Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- A menos de un mes de que se cumplan dos años de la desaparición forzada de cuatro jóvenes líderes de la comunidad Garífuna, Triunfo de la Cruz -en la Bahía de Tela, zona atlántica hondureña-, las autoridades continúan guardando un silencio hermético sobre el caso.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) señaló que “a casi dos años de la desaparición de jóvenes líderes Garífunas en Triunfo de la Cruz el hermetismo de las autoridades al respecto es una muestra más del estado fallido existente en Honduras. La narcodictadura dosificó la violencia como herramienta de control social”.
El presidente del Patronato de la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, Albert Snaider Centeno Thomas, junto a Suami Aparicio Mejía García, y Gerardo Misael Trochez Cálix, fueron desaparecidos en un operativo la madrugada del 18 de julio de 2020, en medio de un toque de queda.
La Ofraneh identificó los uniformes de los elementos que participaron en la acción y señalaron que estos corresponden a los usados por el Departamento de la Policía de Investigación (DPI). Además, especificaron que el hermetismo de las investigaciones les conduce a creer que se trata de un crimen de Estado.
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En repetidas ocasiones, la organización ha solicitado al Ministerio Público y al Estado de Honduras la incorporación del Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA por sus siglas en Garífuna) en la investigación de la desaparición y sus solicitudes han sido negadas.
En junio de 2021, la Procuraduría General de la República (PGR) negó la participación del SUNLA en la investigación de los cuatro jóvenes Garífunas desaparecidos, argumentado que la inclusión en el proceso investigativo violaría los principios de derecho internacional público, relativos a la soberanía, por lo tanto no se debe de realizar ninguna intervención en los asuntos del Estado y sus procesos de investigación.
En respuesta, integrantes del SUNLA expresaron no pretender sustituir al Estado en sus atribuciones u obligaciones, tampoco violar los principios indicados, pues lejos de constituir una forma de injerencia extranjera o nacional supone una iniciativa nacida desde el pueblo Garífuna, a través de la cual éste ejerce su autodeterminación como pueblo culturalmente diferenciado.
La coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, ha afirmado que existe “un plan de genocidio contra el pueblo garífuna por el Estado Hondureño” y que se encuentran a las puertas de enfrentar el “tercer destierro”, pero que “estamos luchando porque creemos, y estamos plenamente convencidos y convencidas, que tenemos derecho a seguir viviendo aquí en Honduras y en paz”.
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En una gira de denuncia por violaciones de derechos humanos a España, Miranda apuntó al diario El Español que intereses políticos, empresariales y de crimen organizado amenazan a las 45 comunidades y territorios ancestrales que conforman el territorio Garífuna en Honduras.
En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros. No obstante, a casi siete años de la sentencia, Honduras continúa sin cumplir las reparaciones establecidas por el Tribunal.
