Tegucigalpa.- Desde el año 2004 hasta la fecha, más de 83 mil muertes violentas están en proceso de investigación en Honduras, según declaraciones de la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.
Ayestas declaró que los escasos procesos de investigación científica criminal para establecer los crímenes son el “talón de Aquiles” de la seguridad en Honduras y que un 95% de los crímenes en el país quedan en impunidad porque no hay investigación criminal.
Según declaraciones de Ayestas, el 70% de las muertes violentas son por arma de fuego, que en promedio hay 1 millón 200 mil armas de fuego ilícitas de diferentes calibres que están en manos de la población las cuales deberían ser decomisadas.
La directora del observatorio dijo que, las armas que son decomisadas se vuelven a utilizar en otros hechos violentos y eso se vuelve un problema en el país.
En Honduras, actualmente la mayoría de los delitos están en impunidad, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos de femicidios la impunidad alcanza un 90%, en la comunidad LGBTIQ+ un 90%, contra los comunicadores sociales y periodistas es un 93%, en niñez y adolescentes 95% y en los defensores de derechos humanos del territorio y la tierra es del 97%.
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En entrevista con Criterio.hn la analista Reina Rivera, manifestó que lo que preocupa es que a veces se conforman con decir que las tasas de homicidio están bajando y que en un gobierno en específico bajan o suben estos índices, “no nos preocupamos que cada cifra es una persona, es una víctima o una familia que está siendo desintegrada por la violencia o puede ser un hijo que quedó sin madre, detrás de cada cifra hay un rostro que no vemos”.
Rivera lamentó que en Honduras la mayoría de los casos están en impunidad, y el problema se hace más grande aun, cuando no hay una institución que se dedique a investigar estos casos a profundidad, en muchas veces las familias lo que hacen es huir del país porque siente que el mensaje no era para la víctima sino para la familia completa y por otro lado estas personas no tienen ninguna esperanza en los entes de investigación.
Expuso que detrás de la violencia hay secuelas terribles en la sociedad, las autoridades deberían tener un manejo profundo en el abordaje de la violencia, es urgente que los operadores de justicia retomen su rol, “creo que en este país lo que están es esperando que suceda el siguiente caso para ver a quien se lo asignan y es por eso que van quedando esas secuelas escandalosas de impunidad que tenemos en el país”.
Para Rivera este flagelo se debe combatir con verdaderas políticas criminales, unidades que estén especializadas con suficiente recurso humano y económico, pero que en correspondencia los Códigos Penales estén adecuados a la realidad del país, “en el Código Penal se hicieron cosas que no tenía que hacerse, los delitos que aumentaron las penas eran donde estaban interesados los empresarios y se inventaron muchas nuevas figuras, pero nada a favor de los grupos vulnerables”.
Rivera es del criterio que la Secretaría de Seguridad debería brindar información sobre el manejo que le están dando a este tipo de temas para saber si lo manejan en la agenda y poder atender los altos índices de impunidad.
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La criminóloga Wendy Funes, en una entrevista reciente al equipo de Criterio.hn manifestó que en Honduras aún existen escuadrones de ejecución arbitraria desde organismos estatales con participación de militares y algunos policías corruptos, dijo que hay un esfuerzo por desmilitarizar la Policía y una creciente inconformidad para remilitarizar la seguridad pública.
Manifestó que la falta de políticas de seguridad y la desmilitarización de la seguridad es un avance en materia de seguridad pública, a la vez insistió que se debe avanzar hacia una política con bases criminológicas como lo dicen las nuevas teorías, para Fúnez la impunidad genera más crimen y el crimen más impunidad, convirtiéndose en un círculo difícil de romper.
En entrevista con Criterio.hn la coordinadora de Gestión Fiscal, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Ninoska Reyes, manifestó que los índices de impunidad de homicidios en Honduras para el año 2020 fue de 94.9%, aumentó 10 puntos porcentuales en comparación al año 2019. Manifestó que en este año en específico puede deberse al cierre de las instituciones encargadas de investigar a raíz del confinamiento por la pandemia.
Pese a que el 2020 el país estaba paralizado y con medidas estrictas para circular, los niveles de impunidad este año alcanzaron índices elevados.
Reyes dijo que de 100 casos que son llevados a los entes de seguridad y justicia únicamente seis reciben respuesta con una judicialización y condena lo que significa que un 94 quedan en total impunidad.
Reyes manifestó que el año pasado los niveles de impunidad presentaron una baja de manera porcentual en Honduras, aproximadamente el 90% con la disminución de 5 puntos porcentuales en comparación al año 2019, sin embargo, es importante establecer que este último dato está por ser corroborado por esta institución.
Reyes dijo que, aunque el Ministerio Público esté haciendo su trabajo, “necesitamos ver mayores resultados, una justicia más pronta, efectiva y con mayor rapidez en la respuesta por parte del ente rector de la política de persecución penal y creo que desde el ejecutivo se debe cumplir la promesa de campaña de proteger a los grupos vulnerables de Honduras”.
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Manifestó que en tema de impunidad se debe establecer una política de persecución penal desde el Ministerio Público para dar una mayor respuesta y protección y garantizar la protección integral a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que en muchos casos escalona a la muerte y quedan en impunidad. “Creo que hace falta sentarse y hacer las coordinaciones necesarias, dejar de lado el sesgo político y empezar a trabajar por los intereses de los grupos vulnerables y velar por el respeto y los derechos de estos grupos”.
Reyes concluyó que el actual gobierno tiene la oportunidad de poder cambiar la respuesta que el Estado ha estado dando en lo que respecta a justicia, hay delitos que se puede trabajar de manera conjunta para establecer políticas que ayudan a prevenir el delito, es necesario que se sigan fortaleciendo y especializando para esclarecer los casos de muertes violentas.
A juicio de los especialistas en tema de Seguridad y Justicia a los que ha tenido acceso el equipo de Criterio.hn, lo que hay en Honduras es pobreza de justicia y falta de voluntad política para fortalecer las instituciones encargadas de investigar y judicializar los casos, aseguran que mientras no se lleve a cabo una investigación exhaustiva y profesionalizada muy difícilmente cambiaria esa situación en Honduras.
Aseguran que la impunidad y la negligencia son algunos de los factores que colaboran con el aumento de las muertes violentas en el país.
Según cifras oficiales en registro del histórico diario de homicidios en lo que va del mes de agosto ya se registran 57 homicidios a nivel nacional.
