Aunque por el propio nombre, el estado de excepción debería, de acuerdo también con la Constitución de la República, ser aplicado en períodos “excepcionales”, pero en Honduras se ha ido prolongando por espacios de 45 días, logrando ya cumplir su primer año, lo que, según analistas consultados por Criterio.hn, se está adoptando como una medida permanente sin resultados positivos y poca claridad
Tegucigalpa, Honduras. – La inseguridad que argumentan heredaron del gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández -privado de su libertad en Estados Unidos- y, la que se ha desencadenado en los últimos dos años, es el factor principal por el que el estado de excepción, dejó de ser una medida “excepcional” y fue convertida en permanente por el consejo de ministros que lidera la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Para el abogado constitucionalista Joaquín Mejía, el estado de excepción, que no sólo es aplicable como medida contra la criminalidad, dejó de ser “excepcional” porque ya pasó a cumplir más de un año desde que fue implementado por la mandataria Castro de Zelaya.
“Sí, sí es justificable utilizar el estado de excepción para luchar contra la criminalidad. Ahora, sobre si es justificable desnaturalizar el estado de excepción y convertirlo en permanente, claro que no. El estado de excepción es una herramienta que puede utilizar cualquier gobierno, pero la deberían de utilizar en momento de excepcionalidad”, opinó Mejía en pláticas con Criterio.hn.
Agregó que “el problema es que cuando utilizan una medida excepcional de manera permanente, estamos hablando entonces que el gobierno es incapaz de abordar la criminalidad con las herramientas que tiene en términos de formalidad democrática”.
Mejía, doctor en derechos humanos, ejemplificó que, lo que está pasando con el estado de excepción, se asemeja a lo que sucede con la militarización en el país. Aunque las medidas son utilizadas para abordar la criminalidad, en ambas es evidente la carencia de estrategias.
“Un gobierno puede utilizar estrategias de seguridad pública, pero al utilizarlas se debe tener estrategias. Establecer un tiempo limitado en el que van a estar, que todo esté bajo control civil y establecer un plan de salida; que no se conviertan en medidas permanentes, como lo estamos viendo con militares y con el estado de excepción”, planteó Mejía.
Lo expuesto por Mejía tiene sentido. Aunque Xiomara Castro en sus campañas políticas se abanderó de la promesa de desmilitarizar la sociedad, ahora, estando en el poder, está haciendo todo lo contrario. Los está dotando de aeronaves, les está permitiendo encabezar operativos, contrario a lo que manda la Constitución y hasta les entregó el control total de todos los centros penitenciarios.
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POCOS RESULTADOS Y SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS
Aunque la Policía Nacional que dirige el comisionado Gustavo Sánchez, que llegó a reemplazar al general Ramón Sabillón en junio de 2023, argumente que, desde que se implementó el estado de excepción, el índice de homicidios disminuyó, Mejía considera que no hay ni resultados positivos y existe un ambiente de opacidad.
“El estado de excepción ya sabemos que perdió su naturaleza, de cierta manera hay una ´bukelización´ en la seguridad. Pero las preguntas que deberíamos de hacernos es ¿cuáles son los resultados concretos que justifican esta permanencia?, no hay claridad en cuántas personas por extorsión han sido capturadas”, cuestionó.
Añadió que “¿se han hecho trabajos para conocer el sistema financiero, porque por ahí es donde pasa todo el dinero de la extorsión, no hay claridad en casi ninguno de los aspectos que giran alrededor de esta medida”.
De acuerdo con las autoridades, con el estado de excepción, han reducido el número de muertes violentas, sin embargo, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), índice de femicidios y asesinatos múltiples experimento un ascenso. Comparando los números de 2022 con 2023.
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El director ejecutivo del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, compartió el análisis de Mejía y agregó que el estado de excepción en Honduras no se ha vuelto radical, como lo están experimentando El Salvador y Ecuador y, de igual manera, sostuvo que no es una medida que se debería normalizar porque se suspenden varias garantías constitucionales.
“Es un riesgo que tenemos como sociedad y el riesgo que podemos pagar en términos de libertad. Si bien es cierto, sólo se deberían restringir libertades para un grupo de personas, pero después, poco a poco, la restricción va impactando en toda la sociedad”, dijo Acevedo en conversaciones con Criterio.hn.
De acuerdo con el artículo 187 de la Constitución de la República, el estado de excepción se puede implementar por varios factores, entre ellos, invasión del territorio, perturbación grave de la paz, epidemia u otra calamidad.
Con la aplicación de esta medida se suspende las garantías ciudadanas 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 establecidas en la Constitución, facultado, de esa manera, a las autoridades policiales y militares a hacer arrestos y allanamientos de vivienda sin la autorización y acompañamiento de un juez.
El motivo por el que el Poder Ejecutivo extiende el estado de excepción por periodos de 45 días es porque así lo establece la Constitución, misma que también enmarca que esta medida, para que sea completamente legal, debe ser ratificada por el Congreso Nacional dentro de los próximos 30 días, después de ser aprobado vía decreto por el consejo de ministros.
