El patrocinio del proyecto se construye ante el rechazo de las comunidades que se resisten porque ni siquiera han sido consultadas
Texto: Marcia Perdomo
Edición: Emy Padilla
Fotografías: Fernando Destephen
Vídeos: Jorge Burgos
Gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.-Un nuevo año, una nueva caravana conformada por más 7 mil hondureños que salieron del país a mediados de enero asfixiados por la corrupción y la pobreza, mientras agencias internacionales de cooperación y financiamiento inyectan millonarias sumas de dólares a proyectos extractivistas de capital privado que crean conflictos socioambientales en comunidades de este país centroamericano.
Tras el golpe de Estado de 2009, se abrieron las puertas al concesionamiento de los recursos hídricos a través de la Ley General de Aguas y con ella la aprobación de una serie de contratos de energía renovable cuya naturaleza “inocua” se reserva únicamente al papel en las que fueron redactadas pero que han resultado en la criminalización de las comunidades que dependen y defienden dichos ríos.
Uno de estos esquemas concebidos es el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, ubicado en el municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida al norte de Honduras, una región rica en biodiversidad que cuenta con tres parques nacionales, dos refugios de vida silvestre y un jardín botánico. De hecho, la hidroeléctrica de Jilamito se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Vida Silvestre Texiguat y la microcuenca del río Jilamito, la cual fue declarada en 1997 bajo el Acuerdo CH-004-97.
Con una población de 24,819 habitantes según estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística en 2018— Arizona se encuentra amenazada, denuncian sus pobladores, por intereses de empresarios, el Estado y agencias financieras internacionales. De acuerdo con los habitantes del municipio, el sector político ha repartido sus ríos a empresarios quienes con financiamiento internacional amenazan su derecho de acceso al agua.
El departamento de Atlántida no es ajeno a distribuciones que obedecen a intereses corporativos extranjeros. A inicios del siglo pasado, específicamente en 1912, el Estado de Honduras concesionó dicho territorio para el cultivo de banano desplazando pueblos originarios. De hecho, el nombre del municipio de Arizona corresponde a la designación dada por los estadounidenses que administraban los campos bananeros y quienes acostumbraban a denominar los mismos con los nombres de Estados del país norteamericano.
El Proyecto hidroeléctrico, que proyecta generar 14.8 megavatios de energía a un costo de US$ 75,562 millones, pertenece a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa) del empresario Emin Abufele.
¿QUIÉNES FINANCIAN EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO JILAMITO?
A inicios de diciembre de 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su rama de promoción empresarial BID Invest [conocida hasta 2017 como Corporación Interamericana de Inversiones] anunció que financiará la construcción del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras mediante un préstamo de US$ 20,250 millones.
El BID aseguró que este financiamiento reafirmaba el compromiso del Grupo BID con el desarrollo económico de Honduras y que formaba parte del paquete de inversiones para apoyar al país en hacer frente a la crisis desencadenada por la pandemia de la Covid-19 y los daños causados por los huracanes Eta y Iota. La forma en que el proyecto ayudará a enfrentar las crisis desencadenadas por la pandemia y los fenómenos naturales no queda clara.
Desde el BID también omiten mencionar en la información difundida a través de su portal web que las comunidades organizadas del municipio de Arizona, Atlántida, se oponen al proyecto y que se han declarado territorio libre de extractivismo o que las mismas condenaron a mediados de marzo de 2020 la visita de los consultores de la organización financiera internacional, a quienes acusaron de servir de intermediarios de los intereses de empresas extractivas y proyectos nocivos para sus vidas y sus entornos.
Al crédito del BID, se suma el financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), por US$ 35.750 millones. Este préstamo formaría parte de un financiamiento por US$1,000 millones en inversiones para el sector privado durante un período de tres años en Honduras, anunciado el 21 de julio de 2020 por el director ejecutivo de la DFC, Adam Boehler.
Boehler afirmó durante el anuncio de este financiamiento [$1,000 millones] que el mismo complementa un memorando de entendimiento firmado ese mismo día entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras para establecer un marco de cooperación bilateral en apoyo de la iniciativa América Crece.
En su intervención Boehler dijo que la «DFC se enorgullece de apoyar al pueblo hondureño durante este momento de necesidad en todo el mundo». Además, agregó, «Apreciamos el compromiso del Gobierno de Honduras de mejorar el clima empresarial para facilitar la inversión y esperamos avanzar en nuestros objetivos comunes mediante la colaboración con el sector privado. Las alianzas público-privadas son fundamentales para la fortaleza de Honduras como país y para las metas de América Crece».
La DFC, antes conocida como Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) fue renombrada durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Con el nuevo nombre, le acompañó la iniciativa Growth in the Americas o América Crece que según el Departamento de Estado tiene como objetivo «la creación de un entorno propicio para la inversión del sector privado en energía e infraestructura que sea transparente, competitivo y en consonancia con las mejores prácticas internacionales».
América Crece cuenta con críticos, quienes ven en ella un nuevo Plan Puebla Panamá, con todas las arbitrariedades que llevaron a la defensa por la tierra. El Comité en Solidaridad con el pueblo de El Salvador (CISPES) publicó a inicios de octubre de 2020 el artículo América Crece: el nuevo impulso inversor de Washington en América Latina en el que señala que esta iniciativa tiene como propósito contrarrestar la inversión de China en la región; sin embargo, advierten que carece de transparencia a la hora de develar detalles sobre qué proyectos están recibiendo financiamiento.
En el caso de Honduras, se conoce el monto exacto de inversión de la DFC en el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito por la información remitida por el BID en su página web.
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¿POR QUÉ FINANCIAR PROYECTOS CONFLICTIVOS BAJO UN VELO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO?
Para entender los intereses detrás de proyectos extractivistas y el consiguiente financiamiento por organismos y agencias internacionales, Criterio.hn entrevistó al especialista en derecho ambiental e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas (ERIC – SJ), Pedro Landa, quien inicia contextualizando la relevancia de la cuenca del Caribe hondureño, la cual genera el 70 % de la producción hídrica en el país y el 40 % en Centroamérica.
Esto provoca que los ríos de la cuenca del Caribe sean apetecibles para la generación hidroeléctrica bajo la falsa promesa de energía renovable sin tomar en cuenta el alto grado de conflictividad que generan estos proyectos en las comunidades, el consiguiente desplazamiento de las personas y el agotamiento de los recursos naturales, especialmente notorios durante la temporada seca, afectando la capacidad productiva de la zona, explica Landa.
El ambientalista señala que este tipo de esquemas, que en Honduras no se limitan únicamente a las 24 concesiones hidroeléctricas en el departamento de Atlántida y que han sido identificadas por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), forman parte de un proyecto de mayor trascendencia que involucra a toda la región centroamericana.
Landa profundiza señalando que todas las represas que se están construyendo en Honduras y todos los proyectos de generación de energía, ya sea fotovoltaica, eólica, o hidroeléctricas, están siendo conectados al Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central, conocido por sus siglas como SIEPAC y que fue concebido durante la primera década del siglo XXI. El propósito del mismo manifiesta el ambientalista, es construir un solo corredor de transmisión de energía por toda Centroamérica, desde Panamá hasta la Península de Yucatán en México, que en teoría busca que cualquier país de la región que tenga deficiencia energética pueda comprar a sus países vecinos.
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No obstante, el defensor ambiental repara en que también en Sudamérica se construyen al menos dos proyectos más de interconexión, todos con vistas a la construcción de un gran sistema de conducción de energía hacia el norte y «la presunción que hay es que Estados Unidos al igual que Europa, están tomando medidas para garantizar el suministro de energía una vez que las fuentes de hidrocarburos, de petróleo se vayan agotando”». Todo esto bajo el escenario en el que las «últimas guerras de Estados Unidos sobre todo en Asia han sido por el control del petróleo».
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Landa razona que, ante el agotamiento del petróleo, es el agua el recurso que está ganando mayor protagonismo no solamente como vital para la vida sino para la generación de energía. Y el ambientalista hondureño no es el único en alertar ante intereses privados internacionales con relación al vital líquido. En diciembre de 2020, el relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo denunció que la cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street viola derechos humanos básicos y hace vulnerable al líquido elemento ante una eventual burbuja especulativa.
«No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública», destacó en el comunicado el relator Arrojo-Agudo.
Para Landa existen una serie de interconexiones que se alinean a los intereses de la primera potencia mundial, entre ellos, el tema de garantizar el suministro de energía para Estados Unidos, quien al igual que países europeos «han declarado el suministro de materias primas incluyendo la energía como estrategias de seguridad nacional. Al elevarlas a esta categoría significa que los Estados están dispuestos a hacer lo que sea hasta ir a una guerra, invadir un país para garantizar la seguridad de sus Estados. En este caso es para garantizar el suministro de energía».
El ambientalista subraya que los patrocinios financieros por parte de BID Invest y la agencia estadounidense DFC «son inversiones a futuro que están haciendo para garantizar este suministro [eléctrico] y mantener sus sistemas de producción y de confort estables a costa del sacrificio y la expulsión de nuestros pueblos. Para ellos somos siempre ese patio trasero de donde ellos toman lo que quieren sin importar que eso implique el sacrificio de vidas humanas y de poblaciones enteras que se ven obligadas a migrar».
El especialista en derecho ambiental identifica en este tipo de proyectos una nueva categoría de migrantes, los refugiados ambientales o los refugiados ecológicos, quienes en sus territorios ya no pueden vivir. «Lo triste es que nuestros seudo gobernantes vienen y justifican todo esto como consecuencia del cambio climático cuando en el fondo la realidad es por las políticas de promoción del extractivismo que se han impuesto en cada uno de estos países y que […] nuestros gobiernos las promueven libremente tal como está haciendo el régimen actual de Juan Hernández de promover la energía. […] En el fondo lo que prima no es tanto la seguridad de las personas y de sus bienes sino la seguridad jurídica de las empresas, el negocio y el lucro a través de esta política extractivista que es la que predomina en la región centroamericana».
Históricamente, Estados Unidos más que tener países amigos ha tenido países aliados que sirven a sus intereses, señala Landa. Además agrega que está política la manejan de «forma perversa porque por un lado promueven la explotación de nuestros recursos naturales y al mismo tiempo ante el riesgo del incremento del fenómeno migratorio lo que hacen es obligar a nuestros propios países a convertirse en gendarmes y a poner esos muros invisibles para controlar la migración y esto es nada más y nada menos que este plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, donde una de los principios que hay es que cada uno de estos países se conviertan en países seguros para las migraciones».
El investigador de ERIC – SJ cuestiona «¿Cómo es posible que Honduras haya firmado ser un tercer país seguro para las migraciones cuando somos el país expulsor de migrantes y que quiérase es la segunda fuente de ingresos de divisas más importante del país? Lo ha hecho porque somos el patio trasero de Estados Unidos y Estados Unidos obligó al gobierno a firmar este tratado a fin de obtener esos fondos que se están aportando supuestamente para seguridad y para desarrollo».
El defensor ambiental concluye «ellos crean las condiciones para garantizar su bienestar; en este caso garantizar su suministro de energía y al mismo tiempo pone a los países que están destruyendo a ser quienes cuiden que los migrantes no continúen yendo en esta medida desproporcionada hacia Estados Unidos».
Las reflexiones de Landa sobre el Acuerdo de País Seguro fueron expuestas antes de conocerse de que el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden anunciara el 6 de febrero la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
COSTO-BENEFICIO PARA LAS COMUNIDADES
En enero de 2020, el Banco Central de Honduras (BCH) publicó el informe Resultados Encuesta Semestral de Remesas Familiares, que establece que Atlántida es el tercer departamento de residencia con mayor número de beneficiarios de remesas, solamente precedido por Cortés y Francisco Morazán. El dato no es un hecho aislado, Criterio.hn revisó los documentos difundidos sobre el tema por el BCH desde agosto de 2017 hasta enero de 2020 y el patrón se repite.
Para el caso de Arizona, el responsable del área de investigación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Juan Antonio Mejía Guerra, detalló a este medio de comunicación que la migración en Arizona es alta, «a estas alturas son pocas las familias que no tienen un miembro que no haya tenido que emigrar».
Mejía Guerra agrega que, en este municipio, «tres de cada cuatro personas son pobres, seis de cada diez personas en edad de trabajar no tienen empleo». Remarcando que tanto el municipio de Arizona como el departamento de Atlántida están convirtiéndose en exportadores de mano de obra y lo ejemplifica con la situación de la niñez en la zona. «Eres un niño o niña, llegas a la adolescencia y tienes que irte de tu departamento porque este no te da ninguna opción de vida».
Mientras el BID y la corporación financiera estadounidense DFC declaran que el financiamiento conjunto del 74.1 % al Proyecto Hidroeléctrico Jilamito forma parte de un paquete destinado a enfrentar la crisis desencadenada por la pandemia de la Covid-19 y los daños causados por los huracanes Eta y Iota, el investigador de MADJ valora dichos señalamientos como «totalmente falsos» y que los mismos buscan amoldar la realidad hídrica hondureña para «adecuarla a los intereses del capitalismo neoliberal extractivista».
Mejía Guerra ahonda en el tema y subraya que «no es cierto que el financiamiento de represas conlleva desarrollo, conlleva enriquecimiento de una casta empresarial y conlleva la acumulación de la propiedad de los bienes naturales en algunas familias poderosas de estos pueblos más otras empresas transnacionales que están justamente tras el negocio del agua, ahora que ha sido convertido en mercancía». Sin tomar en cuenta que el consumo de agua en estas comunidades está seriamente comprometido y que, si bien en papel cuentan con tuberías, el vital líquido suele ser racionado a cuatro horas dos o tres días de la semana en la cabecera municipal.
«Ahí es donde está el punto de choque. La gente dice: no es que nos estamos oponiendo a la producción de energía limpia, lo que pasa es que tenemos nuestras propias prioridades y la primera prioridad es que el municipio de Arizona cuente con servicios de agua permanente, verdadero, accesible, asequible, así con todas las características que conlleva el derecho humano del acceso al agua potable y al saneamiento tal como lo establece la ONU», precisó el representante de MADJ.
En relación con la generación de empleo por parte de las hidroeléctricas, el entrevistado reconoce una leve producción de empleo, pero el número es mínimo y la mayoría ocurre durante la construcción de la represa en un periodo de uno o dos años. A largo plazo, la mano de obra se reduce a un seis por ciento de la inicialmente empleada durante la construcción por un periodo de entre veinte a cuarenta años y los cargos están restringidos a las labores de limpieza, conserjería y vigilancia. «En esos términos es mentira que un proyecto hidroeléctrico va a generar desarrollo económico real con justicia social para las poblaciones en donde se instalan estos proyectos”, expone Guerra.
A finales de diciembre de 2020, Martín Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) compartió con Criterio.hn documentación que pormenoriza que de cada cien lempiras que perciben las empresas hidroeléctricas tan solo tributan alrededor de 20 centavos a la municipalidad, calificando este hecho como irrisorio.
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En la documentación de MADJ sobre el municipio de Arizona, la Empresa Centroamericana de Energía (ECAE) en el río Matarras o Ulúa fase I, recaudó 231 millones 723 mil 554 lempiras con 49 centavos, de los cuales apenas 897 mil 719 lempiras con 49 centavos fueron pagados a las arcas municipales de Arizona entre 2012 hasta octubre de 2020. En el caso de la Sociedad Eléctrica Mesoamericana Sociedad Anónima (SEMSA) [comparte socio con INGELSA] en el río Mezapita desde 2016 recaudó 689 millones 311 mil 991 lempiras con 68 centavos y pagó a la alcaldía un total de un millón 563 mil 373 lempiras con 44 centavos.
Mejía Guerra añade que «mientras el kilovatio/hora se produce a un costo de dos centavos de dólar a estas empresas se les paga a 18 centavos de dólar». Sumado a esto, el contraste entre los ingresos de las empresas hidroeléctricas y lo que pagan a las municipalidades es «el rostro del asalto vivo, cruel y asesino que las empresas hidroeléctricas están efectuando a las comunidades de Honduras». Un patrón que se repite en La Masica, otro municipio de Atlántida que cuenta con tres concesiones hidroeléctricas más, al igual que Arizona.
Mientras esto ocurre, los pobladores que se oponen a la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos en Atlántida se enfrentan a la militarización de su territorio por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como ocurrió en el municipio de San Francisco. «Se han convertido en ejércitos privados al servicio de este tipo de empresarios y en contra de las comunidades». ¿El propósito? Evitar que «las poblaciones estén monitoreando, cuidando, vigilando su río y que los empresarios puedan hacer de las suyas río arriba», comenta el investigador del MADJ.
El ingeniero Mejía Guerra refiere que «estos proyectos chocan con las ópticas populares comunitarias. ¿En qué sentido? No es que las comunidades no necesitan energía. Arizona tiene tres proyectos hidroeléctricos en ejecución y la gente sigue pagando el mismo costo, aunque es un municipio que está produciendo excedente. Esto es un claro ejemplo de cómo estos proyectos no benefician directamente a las comunidades».
Al final los pobladores de Arizona ratifican su posición en la que el río Jilamito no es negociable y debe ser utilizado como fuente de agua para las dieciséis comunidades del municipio que dependen del mismo; mientras gobierno y empresarios reciben un crucial espaldarazo financiero de US$ 56,000 millones por parte del BID y la corporación financiera estadounidense DFC para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito.
