La Coalición Contra la Impunidad exige el cese de la represión del régimen orlandista

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –La Coalición Contra la Impunidad exigió este lunes al régimen de Juan Hernández que cese con la represión contra los hondureños que resisten la corrupción y el despojo de los bienes naturales.

La organización, que aglutina a varias organizaciones de sociedad civil de los sectores progresistas de Honduras, condena mediante un comunicado el desalojo violento del campamento Guapinol, Tocoa, en el departamento de Colón, por parte de 1.500 elementos de la Policía Nacional y militares, el pasado 27 de octubre, que hasta el momento ha dejado la muerte de una persona y varios heridos de bala.

A continuación, el comunicado:

Las organizaciones que conformamos la Coalición contra la Impunidad repudiamos las recientes actuaciones del ilegal régimen Orlandista y denunciamos las artimañas violentas para frenar y atacar al pueblo hondureño que dignamente resiste la corrupción y el despojo de los bienes naturales. 

Repudiamos que este 27 de octubre el campamento por la defensa del agua y la vida instalado desde hace más de 80 días para la defensa del río Guapinol, fue desalojado violentamente por aproximadamente 1,500 elementos de la Policía Nacional y militares fuertemente armados. El saldo de la represión hasta ahora es de dos personas heridas de bala y una muerta. El río Guapinol es un bien natural que abastece de agua alrededor de 13 comunidades de Tocoa, Colón, pero ha sido contaminado por el avance del proyecto minero de la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, pese a que se encuentra a inmediaciones de una zona protegida del parque nacional Carlos Escaleras.

Repudiamos el despojo sistemático del territorio hondureño que el régimen Orlandista realiza para beneficio de los intereses de una corrupta élite empresarial, nacional e internacional. Este despojo del territorio que ancestralmente pertenecen a las comunidades que se asientan en las zonas más productivas del país tiene como objetivo instalar posteriormente las llamadas “zonas especiales de desarrollo” (ZEDES).

A su vez, repudiamos la brutal represión de militares y policías ocurrida en Tegucigalpa el 26 de octubre de 2018, aproximadamente a las 7:00 pm en contra de los manifestantes autodenominado “Los indignados”. La manifestación pacífica fue realizada para expresar su solidaridad con la caravana de migrantes que son desplazados forzadamente del país debido al despojo de sus territorios, a los altos niveles de violencia, inseguridad, desempleo, educación y salud.

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Recordamos al régimen Orlandista que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, le recuerda a los Estados que: “Las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se pueden presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión”.

En este sentido, condenamos las actuaciones del poder judicial hondureño que, utilizando los Juzgados de Jurisdicción Nacional, continúa criminalizado a los manifestantes y defensores de bienes naturales. Lo que representa una clara manifestación de la falta de independencia ya denunciada en repetidas ocasiones por la Coalición contra la Impunidad.

Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH), para verificar los hechos in situ, conforme a su mandato, atendiendo a los llamamientos y alertas de los manifestantes.

29 de octubre de 2018

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

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