión está compuesta por Cristóbal Fernández, jefe de la Sección de Cooperación técnica Electoral; Gerardo Sánchez, especialista; Rodrigo Morales, coordinador del grupo experto y los consultores Rebecca Cox, María Antonia Quiroz, Salvador Romero y Rotsay Rosales, entendidos en temas electorales.
El equipo de expertos evaluará la legislación nacional vigente al amparo de observaciones y recomendaciones de la misión de observación electoral de la OEA, para las elecciones generales de 2017.
La misión hablará con autoridades del Congreso, partidos políticos, mandos de gobierno, oenegés de sociedad civil y académicos para ver visiones e intercambiar opiniones de las enmiendas electorales.
Entre las enmiendas figuran la 2da vuelta electoral, voto electrónico, reorganización del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas; reelección presidencial o el rechazo a la misma, entre otras.
Pese a las proyecciones el país arrastra un cúmulo de demandas sociales como la reforma agraria, privatización educativa, salud, empleo, ingreso, tributos y producción nacional.
A esto se añaden el desplazamiento de miles de migrantes sin documentos; la presión de Estados Unidos por detener ese flujo a pocos días de elecciones intermedias, el tono militar del inquilino de la Casa Blanca y la aún insoluble crisis pos electoral de Honduras, que catapultó la actual coyuntura que vive el país.
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Se agregan elementos como la posible suspensión del derecho de ciudadanía estadounidense a nacidos en su territorio de padres inmigrantes sin documentos; el encierro y separación de familias en ciudades de carpas, anunciadas por Trump.
La frontera sur de Estados Unidos fue militarizada en 1997 para destruir corredores bajo tierra del narcotráfico y en 2001, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre y en 2001, ambos bajo el mandato de George Bush y en 2010, ante el alza de la violencia del tráfico de drogas, en el gobierno de Barack Obama.
