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Intimidación contra las familias de los defensores de Guapinol ha arreciado en Honduras

Intimidación contra las familias de los defensores de Guapinol

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Tegucigalpa.- El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido nueva información sobre los actos de intimidación y amenazas contra los defensores del río Guapinol: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz y sus familias.

El 1 de diciembre de 2021, en el Palacio de Justicia de Tocoa, departamento de Colón, inició el juicio contra los ocho defensores del Río Guapinol arriba mencionados, tras más de dos años detenidos arbitrariamente, tal y como declaró el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en su resolución del 26 de noviembre de 2020.

En este marco, se ha intensificado la campaña de intimidación y amenazas en redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter, que, a través de cuentas anónimas, estigmatiza el trabajo en defensa de los derechos humanos de los ocho defensores detenidos y que tiene por objetivo desinformar a los usuarios de estas redes sociales sobre el caso de criminalización contra los defensores de Guapinol.

Asimismo, el 1 de diciembre de 2021, individuos desconocidos se apersonaron al campamento “Justicia y Libertad para Guapinol”, instalado en las afueras del Palacio de Justicia de Tocoa, para tomar vídeos y fotografías de las familias de los ocho defensores y personas que acompañan el proceso en su contra.

El Observatorio condena vehementemente estos actos de intimidación y amenazas y urge a las autoridades hondureñas a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los ocho defensores de Guapinol, sus familias y personas que les brindan acompañamiento.

Asimismo, el Observatorio subraya que la campaña de estigmatización en redes sociales ha sido constante desde 2019.

Precisamente en julio de 2019, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y otra ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna investigación y las cuentas de redes sociales se mantienen activas al momento de la publicación de este llamado urgente.

El Observatorio recuerda que Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penal de Olanchito desde agosto de 2019 por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, en el marco del proceso de criminalización al que han sido sometidos 32 defensores del agua en el municipio de Tocoa ante las actividades de la empresa minera “Inversiones Los Pinares” en el Parque Nacional Montaña de Botaderos.

Además, Jeremías Martínez fue detenido de forma arbitraria en diciembre de 2018 debido a otro proceso penal por los delitos de “usurpación” y “daños” en perjuicio de la misma empresa. El 17 de marzo de 2021, un juez de jurisdicción nacional le dictó una sentencia absolutoria. Sin embargo, permanece detenido en el Centro Penal La Ceiba, dado que enfrenta el segundo proceso junto a los otros siete defensores. El 19 de marzo de 2021, en una audiencia pública celebrada ante la CIDH, el representante de la Procuraduría General de la Republica informó que Jeremías Martínez había sido liberado tras la sentencia absolutoria, hechos que no son ciertos.

El 26 de agosto de 2021, día en que expiraba el período legal de dos años de prisión preventiva de los ocho defensores de Guapinol, el Tribunal de Sentencia de Trujillo notificó a sus representantes legales sobre la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de prorrogar seis meses la detención preventiva de los defensores.

El 26 de octubre de 2021, se celebró en el Tribunal de Sentencia de Trujillo una audiencia de revisión de medidas de prisión preventiva de los ocho defensores de Guapinol. En su resolución, emitida dos días más tarde a la celebración de la audiencia, en vulneración de lo establecido en el artículo 189 del Código Procesal Penal de Honduras, el Tribunal declaró sin lugar la solicitud de revisión de medidas, por lo que los ocho defensores permanecen detenidos, con el consecuente riesgo para su salud que esto conlleva en el contexto de la crisis sanitaria de COVID-19.

El mantenimiento de los defensores en prisión contradice las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia del respeto y la protección de los derechos humanos en el actual contexto de pandemia.

En este sentido, el Observatorio recuerda, además, que el 13 de marzo de 2021, se detectó un brote de COVID-19 en el Centro Penal de Olanchito, exponiendo a Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez a un alto riesgo de contagio debido a las condiciones de hacinamiento y a la falta de adopción de medidas de prevención de la enfermedad por parte de las autoridades penitenciarias.

El Observatorio urge a las autoridades de Honduras a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas y actos de intimidación arriba mencionados. Asimismo, el Observatorio urge a las autoridades de Honduras a implementar de manera inmediata la opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, a liberar inmediatamente a los defensores arriba mencionados y a poner fin al uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a quienes defienden los derechos humanos.

Entre las acciones solicitadas está adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez, sus familias y las personas que acompañan el proceso en su contra;

Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas y actos de intimidación arriba mencionados, para identificar a los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicar las sanciones penales y de otra naturaleza, previstas por la ley;

Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, otorgarles la libertad inmediata e incondicional y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso.

Poner fin a la utilización del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;

También exigen iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

Además abordar las causas de fondo del conflicto socioambiental, revisando la concesión de territorios protegidos a la empresa extractiva minera Los Pinares al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos;

Finalmente solicitan implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por las personas defensoras de derechos humanos.

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