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Justicia hondureña debe ser coherente y liberar los defensores de Guapinol 

liberar los defensores de Guapinol 

Joaquín Mejía, experto en derecho constitucional y derechos humanos. (Foto: Criterio.hn)

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Tegucigalpa. Para el investigador de derechos humanos, Joaquín Mejía, tras la presentación del habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional es oportuno que esta sea coherente con su propia jurisprudencia y ordene la inmediata liberación de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro.

Mejía explicó que basándose en sus propias sentencias, particularmente la 1165-2014 y la 406-2013, la Sala de lo Constitucional reafirma que la persona humana es el eje central de la Constitución de Honduras, y que las normas y derechos reconocidos en los tratados internacionales se incorporan al Bloque de Constitucionalidad; mientras que las normas de rango inferior, como el Código Penal o la Ley Sobre la Justicia Constitucional, deben ser interpretadas y aplicadas de conformidad al Bloque de Constitucionalidad.

Esto, señaló el experto en derechos humanos, es importante porque las autoridades que conforman el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen una doble obligación. En primer lugar, garantizar que sus actuaciones e interpretaciones sean conforme al Bloque de Constitucionalidad, que alberga los tratados de derechos humanos; y un segundo punto es que tienen el deber de no solamente tomar en consideración las normas internacionales de derechos humanos, sino también la interpretación que de ellas hagan los órganos internacionales competentes.

Uno de estos órganos competentes es el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, que a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que forma parte del Bloque de Constitucionalidad de Honduras- determinó a finales de febrero de este año que la detención de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro era arbitraria.

 

Pese a esta resolución, a finales de agosto, el Tribunal de Sentencia de Trujillo, en el departamento de Colón, amplió a 6 meses más la detención arbitraria contra los defensores del río Guapinol, quienes se oponen a la mina de óxido de hierro a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras, propiedad de Inversiones Los Pinares.

Mejía especificó a Criterio.hn tres razones por las que el Grupo de Trabajo determinó que la detención de los defensores de los bienes comunes es arbitraria. A continuación, las reproducimos: no existe fundamento legal para haberles detenido y menos para que sigan privados de libertad, tanto el juicio como la prisión «preventiva» a la que han sido sometidos constituyen una represalia al legítimo ejercicio de sus derechos, y finalmente porque no hay bases que justifiquen el juicio y porque contraviene el principio de presunción de inocencia.

Siendo la Sala de lo Constitucional, la que desarrolló toda la jurisprudencia arriba expuesta, es necesario que sea coherente y ordene la inmediata liberación de los defensores, manifestó Mejía. Caso contrario una de las implicaciones sería generar responsabilidad internacional del Estado de Honduras.

En segunda instancia, Honduras -parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y quien debería dar el ejemplo- estaría demostrando un «absoluto desprecio por la propia Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos», los cuales son de cumplimiento obligatorio en el país.

Este miércoles, nueve organizaciones nacionales e internacionales presentaron un amicus curiae para que la Corte Suprema de Justicia resuelva el habeas corpus presentado y admitido ayer, a favor de los defensores de Guapinol. En el documento de 13 páginas hacen énfasis en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias.

Los defensores encarcelados arbitrariamente por más de 27 meses son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, este último con 37 meses en detención ilegal.

La semana pasada fue suspendido el juicio contra los defensores de Guapinol, luego que las partes acusadoras -conformada por el Ministerio Público y el equipo legal de Inversiones Los Pinares- presentaron en medio de las audiencias una cuarta acusación por supuestos daños agravados.

Esta acción fue admitida por el Tribunal de Sentencia de Tocoa, lo que provocó que la defensa legal de los ambientalistas recusaran a los jueces por tomar una decisión ilegal y mostrar parcialidad en favor de la acusación. Previamente, se suspendió el juicio por irresponsabilidad del Ministerio Público, que no había facilitado todos los medios de prueba al equipo de la defensa y al Tribunal.

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