Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. Ante la consulta de si estamos a las puertas de un nuevo pacto de impunidad en Honduras, el ex Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, dijo que esa es una actitud manifiesta de los políticos del país, que desde el Congreso Nacional y fuera de este poder del Estado andan impulsando esas acciones.
Sin embargo, todo lo que han hecho hasta la fecha ha sido construido y propuesto sin considerar la legislación nacional, porque el primer pacto de impunidad que se forjó era a todas luces inconstitucional y sin importar el contubernio que había con el Poder Judicial, manifestado desde el hecho que se tomó la decisión hasta que la reforma entró en vigencia, pese a eso, la misma Corte Suprema de Justicia dio un paso atrás, declarándolo inconstitucional.
Porque era tan evidente la violación a la Constitución y tan manifiesta la entrega a las élites corruptas del país que a ellos mismos les provocó nauseas ese comportamiento personal a cada uno de ellos, apuntó Orellana.
Ahora con esta nueva intentona, dijo el exfiscal, también se pone en evidencia que ignoran las cuestiones más elementales de la legislación hondureña porque el problema que tienen no es que la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas lo diga; es que la Constitución de la República tiene un mandato especial en el párrafo específico del artículo 222 que señala las funciones de fiscalizar a posteriori, entre otras, a entidades privadas que reciban fondos de fuentes internas y externas.
Ese artículo es amplísimo y señala que toda entidad privada, sin excepción que reciba fondos del país como fuera del país, serán fiscalizadas por el TSC, dijo Orellana.
Ante esta realidad, cualquier cosa que diga en una ley secundaria, sea suprimiendo las acciones del TSC, o diciendo que no lo puede hacer, finalmente choca contra ese mandato constitucional, señaló Orellana.
Y al final se van a ver obligados a aceptar una sentencia de la Corte donde lo declara inconstitucional.
Si no lo hacen ahora lo harán después porque ya hay magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia que han demostrado que tienen una actitud independiente de las élites políticas y eso se puso de manifiesto en el primer pacto de impunidad que quisieron conformar.
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Sobre las negociaciones que se dice se estarían gestando para que estos diputados devuelvan los fondos mal utilizados y eviten la cárcel, Orellana es del criterio que deben devolverlo, no solo aritméticamente sino geométricamente porque el daño que le causaron al país es terrible porque esos recursos iban destinados a proyectos sociales en sus comunidades.
Esas acciones de no desarrollar los proyectos, ha generado que los hondureños tengan que huir de sus comunidades debido a las condiciones hostiles en que viven y esas acciones son monstruosas para el pueblo pobre y por esa razón deben devolver los dineros y pagarlo con la cárcel, porque son delitos y deben pagarse en las ergástulas.
