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Justicia de Honduras arrecia contra periodistas opositores al régimen de JOH

Justicia de Honduras arrecia contra periodistas

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Por: Viena Hernández

Tegucigalpa. – La justicia de Honduras que, durante el gobierno del extraditable Juan Orlando Hernández persiguió a sus opositores, entre ellos a los periodistas, continúa en su evidente función de persecución y hostigamiento.

Este mediodía trascendió la captura arbitraria del periodista de Une TV, César Omar Silva, que luego de varias horas logró ser liberado debido a las diversas reacciones de organismos de derechos humanos y de otros sectores que condenaron su detención por casi cinco horas.

El arresto se debió a acusaciones por supuestos delitos de injuria y calumnias contra el político venezolano, Marco Tulio Porras, representante del excandidato a la presidencia de Venezuela Juan Gerardo Antonio Guaidó.

El 25 de febrero de 2019, en el aeropuerto Internacional de Toncontín, Marco Tulio Porras y César Silva protagonizaron una fuerte confrontación. El altercado sucedió justo cuando Porras se encontraba conversando con los medios de comunicación en el salón de espera del aeropuerto.

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César Silva intentó entrevistar al político venezolano, pero este se negó, diciendo que no quería conversar con Une TV porque no compartía su tendencia ideológica.

Ante esta respuesta, el periodista se molestó e insistió en hablar con Marco Tulio Porras, pero la situación se tornó delicada cuando el representante de Guaidó hizo comentarios ofensivos y pasaron a los empujones y Silva lo golpeó con su micrófono. Porras se limitó a escuchar a Silva con semblante desafiante y antes de abandonar el aeropuerto le preguntó su nombre.

Como repercusión de la confrontación, Silva debió presentarse ante un juez de letras, posteriormente fue condenando a 37 días de prisión por agresión, siendo conmutable y sujeto a pago de fianza.

Hoy, la captura de Silva se ejecutó cuando él salía del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la capital de Tegucigalpa, después de presentarse de forma voluntaria a la sala de Juicios Orales, pero afuera era esperado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para ser trasladado al Juzgado de Letras Penal.

Según explicó uno de sus amigos, el también periodista Rony Espinoza, la pena prescribió y el venezolano aprovechó para interponer otra querella y, de inmediato, el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, emitió una orden de captura el 15 de marzo.

Antes del arresto, Silva desconocía la querella y que le habían asignado a un defensor público. Las reacciones fueron inmediatas y coincidieron que la detención fue arbitraria.

El expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) manifestó que Silva no es un criminal, ni ha agredido al Estado o a un ser humano, además anunció que su esposa, la presidenta Xiomara Castro, estaba al tanto de su captura y ordenó investigar y elaborar un informe detallando.

Xiomara manifestó a través de un tuit que estaba sorprendida por la captura del comunicador, siendo una acción que violenta la libertad de expresión y ordenó apegarse a las leyes y dejarlo en libertad.

 

Horas antes, el Ministerio Público se había negado a nombrar un fiscal para la audiencia que dejaría en libertad al periodista. Según informó el representante legal de C-Libre, Roger Ordóñez, la detención respondía al supuesto incumplimiento de una sentencia de la cual nunca fue notificado.

Silva estuvo a punto de guardar prisión hasta el próximo martes 12 de abril, pues el periodista dijo al medio donde labora que una juez indicó que, no había alguien disponible para atender su caso porque había otros de mayor importancia.

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JUSTICIA ARBITRARIA SE RESPALDA EN CÓDIGO PENAL DE LA IMPUNIDAD

Otro de hostigamiento en contra de la prensa, lo denunció el secretario de Comunicación de la Coordinación Departamental de Libre por Choluteca, Carlos Eduardo Ávila Aguilera, quien es perseguido por integrantes del Partido Nacional.

La motivación, como él mencionó a través de un escrito dirigido a Xiomara Castro, es que en 2007 publicó una noticia en los periódicos La Tribuna y El Heraldo, utilizando como fuente un documento bien sustentado de más 20 páginas.

Debido a esa noticia, fue querellado y se desarrolla contra él un proceso judicial lento y desgastante de casi 15 años, el cual, motivado por factores políticos, se arreció por sorpresa en diciembre de 2021.

Esas acciones en contra de Carlos Ávila y otros periodistas son facilitados por las reformas al Código Penal durante el gobierno del expresidente Hernández, que castiga duramente a los periodistas, sobre todo a los independientes, pero favorece delitos graves como la corrupción y el narcotráfico.

El periodista dijo que el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, ha pedido su encarcelamiento, aduciendo que la figura conmuta no existe dentro del Código Penal.

En consecuencia, Carlos Ávila pide a la presidenta el beneficio del indulto, para evitar convertirse en un preso de conciencia durante un gobierno democrático comprometido con el respeto a los derechos humanos, tomando en cuenta que todavía siguen vivas leyes lesivas del gobierno pasado.

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En respuesta, la defensora de los derechos humanos y periodista, Dina Meza, condenó que se violente la libertad de una persona y que los jueces actúen ensañados contra la prensa utilizando como respaldo el Código Penal, denominado “Código Penal de la Impunidad”.

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