Tegucigalpa.- De la forma masiva que acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades, instan a los hondureños continuar demostrando su poder en la toma de decisiones y exigir la derogación de leyes nocivas contra la nación y el cumplimento de las promesas de gobierno.
Las elecciones del 28 de noviembre dejaron marcado un precedente al ser las votaciones con mayor participación en los últimos 20 años y acabar con 12 años de gobierno del conservador Partido Nacional.
Los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo rector de los comicios, exponen a Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre) como la presidenta electa de los hondureños venciendo de manera contundente al candidato nacionalista, Nasry Asfura, con una diferencia de 14,29 puntos de diferencia situación que evitó una nueva crisis política-electoral.
En el proceso electoral de 2017, se permitió la ilegal reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández imponiéndose mediante un fraude electoral que culminó con una crisis que dejó al menos 23 civiles asesinados por miembros de la seguridad del Estado y pérdidas económicas mayores a los 1,600 millones de lempiras.
A pocos días de las votaciones, organismos de sociedad civil auguraban una crisis peor en estas elecciones debido a la incertidumbre que cobijaba el proceso electoral, sin embargo, la votación masiva de los hondureños cambió el panorama.
“La gente se levantó, se levantó indignada a ejercer un sufragio y un voto de castigo con la fe de cambiar este país, ese espíritu de indignación pero también la esperanza que impulsó a la gente a generar un cambio, el pueblo valiente decidió decir basta ya”, expuso el abogado y analista político, Josué Murillo.
A criterio del doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, el pueblo hondureño demostró que es un contra poder que despertó frente al régimen que estableció el Partido Nacional al mando de Hernández durante los últimos doce años.
“Lo más importante es el voto masivo y que el pueblo hondureño entendió que con su voto es un contra poder y ese contra poder es capaz de derrocar dictaduras y eso quedó demostrado”, añadió.
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SEGUIR DEMOSTRANDO EL PODER POPULAR
Tanto Murillo como Mejía coinciden que ahora es responsabilidad de la población seguir demostrando el poder que emana de este exigiendo a las nuevas autoridades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo cumplir con sus promesas de gobierno y derogar las leyes contraproducentes a los intereses nacionales.
“Lo que falta por demostrar es que este mismo pueblo hondureño demuestre que es un contra poder en el ejercicio de su libertad de asociación, manifestación y reunión en el sentido de presionar, a través de movilizaciones pacíficas, para que el nuevo Congreso Nacional derogue todas aquellas leyes que son contrarias a los intereses nacionales y para que el nuevo gobierno cumpla con aquellas promesas que ha hecho en su plan de gobierno”, dijo Mejía.
En tanto, Murillo exhortó a las nuevas autoridades gobernar en benefició de los hondureños y no de sectores de poder retribuyendo ese voto masivo y de castigo contra aquellos que flagelaron sus derechos.
“Para retribuir ese esfuerzo del pueblo hondureño deben gobernar de manera íntegra sin importar fuerzas internas o externas, deben gobernar con integridad, deben generar políticas públicas que sean factibles, realizables y que tengan un impacto en las poblaciones más vulnerables del país”, exhortó.
Mejía insta a los hondureños demostrar que son un contra poder no solo mediante las urnas, al tiempo que insiste exigir el respeto a sus derechos humanos movilizándose de forma masiva.
“El pueblo hondureño ha dado un golpe sobre la mesa en las elecciones demostrando que ahora es un contra poder real y ahora creo yo que hay muchos políticos que han visto eso y que de cierta manera perciben que ese contra poder de esa gente que salió de forma masiva a votar puede seguir ejerciendo su derechos políticos y democracia de forma movilizada y no únicamente por medio de las urnas”, concluyó.
Un comentario
El momento estelar del Desarrollo Honduras es ahora, HOY no dentro de unos meses.
“No más bla, bla, bla” Greta Thumberng
El desarrollo de Honduras requiere Seguridad Jurídica.
Para la Reactivación Honduras, los grupos sociales demandan seguridad jurídica. Los empresarios nacionales para sus actividades productivas, algunas productivas y de innovación; pero otras, varias, rentistas.
Algunas inversiones extranjeras extractivas piden seguridad jurídica para seguir usurpando los bienes de las etnias o para posicionarse para extraer hoy, y en el futuro, minerales que son y serán valiosos. Los extraños promotores de las mal llamadas sedes quieren seguridad jurídica para violar la Constitución y leyes de Honduras.
Para la inversión privada y pública, en CAPITAL HUMANO, es necesario, y la población hondureña exige seguridad jurídica para que no continúe, como escribe la señora Leticia Salomón “un proyecto caracterizado por tener a las fuerzas armadas como brazo de incondicionalidad monetaria; a buena parte de la empresa privada como socia en negocios, contratos leoninos y proyectos disfrazados de interés nacional; a los diputados de su partido -y de otros a disposición- como piezas clave de precio establecido en las consecuentes decisiones políticas para mantener y consolidar su proyecto; a las cúpulas de las iglesias, en particular de las evangélicas, debidamente alineadas al son de las prebendas; al sistema de justicia -Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público- a disposición constante para resguardar su proyecto, protegerlo y encubrirlo con la legalidad necesaria; y, finalmente, a la policía nacional y militar, para completar el círculo de criminalización de todos los que se interpusieran en su proyecto, aunque fueran causas nobles y justas como la defensa de los derechos humanos, de los territorios y de los recursos fundamentales del país”.
Hay demandas más legítimas, auténticas de seguridad jurídica de las etnias para salvar su vida, para hacer real sus derechos constitucionales a manifestarse y a que no los encarcelen, sin debida causa . Seguridad jurídica para que no les usurpen las tierras.
Otros pedimos seguridad jurídica para l@s migrantes nacionales y extranjero@, para que no las violen, no las maltraten, como sucede en Choluteca, Sur de Honduras .
Otros exigen seguridad jurídica para mantener la desigualdad y
la pobreza del alrededor 60 % de la población, la desigualdad con el coeficiente de Gini de los más altos de América Latina.
tr@s exigen seguridad jurídica para acaparar las fuentes de agua, parasitar de la ENEE y llevarla a la ruina. Para depredar a riqueza forestal de Honduras.
El Nuevo Gobierno y el nuevo Congreso Nacional tienen el gran desafío de priorizar a que solicitud de seguridad jurídica se atenderá!.