Como presidente del Congreso Nacional (2010-2014) y luego como presidente de la República (2014-2022), Juan Orlando Hernández, fue denunciado en al menos 32 ocasiones por diversas organizaciones y particulares. Al menos tres de estas denuncias se relacionaban con delitos políticos, incluido el delito de traición a la patria por la aprobación de las RED y la reelección presidencial.
Durante el juicio contra el exgobernante en Nueva York, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, confesó que la extinta MACCIH intentó investigar a Hernández, pero que no se logró el cometido porque el mismo exgobernante boicoteó el proceso.
Tegucigalpa, Honduras. – Entre 2010 y 2022, el Ministerio Público de Honduras recibió al menos 32 denuncias por diversas causas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, pero nunca se procesó ninguna e incluso se le permitió reelegirse de manera ilegítima.
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Hernández se mantuvo en el poder durante doce años consecutivos, cuatro de ellos como presidente del Congreso Nacional (2010-2014) y ocho como presidente de la República (2014-2022). Durante este tiempo, se alega que cometió abusos y actos de corrupción, cuyos casos apenas están siendo desempolvados por el Ministerio Público (MP).
En dicho período, diversas organizaciones de la sociedad civil y personas naturales presentaron varias denuncias por estos delitos. Sin embargo, el Ministerio Público (MP), liderado entonces por su aliado Óscar Fernando Chinchilla, nunca emitió un requerimiento fiscal en su contra.
De hecho, en una entrevista concedida a un medio de comunicación, el 3 de octubre de 2022, antes de concluir su gestión, el exfiscal adjunto Daniel Sibrían aseguró que el Ministerio Público nunca emitió un requerimiento fiscal contra Hernández porque, si bien «existían denuncias en su contra, no había pruebas suficientes para proceder con un requerimiento fiscal en su contra».
Sibrián argumentó que gracias a que no existían procesos abiertos en Honduras, se pudo ejecutar su orden de extradición hacia Estados Unidos en abril de 2022.
Incluso, el entonces secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, declaró ante los medios de comunicación que, aunque existieran denuncias estas no podían frenar la extradición, porque no había procesos abiertos en la fiscalía hondureña.
El pasado 8 de marzo el juez del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, leyó el veredicto que emitió un jurado federal declarando la culpabilidad de Juan Orlando Hernández por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, conspirar para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico.
Mientras se desarrollaba el juicio en Nueva York contra el mandatario, el director de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, reveló, en declaraciones a medios, que la extinta la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) intentó investigar a Hernández, pero no tuvo éxito debido a las trabas que el mismo expresidente impuso.
Santos confesó además que la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que él dirigía, le tomó declaración al mandatario, utilizando para dicho propósito el salón principal de Casa Presidencial, donde el gobernante estuvo acompañado por cuatro de sus abogados y que fue él quien escogió el lugar por ser el presidente de la República.
El fiscal no especificó el caso por el cual se estaba investigando a Hernández. Asimismo, confesó que las investigaciones tampoco tuvieron éxito porque la Ufecic no contaba con el apoyo necesario y porque Hernández controlaba el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que operaba, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas.
También contó que el personal que estaba trabajando en la investigación renunció y uno de ellos se exilió ante el miedo a represalias.
Expuso que posteriormente se logró reunir las pruebas que implican al exgobernante en el caso Pandora II, pero que se evitó presentar el requerimiento fiscal una vez que Hernández finalizó su mandato porque se tenía conocimiento de una solicitud de extradición y abrir un proceso en Honduras pudo entorpecer la extradición.
Fue hasta el 11 octubre de 2023 cuando el Ministerio Público informó sobre la apertura del Caso Pandora II, que incluía a Juan Orlando Hernández, el expresidente Porfirio Lobo y otros ocho funcionarios más, acusados de malversar fondos públicos que posteriormente utilizaron en sus campañas políticas. Sin embargo, por este caso y por los delitos de traición a la patria no se puede enjuiciar a Hernández debido a su proceso en Estados Unidos, explicaron abogados a Criterio.hn
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Previo a la extradición de Juan Orlando Hernández, 21 de abril de 2022, la misma fiscalía, a través de su vocero, Yuri Mora, confirmó que existían 32 denuncias en contra del expresidente durante sus dos períodos presidenciales, interpuestas por organizaciones y personas naturales.
Sin embargo, aclaró que nunca se procedió a emitir un requerimiento fiscal, por lo tanto, en ese entonces, no serían un obstáculo para frenar la extradición.
Para averiguar si el número de denuncias en 2024 contra el exmandatario se mantenía en 32 o había aumentado, Criterio.hn se puso en contacto con la vocera del Ministerio Público, Lorena Cálix, sin embargo, la funcionaria indicó que ese dato sólo lo conocían los fiscales especializados en el tema. Asimismo, que dicha información sólo podía ser confirmada mediante solicitud de información pública.
Ante ello, Criterio.hn efectuó una petición de información, pero el Ministerio Público respondió que la información no podía ser entregada debido a que se encuentra “Clasificada” porque está siendo utilizada en «procesos de investigación que se encuentran en desarrollo».
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DENUNCIAS POR TRAICIÓN A LA PATRIA
Aunque no se conoce en detalle sobre las 32 denuncias contra Hernández en el Ministerio Público (MP), desde 2010 hasta 2022, se conocieron tres denuncias públicas en su contra por el delito de traición a la Patria.
La primera denuncia pública en su contra fue interpuesta el 11 de septiembre de 2012 por la Asociación de Abogados de Justicia y Acción por el delito de traición a la patria. Esto se debió a que, en marzo de 2011, Hernández, en su condición de presidente del Congreso Nacional, junto con otros congresistas, reformó los artículos 304 y 329 de la Constitución de la República para dar vida a los Regímenes Especiales de Desarrollo (RED) concebidas, a partir de 2013 como Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
Cuatro años después de esta denuncia, que no tuvo ningún avance, nuevamente se interpuso otra denuncia contra Hernández por el delito de traición a la patria, pero esta vez por la reelección presidencial.
El 07de noviembre de 2016, el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, denunció a Hernández siempre por el delito de traición a la patria, pero en esta ocasión por la reelección presidencial. A la par de la denuncia, Tomé pidió la suspensión del cargo de presidente y la realización de un juicio político.
A la acción del diputado, se sumó el 30 de noviembre de 2016, una coalición de organizaciones y ciudadanos defensores de la Constitución quienes presentaron una denuncia contra Juan Orlando Hernández y 24 funcionarios, por el delito de traición a la patria por modificar la Constitución de la República para hacer posible la reelección presidencial.
La denuncia, que tampoco tuvo éxito, fue interpuesta por el abogado René Adán Tomé, quien fungió como fiscal de defensa de la Constitución y actualmente se desempeña como asesor del Congreso Nacional.
Entre los funcionarios también denunciados se encuentran 15 exdiputados y actuales diputados, 7 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y los dos exfiscales del Ministerio Público.
Una vez que Hernández concretó la reelección presidencial, fue expuesto ante los medios de comunicación por supuestamente ser responsable de una serie de delitos vinculados a la corrupción y el narcotráfico. Las denuncias, que tomaron auge a partir de 2019 en medios de comunicación, continuaron en 2021 a través del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),
Asimismo, el 09 de abril de 2019 la organización Acción Ciudadana Contra la Dictadura interpuso una denuncia contra Juan Orlando Hernández, su hermano, Juan Antonio Hernández (condenado por narcotráfico en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de prisión) y su esposa Ana García, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. La misma tampoco procedió en la gestión de Óscar Fernando Chinchilla.
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DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS INSTRUMENTALIZADOS POR JOH
Además de las denuncias contra alias “JOH” (Juan Orlando Hernández) también se ha interpuesto una serie de acusaciones legales contra los funcionarios que fueron instrumentalizados para cometer delitos de traición a la patria, entre ellos se encuentran magistrados, diputados incluso el exjefe del Estado Mayor Conjunto.
El caso más reciente se suscitó el 08 de febrero del presente año, cuando integrantes de la organización de sociedad civil Acción Ciudadana Contra la Dictadura interpuso una denuncia en contra de 28 diputados por haber promovido la reelección presidencial en 2015.
Los congresistas fueron denunciados por los delitos de traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Al igual que la denuncia interpuesta en 2016, esta fue realizada por el abogado René Adán Tomé, en compañía de otros abogados y figuras políticas, como el ex precandidato presidencial por el partido Libre, Nelson Ávila.
Del mismo modo, el 27 de abril de 2016, la organización de sociedad civil Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución de la República interpuso denuncias contra los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, un año antes, emitieron un fallo mediante el cual se establece la inaplicación de preceptos constitucionales para avalar la reelección de Juan Orlando Hernández.
Esta denuncia también involucra a diputados que promovieron la reelección al acompañar al expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien se presentó a la Corte a invocar la supuesta violación a su derecho a ser electo, luego de haber ejercido la Presidencia de la República en el periodo 1990-1994.
Otro de los funcionarios denunciados por ser instrumento para concretar la reelección de Juan Orlando Hernández, fue el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francisco Isaías Álvarez (2015-2018).
La denuncia antes señalada fue interpuesta el 19 de septiembre de 2017 por diputados que conformaban, en aquel momento, la Alianza Contra la Dictadura, por el delito de traición a la patria y otros delitos por no garantizar la alternancia en el poder como lo manda la Constitución de la República en el artículo 272.
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MP DE CHINCHILLA IGNORÓ LAS DENUNCIAS
Entre los denunciantes en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que emitieron el fallo que validó la reelección del exmandatario se encuentra la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinoza, quien en entrevista con Criterio.hn recordó que su denuncia fue por el delito de traición a la patria, pero lamentó que el Ministerio Público nunca accionó.
La diputada del PSH, Maribel Espinoza, expresó que desde que se interpuso la denuncia contra los magistrados integrantes de la Sala Constitucional por parte de la organización de la sociedad civil Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución de la República en 2016, esta nunca presentó avances. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).
Para obtener información sobre posibles nuevos delitos en los que Hernández o sus cómplices pudieron estar involucrados, el Ministerio Público envió una comitiva de fiscales al juicio de Juan Orlando en Nueva York.
Analistas consultados por Criterio.hn expresaron, previo a la declaratoria de culpabilidad contra Hernández, que lo que los fiscales pudieron hacer fue identificar nuevos implicados, ya que sólo podrían abrir un juicio contra Hernández por delitos políticos en caso de que regresara a Honduras.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público estableció que los fiscales tendrían la tarea de recopilar todos los detalles revelados durante el juicio y, con dicha información, otro equipo de fiscales, investigadores y peritos analistas estarían procesando la información en Honduras para posteriormente tomar medidas legales contra las personas, empresas o grupos que fueran mencionadas en el caso.
Tras culminar el juicio y emitir una sentencia condenatoria contra Juan Orlando Hernández, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, refirió que el lunes 11 de marzo iniciarán con la revisión de los informes elaborados por la comitiva de fiscales, para posteriormente abrir líneas de investigación. «Sin importar el color político», enfatizó.
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EL DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA NO FIGURA EN EL CÓDIGO PENAL
En 2022 los diputados del Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, aprobaron un decreto para castigar el delito de traición a la patria, luego que en el Código Penal, que entró en vigor a partir de 2020, se eliminara este delito y sólo se contemplara aquellos relacionados con la traición que involucra a un cuerpo de seguridad sirviendo como espía para otra nación con la que hubiera conflicto.
La intención del Congreso anterior, al eliminar del Código Penal el delito de traición a la patria, aplicable a acciones como la promoción de la reelección presidencial, fue precisamente para eximir de responsabilidad a todas aquellas personas y funcionarios que promovieron la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República, con lo que Juan Orlando Hernández validó su reelección en 2017.
Pero profesionales del derecho opinan que las personas acusadas por delitos políticos podrían ser procesadas bajo la normativa aprobada durante la gestión presidida por Luis Redondo.
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PRESIDENTA CASTRO PIDE CASTIGO PARA TRAIDORES A LA PATRIA
El pasado 14 de marzo, durante la ceremonia de ascenso de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, la presidenta de la República, Xiomara Castro, expresó la necesidad de que las personas que cometieron el delito de traición a la patria sean castigadas.
«El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia deben actuar con plena independencia frente a aquellos que traicionaron la patria, aquellos que vendieron nuestro territorio con las ZEDE, aquellos que rompieron el orden constitucional, aquellos que asesinaron, robaron y traficaron con drogas, y aquellos que dictaron ilegalmente sentencia para la reelección de Juan Orlando”, expresó la mandataria.
