Tegucigalpa.- Después de tres años de los hechos que llevaron a la detención arbitraria de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, el Ministerio Público manifestó en el segundo día del juicio contra los ambientalistas que todavía no puede poner a disposición los medios de pruebas contra los acusados ante el Tribunal y el equipo de la defensa.
Este hecho obligó a que el juicio fuese pospuesto para el jueves, 9 de diciembre, en tanto que la Fiscalía presenta las seis pruebas, que ya habían sido ordenadas previamente fueran expuestas por el Tribunal de Sentencia de Tocoa, donde se desarrolla el juicio oral y público.
Criterio.hn conversó con el abogado Edy Tábora, quien forma parte del equipo defensor de los ocho ambientalistas que permanecen en detención ilegal desde hace más de dos años, acusados por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de la minera Inversiones Los Pinares S.A. de C.V. y Santos Hernández Corea; la primera propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido empresario Miguel Facussé.
Los ocho defensores del agua en detención ilegal desde hace 27 meses son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, este último con 37 meses en arresto arbitrario.
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Tábora contó que nuevamente el Ministerio Público expresó que «las pruebas que pretende evacuar en el juicio, seis pruebas, no las puede poner a disposición del Tribunal». Motivo por el que la defensa solicitó al Poder Judicial requiriera del Ministerio Público las fechas de cuando entregaría estas pruebas y de esta forma «analizarlas y así poder hacer una defensa efectiva».
En teoría, el Ministerio Público dijo que una parte de las pruebas estarían a disposición hoy viernes, 3 de diciembre, por la tarde y la otra parte el próximo miércoles, 8 de diciembre, por lo que el juicio «podría comenzar hasta el [jueves] 9 de diciembre a las 9:00 de la mañana», hora y fecha a la fueron convocados a comparecer.
Al preguntarle al profesional del derecho por qué en un proceso que lleva más de dos años, el Ministerio Público aún no cuenta con las pruebas para el juicio, Tabora explicó que este accionar «negligente» se ha convertido en una «constante» de la institución. Pero ahora «esa negligencia se convierte en un arma política del Ministerio Público» para el ocultamiento de pruebas a la defensa.
El abogado defensor expone que los ocho ambientalistas llevan más 27 meses privados ilegalmente de libertad; sin embargo, las acusaciones contra ellos llevan tres años pero a la fecha «el Ministerio Público dice que no tiene concluida la investigación». El profesional del derecho recordó que el Código Procesal Penal en su artículo 8 establece como obligación y finalidad del proceso el establecimiento de la verdad, la cual «no puede estar acomodada a los intereses del Ministerio Público».
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Tabora remarcó que es necesario que la defensa tenga los medios de prueba porque «sabemos que muchas de esas pruebas fueron manipuladas» y es por este motivo que «el Ministerio Público siempre ha pretendido ocultarlas» y presentarlas en la audiencia sin que el equipo legal haya preparado la defensa.
«Así que el juicio se ha suspendido por la irresponsabilidad del Ministerio Público», aseveró el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos. Al consultarle sobre si cree que en esta ocasión la Fiscalía respete los tiempos de entrega, Tabora cree que cumplirán porque caso contrario, los fiscales podrían ser acusados por desobediencia y entorpecimiento del proceso judicial.
En febrero de este año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria sostuvo que la detención «preventiva» de los ocho defensores es ilegal pues incumple varios estándares de derechos humanos, incluidos el derecho a un juicio imparcial, por lo que hicieron un llamado para su liberación inmediata.
Otras disposiciones incluyen reparar el daño ocasionado por la detención arbitraria, así como la investigación de quiénes cometieron las violaciones contra los derechos de los defensores de Guapinol. Pese a esto, se ha ido extendiendo la detención de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro.
