Tegucigalpa. – El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aún siendo juzgado por el delito de traición a la patria siempre podría ser extraditado a Estados Unidos para que responda por acusaciones de narcotráfico, afirma el analista político y abogado, Raúl Pineda Alvarado.
Pineda hizo mención del artículo 555 del Código Penal, establece que el delito de traición a la patria, debe ser castigado con las penas de prisión de hasta 20 años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión.
Sin embargo, el analista político explicó a Criterio.hn que al tomar en cuenta que Hernández ha sido funcionario, entonces, lo más posible es que si es juzgado en Honduras por traición a la patria, la pena que se le aplique podría ser solo la parte de la inhabilitación, que, según él, podría ser de unos 10 años.
“Cuando Estados Unidos quiere someter a juicio a alguien lo hace de cualquier forma”, señaló Pineda, quien apuntó que sí Hernández es inocente como lo ha reiterado y posee las pruebas suficientes, debería comparecer ante la justicia estadounidense y “terminar con esta agonía que vive”.
El abogado manifestó que, en todo caso, es asunto de Estados Unidos probar la culpabilidad de Hernández y, una vez lo hagan, este no podrá esconderse porque siempre sería capturado sin importar en qué lugar se encuentre.
Pineda rechazó que exista algún acuerdo debajo de la mesa para beneficiar a Juan Orlando Hernández evitando su extradición por medio del delito de traición a la patria, pues expresó que este conflicto es con una potencia del mundo con un tema por narcotráfico, además, razonó que el exmandatario fue presidente de un país pequeño y su mandato ya culminó.
Lea también: CNA pide que se judicialice en Honduras a todos los hondureños incluidos en listas de corrupción y narcotráfico
DIVERSAS OPINIONES
La opinión de Alvarado es contraria a la postura de los abogados Marlon Duarte y Juan Carlos Barrientos, quienes afirman que una vez que un hondureño es sometido a los tribunales de justicia la extracción se diluye jurídicamente.
El abogado penalista, Marlon Duarte, dice que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras establece que cualquier persona que haya fungido como funcionario público y sea requerido por la autoridad de Estados Unidos y tenga procesos pendientes con la justicia hondureña, no podrá ser extraditado.
En conclusión, Duarte sostiene que no solo el expresidente podría no ser extraditado, sino cualquiera que enfrente juicos internos.
Por su parte el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, expresó que esa ley ocasionaría un beneficio a Hernández, porque mientras existan juicios pendientes o tengan penas pendientes los sujetos de extradición no pueden ser extraditados.
Barrientos apuntó que uno de los ejemplos es el caso del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, quien fue solicitado en extradición por cargos de narcotráfico, sin embargo, “él tenía juicio pendiente y ahorita que ya está condenado está cumpliendo su pena”. Aunque se supone que una vez que cumpla con su pena será extraditado, ahondó.
En diciembre de 2021, un tribunal de sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción leyó la resolución que estableció la sentencia de Urbina a tres años de prisión por el delito de violación a los deberes de los funcionarios e inhabilitación especial para empleo y cargos públicos, en específico para conformar la corporación municipal.
El caso del exalcalde de Yoro pudiera repetirse con el expresidente Juan Orlando Hernández, vaticina Barrientos.
Las opiniones en torno al tema, surgen luego que el Congreso Nacional aprobara la semana pasada un decreto que contempla la Ley para castigar con el delito de traición a la patria a los promotores de la reelección por su flagrante violación a la Constitución de la República.
