Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –El domingo 12 de abril el gobierno de Honduras anunció en cadena nacional de radio y televisión la implementación de medidas para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria en aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020, aprobado en Consejo de Ministros.
El decreto declara prioridad nacional al sector agroalimentario e instruye a la secretaría de Finanzas para que proceda a formalizar de manera inmediata y urgente los siguientes proyectos: Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL II) por USD 75,000,000.00, financiado por Banco Mundial; 2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad por USD 90,000,000.00, financiado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE); 3. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras por (USD 85,000,000.00, financiado por el Banco Mundial y fondos nacionales; y, 4. Proyecto de emergencia para reactivar el sector productivo en el Corredor Seco por L. 200,000,000.00).
Asimismo, instruye a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) para que tomen las medidas siguientes: 1. Asegurar el abastecimiento total de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado con al menos L. 100,000,000.00.
Ordena también a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), que en un plazo no mayor de quince (15) días ponga a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas, a fin de que las mismas puedan ser puestas a disposición de los productores nacionales para la producción de alimentos, para lo cual se establecerá un canon de L.100.00 anuales por manzana, debiendo suscribirse los acuerdos correspondientes.
“La producción que se genere mediante el uso de estas tierras ociosas deberá ser utilizada para el abastecimiento del mercado nacional. La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola deben supervisar el cumplimiento de esta disposición”, reza el artículo 4.
La producción agrícola en Honduras ha venido en descenso a partir de los años noventa con la implementación de la Ley de Modernización Agrícola, que coartó el derecho de la recuperación de tierras por parte de grupos campesinos que se amparaban en la Ley de Reforma de Reforma Agraria.
En los últimos años el impacto se ha profundizado por el abandono del sector por parte del gobierno y la expansión de la agroindustria, en manos del gran capital nacional y transnacional. Asimismo, por los efectos del cambio climático.
ESPEJISMO Y PROMESAS
El gobernante hondureño, Juan Hernández, justificó la creación del decreto para “garantizar la comida de la población, durante y después de la emergencia por el coronavirus”.
Hernández se mantiene en el poder desde el 2014, luego de haber dirigido en Congreso Nacional (2010-2014) desde donde urgió la aprobación de leyes a favor de la agroindustria en detrimento de los campesinos y pequeños productores agrícolas. Como titular del Poder Ejecutivo ha seguido con la misma política, pero de manera estratégica ha anunciado programas y proyectos para los pequeños productores, sin embargo, estas no están dando los resultados esperados.
Uno de los proyectos es el de las cosechas de agua, que se viene implementando mediante emergencias que se han venido prolongando durante los últimos nueve años para favorecer a empresas constructoras con contratos y compras directas. Las obras, en su mayoría, además de no ser funcionales, tienen un tinte político, ya que con ellas solo se favorece a los activistas del Partido Nacional y funcionarios del gobierno.
LOS MILITARES EN EL AGRO
Hernández mantiene un nexo cercano con los militares, con ellos además de las políticas de defensa y seguridad, ha puesto en vigencia un proyecto militarista que abarca toda la institucionalidad. En octubre del año pasado los involucró de manera directa en el sector agrícola mediante la ejecución de 4.000 millones de lempiras anuales para un plan orientado, supuestamente, a incrementar la productividad y rentabilidad agrícola.
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El controvertido Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), consignado en el diario oficial La Gaceta 35,076, publicada el pasado 18 de octubre violenta la Constitución de la República, que define los límites de las funciones de las Fuerzas Armadas en la defensa del territorio y soberanía nacional.
Inicialmente, el programa se quiso mantener oculto, pero los medios de comunicación informaron sobre el propósito del gobierno de crear una estructura presupuestaria destinada a las actividades agrícolas a través de la Secretaría de Defensa Nacional, mediante la creación de la Dirección de Desarrollo Agrícola en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para la ejecución, estructuración y administración del programa. En pocas palabras, otorgar fondos a los militares para que se dediquen a actividades agrícolas. Hasta el momento, la institución castrense no ha rendido cuentas sobre el manejo de los fondos y tampoco ha mostrado evidencias o resultados del programa.
Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingles), la seguridad alimentaria es un derecho humano.
La FAO, en el año 1996 durante la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), definió el termino desde una visión integral: “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.
En esa misma cumbre se ratificó la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, la que contempla la seguridad alimentaria como “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.”
DISCURSOS SIN PRÁCTICAS
De acuerdo con el informe elaborado por la Oficina del Coordinador Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, durante el periodo del 28 de marzo al 03 de abril 2020, en Honduras se registraron al menos 30 protestas por demanda de alimentos en consecuencia de las medidas estatales para evitar la proliferación del Covid-19.
El informe detalla que “el impacto severo que la crisis está teniendo sobre la seguridad alimentaria del país se ha manifestado durante la última semana. Las protestas, en las que la población demanda alimentos, son cada vez más frecuentes, especialmente en las comunidades y barrios más empobrecidos… Al menos 30 manifestaciones públicas han tenido lugar y se han reportado múltiples detenciones por violación del toque de queda en todo el país”.
Además, se resalta la suspensión de los contratos de trabajo sin remuneración y prestaciones durante el período de cuarentena principalmente en los sectores de la maquila.
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El sábado 11 de abril se registró la primera protesta ciudadana con saqueo en el marco de la crisis sanitaria y humanitaria por el COVID-19 en Honduras. La acción ocurrió en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, lugar aledaño al sector de las industrias de la maquila de la zona norte de Honduras.
Los pobladores demandaban alimentos y “cero engaños” por parte del gobierno en la entrega del denominado “saco solidario” de alimentos del programa “Honduras Solidaria”, creado con fondos especiales para el combate al Covid -19 para la entrega de 800,000 raciones de alimento, entre otras acciones.
“Tenemos hambre. No tenemos dinero para comprar comida. Nuestros hijos tienen derecho a comer. No nos va a matar el virus sino el hambre. Tenemos niños y ancianos en casa esperando comida”, eran los gritos de los ciudadanos que realizaban una protesta por hambre.
Inicialmente, la manifestación fue disuelta previo a la promesa por parte de la Policía Nacional de hacer efectiva la entrega de alimentos en un periodo de dos horas. Nuevamente las promesas de los representantes del Estado hondureño fueron incumplidas y en esta ocasión, la población inició el saqueo de un supermercado en busca de alimentos para su hogar.
El 10 de abril Criterio.hn publicó la noticia titulada “En Choluteca claman retorno seguro para pobladores varados en la zona norte”, la que narra la solicitud de los habitantes de la comunidad de Ojo de Agua, en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca en la zona sur de Honduras, por el regreso a casa de paisanos que quedaron sin empleo en la zona norte por la crisis sanitaria del Covid-19.
Los oriundos de Ojo de Agua, en condición de varados en la zona norte, eran empleados de las maquilas que, de acuerdo a lo denunciado, suman más de un mes sin acceso a alimentos o a una fuente de empleo.
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Naciones Unidas estable el acceso a una alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”.
De igual manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especifica “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.
Al respecto el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) para Centroamérica, en el informe sobre “Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos” de febrero de 2011, precisó una diferencia entre el derecho a “estar protegidos contra el hambre y el derecho a tener una alimentación adecuada”.
El derecho a estar protegidos contra el hambre “es fundamental y significa que el Estado tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre. Como tal, está intrínsecamente asociado al derecho a la vida”, dice el informe.
Finalmente, el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, señala que “los Estados deberían hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su territorio, en otras palabras, las personas deberían tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa”.
2 respuestas
Has justicia Señor levanta tu brazo para defender al pobre y da tu recompensa a esos políticos que hacen más daño que bien muestra les que tú eres a quien todos debemos servir pídeles cuentas.
Pura teoria y nada de practica. Con esos prestamos “nuevos” le quiere colocar fondos a la banca que considera de alto riesgo la agricultura y no suele atender solicitudes de ese tipo. No mueve un dedo a favor df la gente trabajadora, las tierras y casas van a acabar perdiendo porque el apoyo será Cero ya que no existe la extensión agrícola. El muerto Líder corrupto lo realizó en Recursos Naturales