Honduras: La corrupción y la miseria del sistema de salud provocan muerte y desesperanza

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Carol Aguirre y sus dos hijos, Keyla y Gustavo, se enfermaron de Covid-19 y estuvieron muy mal. Sin embargo, sintieron miedo de ir al hospital público, porque en ese lugar, todos los días mueren personas a causa de esa enfermedad. Ellos viven en la ciudad de El Progreso, Yoro, 26 kilómetros al este de San Pedro Sula, epicentro del coronavirus en Honduras.

Datos de la Secretaria de Salud indican que en el departamento de Yoro hay 2,423 casos positivos de Covid-19 y 22 personas fallecidas en los centros asistenciales públicos.

“Allí uno solo va a morirse, nunca hay nada, pero tampoco fui a una clínica privada”, señala Carol, quien luego explicó, que una amiga que es doctora le recomendó a ella y a sus dos hijos, hacerse la prueba rápida PCR en un laboratorio privado. Los resultados fueron positivos para los tres y por esa razón, la profesional de la medicina les recetó el tratamiento MAIZ y les encomendó aislándose 15 días del resto de la familia.

Entre las tres pruebas para la detección del virus y la medicina, Carol y sus dos hijos, gastaron 6,300 lempiras (unos $ 254). Cada prueba tiene un costo de 1.000 lempiras y 1,100 que cuesta cada tratamiento MAIZ. “Pero uno prefiere quedarse sin nada que arriesgarse a ir a esos centros de salud públicos llenos de gente, sin medicinas y donde no hay buena atención”, expresa Carol. Ella y sus hijos ya están aliviados  y solo les falta hacerse la última prueba con la fe de estar libres de la enfermedad. 

Situación similar ocurrió con Héctor Romero, vecino del municipio de Valle de Ángeles, en Francisco Morazán, quien sí creyó en el sistema sanitario público y acudió al centro de salud. Sin embargo, no fue bien atendido, porque en ese lugar no fueron capaces ni de practicarle la prueba de detección del virus, tampoco le dieron medicamentos, pese a haber reportado dificultades para respirar y solo le recomendaron reposar por 15 días.

Héctor trabaja en un banco privado de la capital y paga seguro social, fue al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y tampoco fue bien atendido porque esta institución, quebrada por la corrupción política, no les ofrece un trato digno a sus afiliados. Son enormes las filas de pacientes que todos los días llegan a esa entidad con la esperanza de que les practiquen la prueba del coronavirus. Había no menos de 250 personas sin las mínimas medidas de seguridad y Héctor se vio obligado a ir a un centro privado con el que la empresa en que trabaja mantiene un contrato de seguro médico para los empleados. Y fue aquí donde le hicieron la prueba PCR que le resultó positiva.  Vale aclarar que los trabajadores con seguro médico, como Héctor, al recibir atención en un centro privado, tienen que pagar un porcentaje de la consulta y de las medicinas que les indique el médico.

Y fue así como Héctor logró ser tratado, ya se ha recuperado y una segunda prueba le demuestra que está libre de la enfermedad.

Los ejemplos anteriormente descritos manifiestan que la precarización del sistema sanitario público obliga a los hondureños con cierta capacidad económica a refugiarse en las clínicas y hospitales privados para recibir atención médica de calidad, mientras que la gran mayoría está condenada al sufrimiento y a la muerte en los dispensarios públicos que no cuentan el personal adecuado, medicinas, ni equipos médicos.

Corrupción Honduras
La precarización del sistema sanitario hondureño está afectando especialmente a los más pobres.

En las últimas décadas el descuido del gobierno agravó la situación y aunque han tratado de ocultar la realidad, la pandemia de la Covid-19 se encargó de desnudar la precariedad a la que han llevado al sistema sanitario nacional, debilitándolo a propósito para enriquecer ilícitamente a una mafia político empresarial, que a través del tiempo se ha dedicada a la comercialización irregular de servicios médicos, a venta de equipo médico, medicinas y demás enseres con precios sobrevalorados y de mala calidad.

 De esta banda forman parte los medios de comunicación corporativos y los periodistas, acostumbrados a recibir sobornos o millonarios contratos de publicidad a cambio de ocultar la realidad. También existen dueños de medios que le venden al Estado medicinas y otros productos y servicios necesarios en los hospitales que atienden a las personas más pobres.

Basta mirar hacia atrás para darse cuenta cómo a manera de piñata, los políticos y empresarios se han repartido el dinero asignado a la Secretaría de Salud para el tratamiento de los enfermos y mejoras de la red hospitalaria.

Por ejemplo, en el año 2010, en el mandato de Porfirio Lobo Sosa, siendo ministro de Salud, el exdiputado nacionalista, Arturo Bendaña Pinel, Honduras vivió una de las peores crisis provocadas por el dengue, una enfermedad que es prevenible, pero que mató a 83 personas y afectó a 66 mil hondureños. La situación fue aprovechada por unos pocos, y tal como ocurre hoy con la Covid-19, el gobierno declaró emergencia nacional para la compra sin licitación, de insumos, equipos y logística, para el combate del padecimiento.  

Bendaña, autorizó gastar 17 millones 20 mil lempiras de las cuentas de alimentos y de farmacias, les entregó el 60 % a los medios de comunicación para la campaña, “El zancudo se mata así”, en la que aparecía él, simulando matar un zancudo con sus manos. Del total, 10 millones 370 mil 519 lempiras con seis centavos fueron para publicidad. El resto lo utilizaron en la supuesta compra de bombas, fungicidas y hasta en la contratación de avionetas y helicópteros presuntamente para fumigar poblaciones.  

Diez años después, centenas de hondureños siguen muriendo a causa del dengue y solo en el 2019 por esta enfermedad, según cifras oficiales, murieron 180 personas, pese a que, en ese periodo, según el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, hubo un gasto de 250 millones de lempiras para el combate de ese mal. Al 15 de mayo pasado, las autoridades reportaron 19 fallecimientos y 12,311 enfermos.

Lo anterior, solo es el reflejo de lo que ocurre constantemente en la Secretaría de Salud, saqueada por funcionarios y empresarios corruptos, interesados en mantener colapsados no solo los centros asistenciales del sistema público, sino también a los del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que en este momento se encuentra saturado de pacientes y donde según los médicos ya no hay cupo para más enfermos de Covid-19.            

El presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, en la zona norte de Honduras, doctor Carlos Umaña, ha manifestado que las salas de atención a pacientes por Covid-19 en los hospitales, Leonardo Martínez, Catarino Rivas e IHSS de San Pedro Sula, están abarrotadas y con varios médicos y enfermeras contagiados del virus.

Al abandono gubernamental se agrega que en plena pandemia las enfermeras de diferentes hospitales del país realizan manifestaciones públicas para exigir la dotación de materiales de bioseguridad y el pago retrasado de cuatro meses de salario, tal como ocurrió el miércoles 22 de julio en el Hospital Escuela de Tegucigalpa y con la renuncia el pasado 5 de agosto de 50 enfermeras, entre profesionales y auxiliares, en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula por la falta de pagos, bonos profesionales atrasados y la carencia de insumos médicos de bioseguridad para hacerle frente al coronavirus.

En San Pedro Sula, es la segunda ciudad más importante de Honduras y donde se reporta el mayor número de muertos y de casos positivos de Covid-19. Es la capital industrial del país y sus hospitales están colapsados, porque es allí a donde llegan los pacientes que provienen de El Progreso, Villa Nueva, Choloma, La Lima, Potrerillos, Santa Rita y Puerto Cortés, que son municipios aledaños, con mucha industria textil y demasiada concentración de personas.  

De todos estos municipios, solo El Progreso y Puerto Cortés tienen hospital, pero son muy pequeños  e incapaces de atender a toda la población que demanda atención médica, por lo que las autoridades y la sociedad civil han tenido que habilitar centros de triajes improvisados en carpas y en edificios públicos y privados, como el Gimnasio Municipal y Expocentro, en San Pedro Sula y el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otros que han sido autorizados en Tegucigalpa.

 El gobierno ha erogado millonarios recursos para el combate de la enfermedad, pero al domingo 9 de agosto las autoridades reportaban estadísticas retrasadas de dos semanas con 1,495 fallecimientos, 47,454 casos positivos y solo 6,597 personas recuperadas. Los datos no incluyen a las personas que mueren en sus casas ni los fallecimientos en clínicas privadas.  

Del total de contagiados más cerca de 2,000 son trabajadores de la salud que se han contagiado en el ejercicio de sus labores. De ellos, varias enfermeras y microbiólogos, y al menos 35 médicos, han fallecido y cinco más se encuentran en estado de gravedad. No obstante, empresarios y gobierno, interesados más en la economía que por la vida de la gente, se alistan para reabrir más fábricas y negocios, e incluso el transporte colectivo urbano e interurbano, que por falta de vigilancia de las autoridades no tienen medidas de seguridad y podrían ocasionar el contagio masivo de personas. El gobierno dice que la tasa de mortalidad es de 3.15 %, pero los médicos que están al frente de la enfermedad aseguran que esa tasa anda arriba de 5,5 %.

Corrupción Honduras
Un niño aguarda, tirado en el piso, para ser ingresado al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa.

Situación alarmante

A más de cuatro meses del aparecimiento del primer caso de Covid-19 en Honduras las cifras siguen creciendo por las deficiencias del sistema sanitario. Los datos que reporta a diario el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), dando a conocer los contagios y muertes de personas, son desactualizados y de hasta 15 días de retraso porque el Laboratorio Nacional de Virología no cuenta con el equipo y el personal necesario para procesar todas las pruebas que se hacen.

Y mientras tanto, la capacidad de los hospitales se ha desbordado por la gran cantidad de pacientes que llegan en busca de atención médica y que no reciben un trato digno por las grandes filas que se hacen por falta de espacio y de médicos y enfermeras. La directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido popularmente como El Tórax, Nora Maradiaga, ha manifestado que la situación en ese centro asistencial es alarmante, por el incremento de muertes provocadas por la pandemia de la Covid-19. 

Ella ha manifestado que en ese centro asistencial ya no hay espacio para más personas, pero no ha revelado que los pacientes que llegan en busca de atención permanecen largo tiempo en las afueras esperando ser atendidos y que algunos han fallecido en el portón cuando esperan ser ingresados.

Criterio.hn accedió a las declaraciones de una enfermera que, para su protección, no revelamos su identidad, quien afirmó que varias personas no han muerto por la enfermedad sino por falta de cupo y por la carencia de personal médico y de enfermería.

Explicó, que en el Tórax hay tres salas. En una atienden a los enfermos de Covid-19 – VIH, otra de Covid-19 -Tuberculosis y en otra únicamente a pacientes con Covid-19, que el personal es mínimo y que a cada enfermera le han ordenado la atención de 25 pacientes.  Ella dice que eso es demasiado porque no les da tiempo para atender adecuadamente a los internos.

Reveló, que el descuido es tan grande que, en diferentes fechas, tres pacientes se han muerto por caídas de la cama y que al final los han reportado que fue a causa de Covid-19. “Y no fue por la enfermedad”, nos relató, para luego explicar, que las enfermeras se descuidan porque no se dan abasto.     

También dio a conocer, que en una ocasión una enfermera le entregó turno a la llegó a reemplazarla, sin darse cuenta de que uno de los pacientes de la sala ya estaba muerto. “No lo reportó y se lo entregó a la enfermara”, dijo. Detalló que de 25 enfermeras que se practicaron la prueba de Covid-19, veinticuatro resultaron positivas.

Privatización es un tema trillado

Según diversos sectores de la sociedad, el gobierno de Honduras lleva décadas debilitando el sistema sanitario con el propósito de desprestigiarlo y concesionarlo al sector privado. El gobierno lo niega, pero sus acciones manifiestan lo contrario. A la fecha ya son muchos los centros de salud y hospitales que a través de la descentralización han pasado a ser manejados por organizaciones no gubernamentales y alcaldías.        

En febrero pasado, médicos de la zona norte rechazaron la intervención del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, por considerar que el gobierno trata de privatizarlo. Denunciaron que el centro asistencial carece de medicinas, insumos médicos y de verdaderas políticas públicas para la atención de calidad de los pacientes. 

El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, doctor Samuel Santos, señaló, que ese centro asistencial lo que necesita es un presupuesto de 1,500 millones de lempiras y no una comisión interventora y aseveró que hace siete años el gobierno fracasó en la intervención que le hicieron a ese mismo hospital. El galeno dijo que el Catarino Rivas no cuenta con cardiólogos, que solo hay cuatro internistas y que “el sistema sanitario pasa por una emergencia permanente. Estamos en contra de la privatización de la salud, pero esto es lo que les espera a los hospitales si no hacemos una lucha”, expresó Santos.

Pese a los cuestionamientos y evidencias, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, niega que el gobierno tenga la intención de privatizar ese centro asistencial y señaló que la primera intervención la realizaron para iniciar un proceso de transformación y aceptó que por la mala atención en esa oportunidad encontraron a una persona engusanada.  También admitió que ese centro asistencial no cuenta con especialistas de cardiología y que los internistas no son suficientes.

Ella dice que la privatización de la salud es un tema trillado que lo viene escuchando desde hace años y se niega a reconocer que muchos servicios, como el de la diálisis y los exámenes, que deberían darse gratuitamente en la Secretaría de Salud, los atienden instituciones privadas a costa del bolsillo y de la salud de los pacientes.

Reactivamente y a manera de formar grupos de choque, como ocurrió en educación después del golpe de Estado de 2009, con el movimiento Volvamos a Clase, la ministra Flores le hizo un llamado a la población a defender lo que ella considera “derecho a la salud” y a no permitir más asambleas informativas.

Se ha demostrado que en los centros asistenciales no hay suficiente personal de enfermería y que la mayoría de ellos (as) han sido contratados temporalmente y sin los mínimos derechos contenidos en la ley. Por ejemplo, el 20 de marzo pasado, en medio de la crisis por Covid-19 las enfermeras (os) del hospital Mario Catarino Rivas realizaron acciones de protesta para exigir el pago de salarios atrasados y los insumos necesarios para combatir el coronavirus. A ellos, les adeudaban tres meses de salarios.

Concepción Oseguera, presidenta de la seccional del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys) del Hospital Mario Catarino Rivas, afirmó que todos los hospitales de Honduras están abandonados y que el personal de enfermería está sobrecargado de trabajo. Aseguró que hay enfermeras obligadas a atender hasta 60 pacientes, sin material quirúrgico y sin medicamentos.

 “Y los pacientes compran antibióticos, analgésicos y todo tipo de materiales”, sostuvo María Isabel Manzano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras, en esa seccional. Informó que, para no saturar la emergencia, obligan a los pacientes a comprar hilos y gasas. 

La crisis no la pueden esconder en la segunda ciudad más importante de Honduras, pero que no podría pasar en los centros de salud de las zonas postergadas, como en la clínica materno infantil de Corquín, que es sostenida por las aportaciones de una mancomunidad formada por las alcaldías pobres del sur de Copán y Belén Gualcho, en Ocotepeque. Estas corporaciones municipales sobreviven por las transferencias del gobierno central, que son retrasadas cuando no son presididas por el partido en el poder.  

Pero la situación se evidenció más con la aparición de los primeros casos de Covid-19 y cuando los médicos y enfermeras de todo el país protestaron por falta de ventiladores mecánicos, medicamentos y los insumos de bioseguridad para contrarrestar el virus. “En nuestro país, donde el sistema de Salud está colapsado, obviamente cualquier aumento en el número de atenciones lo colapsa más”, dijo la doctora, Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Figueroa dice que al Gobierno nunca le ha interesado invertir en el sistema de salud y que esa actitud contrasta con las atenciones que sí le da al ejército y a la Policía. “Vemos una Policía bien armada, pero una mascarilla que al Estado le puede costar diez lempiras no está a disposición del personal de salud”, cuestionó.

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El personal de salud rechaza la intervención en los hospitales y centros de salud, una de las medidas denunciadas por ser parte del proceso de privatización.

Millonarios recursos y endeudamiento

El 13 de marzo los diputados del Congreso Nacional aprobaron mediante la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social, 420 millones de dólares (10 mil 374 millones de lempiras) para el combate del coronavirus. En ese momento comenzaba a propagarse el virus, y según el ministro de la Presidencia Ebal Díaz, con ese dinero construirían 90 centros de atención médica, contrarían personal en todo el país y habilitarían una plataforma electrónica.

Desde el inicio, la presidenta del CMH, denunció que los recursos aprobados serían destinados a incentivar la tercerización de los servicios de salud, que el Congreso se comporta como una estructura criminal que no le importa aprovecharse de una situación como la pandemia del coronavirus y reiteró que el gobierno solo busca la privatización del sistema sanitario.

Por su parte, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, afirmó que 640 millones de lempiras serían utilizados para contratación de personal, la instalación de los hospitales móviles, la compra de respiradores artificiales y equipos de protección para los médicos y enfermeras. Sin embargo, el Congreso aprobó más de 10 mil 374 millones de lempiras. ¿Dónde está el resto del dinero? 

Adicional a los fondos descritos, el Poder Ejecutivo aprobó estado de emergencia sanitaria el 10 de febrero mediante el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y asignó 110 millones de lempiras para el combate del dengue y medidas de contención para evitar la propagación de la Covid-19.

El 25 de abril el Congreso Nacional aprobó dos préstamos con el Banco Mundial, que juntos suman 4,850 millones de lempiras. Uno es por 119 millones de dólares y el otro por 75 millones de dólares, destinados a apoyar a los empresarios de la agroindustria, a las municipalidades y al sector salud.

De igual manera, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le aprobó al Banco Central de Honduras una línea de crédito por 200 millones de dólares. Y aparte, el gobierno también le solicitó 50 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que supuestamente serán utilizados en la contratación de personal de la medicina, compra de equipo y la implementación de la tecnología necesaria para hacerle frente a la Covid-19.

Corrupción y compras

De acuerdo con informes de distintas organizaciones sociales el gobierno no ha sido transparente en los procesos de compra realizados en la emergencia sanitaria. Y entre otras irregularidades se ha denunciado fraude contra el Estado por la sobre valoración de precios, negligencia de las autoridades en la compra de equipos de mala calidad y abusos en la toma de decisiones.

El informe de una auditoria presentada en mayo pasado, por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), indica que el gobierno hondureño compró equipo de bioseguridad y materiales quirúrgicos por 390.6 millones de dólares, con procesos deficientes y con las evidencias de posible corrupción.

Menciona, que las autoridades tomaron decisiones de forma discrecional y sin el conocimiento de los bienes y productos que iban a comprar. Además, el informe detalla que los responsables de hacer las compras exoneraron a los proveedores de las responsabilidades por el incumplimiento de garantías de calidad y precarizaron el ya deficiente servicio de la salud.

La ASJ demuestra la indolencia del gobierno, con los 250 mil kits de pruebas para la detección del coronavirus, compradas por 191.8 millones de dólares (46.5 millones de lempiras), que los médicos no pueden utilizar porque los recibieron incompletos. Es importante mencionar que las autoridades le perdonaron la penalización por calidad a la empresa que entregó productos incompletos, es decir que, esos 191.8 millones de dólares que los hondureños van a pagar con impuestos se perderán, porque tampoco existe la esperanza en que el Ministerio Público investigue la situación.  

Asimismo, negligentemente, el gobierno compró 740 ventiladores mecánicos por 144.1 millones de dólares, (3,559.3 millones de lempiras) que tampoco se pueden utilizar por dos razones. En abril pasado compraron 140 ventiladores mecánicos en Estados Unidos, inservibles para el tratamiento del coronavirus. Y el resto de los equipos, se dice que llegarán de a poquito para culminar en diciembre.

Los dirigentes del Colegio Médico advirtieron desde el principio que los ventiladores comprados en Estados Unidos no eran aptos para el tratamiento del coronavirus, luego se sumaron otros especialistas, pero las autoridades  continuaron el proceso y cuando llegaron al país, anunciaron haberlos entregado en los hospitales de referencia, como el San Felipe y el Tórax, en Tegucigalpa; Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez, de San Pedro Sula; Hospital Atlántida, en La Ceiba; y Salvador Paredes, en Trujillo, Colón, donde aparentemente permanecen sin utilizar.

De igual manera, por 46.9 millones de dólares (1,158.4) millones de lempiras), las autoridades compraron siete hospitales móviles de aislamiento, cada uno con su respectiva planta de tratamiento de residuos médicos.

En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, hizo la compra a la compañía Elmed Medical Systems Inc., con una sobrevaloración del 69 %, según un informe divulgado el 20 de julio por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que refiere que el costo real es de 14 millones de dólares y no de 46.9 millones de dólares. La compra se realizó a la empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.

Dos de los siete hospitales llegaron a Puerto Cortés el 7 de julio pasado y, según una inspección del Ministerio Público, en los contenedores venía accesorios médicos usados, deteriorados y que vencieron desde el 2016.

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La falta de hospitales y centros de salud pública tiene al borde de la desesperación a los hondureños que buscan atención médica ante los brotes del nuevo coronavirus.

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También se registra la compra de equipo de bioseguridad, por 7.8 millones de dólares (192.7 millones de lempiras), de los que se dice que unos son de mala calidad y que otros que, si son buenos, fueron comprados a precios superiores de lo normal. Entre ellos se encuentra un lote de mascarillas de papel y otro de mascarillas N-95 adquiridos por 200 lempiras cada una.

En las últimas semanas el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, también denunció que en los hospitales que compró el gobierno a una empresa de maletín en Estados Unidos, por 47.5 millones, los funcionarios se robaron 680 millones de lempiras por la sobrevaloración del precio real.

Como parte de las irregularidades se ha denunciado que empresas ligadas a funcionarios públicos del gobierno central y de diputados del Congreso Nacional figuran como proveedores en la actual emergencia sanitaria, pese a la prohibición de la Ley de Contratación del Estado.

Lo anterior demuestra la gravedad del sistema de salud hondureño, la danza de millones en los bolsillos de funcionarios y empresarios y la displicencia de los órganos encargados de investigar y de aplicar justicia. El Ministerio Público ha anunciado que mantiene abiertas 11 líneas de investigación de los hechos, pero no tiene facultades para la presentación de un requerimiento fiscal, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas emita su informe del tema.

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