Tegucigalpa. –Abogados coinciden en que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debe sancionar a las instituciones bancarias que trasladaron bienes inmuebles del exmandatario Juan Orlando Hernández bajo la figura de dación por pago.
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Siete días antes que se concediera la extradición de Hernández hacia Estados Unidos por narcotráfico, su esposa, Ana García, quien ostenta un poder general de administración y representación para actuar en nombre de su esposo y actuando en condición de gerente general de Inversiones del Río S. de R.L., trasladó bienes por un monto de L. 60, 119,295.96 bajo dación por pago a banco Ficohsa.
El 22 de marzo, en tiempo récord, trasladó por L. 28, 255,075.90 los bienes ubicados en el sitio Hato de Enmedio, entre las colonias Tres Caminos, La Florencia y San Ignacio, y Villas las Palmeras, en la colonia San Ignacio, en Tegucigalpa.
La negligencia del Ministerio Público se reflejó al no solicitar, pese a los constantes reclamos, el aseguramiento de los bienes de Hernández sino hasta que su esposa realizó las transacciones atípicas.
A criterio del abogado Raúl Suazo, la CNBS debería sancionar instituciones bancarias que movieron bienes de Hernández a su favor, pues está contemplado, inclusive, en el delito de lavado de activos por encubrir, transferir o gravar bienes muebles e inmuebles de origen licito o ilícito a sabiendas de una acusación o incautación que, en el caso de la extradición de Hernández, es de conocimiento público.
Misma valoración realizó el abogado Raúl Paniagua, quien reprochó que se violentaron ordenamientos jurídicos bancarios bajo directrices de la CNBS.
“La responsabilidad del banco era reportar la transacción sospechosa, atípica, de la señora Ana de Hernández; es cierto que ellos en cierto momento de su vida movieron cantidades enormes de dinero, pero el mismo banco tenía conocimiento que el dinero era procedencia de origen ilícito porque pudo ser dinero que vino del narcotráfico o del propio Estado”, dijo.
Por lo tanto, considera que su participación (banco Ficohsa) amerita una sanción por el ánimo de lucro al sacarle un provecho a una utilidad o dinero de procedencia ilícita.
“Debe responder desde el punto administrativo y penal, si incumplieron los protocolos para eso existe la CNBS que a este momento debe de estar investigando todo”, añadió.
Para el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda, los bancos que están realizando transacciones irregulares podrían incurrir en sanciones desde Estados Unidos tal como pasó con el extinto Banco Continental que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) los sancionó por lavar dinero proveniente del narcotráfico.
“60 millones no es una transacción normal, por ende, debían encender las alertas, desde el mismo oficial de crédito reportar a la gerencia”, expuso.
Según el congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, en el sistema financiero no “son cómplices” sino que “actores intelectuales del saqueo de las instituciones públicas”.
Días antes de conocerse las transacciones financieras de Ana García, se especuló que varios bancos serían fenecidos por haberse prestado a lavar activos de origen ilícito haciendo alusión a Banco Ficohsa que, a través de un comunicado, calificó esas acciones como “campañas de desinformación falsa”.
“Banco Ficohsa rechaza categóricamente la campaña malintencionada de difusión de información falsa que trata de desprestigiar nuestra institución. Los ciudadanos deben estar alertas a las intenciones ocultas tras los mensajes anónimos que circulan en redes sociales”, detalla el comunicado.
Cabe resaltar que la dación no es una figura nueva para los Hernández García, ya que el 6 de octubre de 2020, se pagó por dación de la hacienda Altamira de Cayo Blanco en el sitio de San Francisco del Corral y San Felipe L 41, 220,000 lempiras a banco Atlántida con quien a esa fecha Inversiones del Río tenía supuestamente una deuda por L 97, 060,225.56.
Este viernes el Ministerio Público informó mediante un comunicado sobre el aseguramiento e incautación de 33 bienes, ocho empresas, 16 vehículos y productos financieros al expresidente y extraditable por narcotráfico Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar.
El comunicado refiere que “los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición, se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa”.
Aunque en una búsqueda de Criterio.hn en el Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán se encontró que ya existe medida cautelar de aseguramiento de acuerdo con un oficio emitido el 31 de marzo girado al Instituto de la Propiedad sobre el inmueble de Villa Palmeras y los lotes del sitio Hato de Enmedio en dación a banco Ficohsa.
La medida de aseguramiento alcanza también a otro inmueble ubicado en la colonia Alameda de Tegucigalpa, adquirido el 4 de abril de 1986.
