La declaración universal de derechos humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, agregando que todos nacen ante la ley y deben gozar de ella sin distinción
Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – La atrocidad con que suceden muchos crímenes contra las poblaciones diversas exterioriza profunda discriminación, la cual solo puede combatirse desde la responsabilidad del Estado de prevenir los hechos de violencia e incluyendo la responsabilidad de la sociedad para originar la mejoría en las garantías a los derechos humanos.
Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, señaló a Criterio.hn que, claramente el Estado debe ser responsable en dar atención y prevención adecuada a las muertes violentas y la violencia.
“La mejor forma de prevenir hechos violentos es la adecuada investigación, porque eso produce que ya no tengamos los niveles de impunidad que existen en el país, es la mejor forma de mandar un mensaje y que esos hechos no se repitan”, expresó Albaladejo.
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No obstante, también existe la responsabilidad como sociedad pues los hechos se han reproducido porque prevalece una cultura de inmunidad ante los hechos, es decir, una sociedad indolente que ignora los ataques y la violencia contra las poblaciones LGBTI.
En el primer foro regional de justicia sin impunidad ni prejuicios para las personas LGBTIQ+ de las Naciones Unidas, se informó sobre los avances y desafíos para la investigación y judicialización de muertes violentas de personas diversas en Latinoamérica.
El relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidbal-Binz, expresó que la ética profesional al momento de investigar un caso de muerte violenta debe ser la base de todas las partes involucradas.
Es de prioridad asegurar la integridad y efectividad del proceso de investigación, promoviendo los objetivos de justicia y derechos humanos. Además, deben prevalecer las responsabilidades éticas hacia las víctimas, sus familiares y otras personas a la cuales concierna la investigación, apuntó Morris.
Durante la recuperación y manipulación de los restos humanos –la prueba más importante del delito-, requieren de especial atención y cuidado, sin olvidar el respecto a la dignidad de la persona fallecida y el cumplimiento de las mejores prácticas forenses.
Mencionó que en el caso de Vicky Hernández Vs Honduras no hubo dirigencia para el proceso de investigación, ignorando que el protocolo de Minnesota destaca la obligación del Estado de asegurar la prontitud de las pesquisas, mismas que deben llevarse a cabo en conformidad con estándares y principios aplicables incluyendo el enfoque de género, diferencial e interseccional, entre otras.
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HONDURAS ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS MUERTES DE PERSONAS LGBTI
Para Pedro Vera, asesor regional de la OACNUDH sobre los derechos de las mujeres y cuestiones de género, el caso de Vicky Hernández contiene un desarrollo importante, una contextualización lo cual es importante para entender este tipo de crímenes, el proceso dio paso a la sentencia contra Honduras, el cual exigen un protocolo para investigar más casos como este.
Puntualizó que estos casos quedan invisibilizados o cuando se investigan no se hace con la diligencia necesaria, que es ese estándar desarrollado muy claramente por órganos jurisdiccionales del sistema interamericano, o por los procedimientos tanto del consejo de derechos humanos como los creados en virtud de los comités, entonces queda muy claro el desarrollo de la debida diligencia.
“La imparcialidad de los operadores de justicia en sentido amplio de Policía, Medicina Forense, del Fiscal, requiere de una actuación diligente, porque si no se actúa bajo ese estándar, en futuro se cuestionará el protocolo regional, cuál es la naturaleza y el alcance del mismo, eso debe estar incorporado porque estamos hablando de violaciones muy graves a los derechos humanos”, resaltó Vera.
La representante de la Red Regional Sin Violencia LGBTI, organización Colombia Diversa, Marcela Sánchez, apuntó que los distintos avances en la región en materia de reconocimiento de derechos humanos para las personas LGBT, han sido resultado de la presión y la organización de la sociedad civil.
“En este tema de las muertes violentas y de los asesinatos contra las personas LGBT, el saber de la sociedad civil es muy importante de cara a la construcción de este tipo de instrumentos, guías y protocolos que puedan servir a los estados para prevenir e investigar adecuadamente esta violencia”, resaltó Sánchez.
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El foro compartió que, entre 2014 y 2022 al menos 4, 094 personas han sido asesinadas a nivel de 11 países de la región y, para el 2022, suman 133 personas LGBTI han sido asesinadas. Además, en 2021, se registraron 675 muertes violentas en su contra, la mayoría de los casos sucedieron en Honduras, México y Perú.
La sociedad civil comprometida con el tema de las violencias contra las poblaciones vulnerabilizadas, tienen enormes desafíos debido a la invisibilidad estadística en cuanto a las muertes de personas diversas, exhortando a los estados a responsabilizarse en cuanto a sus obligaciones de medir la violencia de género.
