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Honduras es una sociedad y un Estado gobernado desde decisiones y estructuras criminales

Honduras es una sociedad

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Tegucigalpa. La Coordinación Interdiocesana presentó su posicionamiento «Soñamos una Honduras Diferente», en el que subrayó la profundización de la crisis en el país, con señales claras de degradación de la sociedad a través de su modelo económico, medio ambiente y su institucionalidad política.

«Hablamos de una sociedad y un Estado que son gobernados desde decisiones y estructuras criminales. Así lo demuestran las constantes y persistentes sentencias judiciales emanadas del Distrito Sur de Nueva York», abordó el documento de seis páginas.

Conformados por las Diócesis de Juticalpa, Trujillo, La Ceiba, San Pedro Sula y Choluteca, la Coordinación Interdiocesana realizó un análisis de los desafíos que enfrenta Honduras, a la vez que plantea los compromisos inclusivos a los que se debe llegar para «soñar un país para todos, sin exclusiones, equitativo, sostenible, amigable con los pobres y la casa común, con oportunidades concretas para el mayor potencial que tiene Honduras: los jóvenes».

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GRANDES DESAFÍOS

Entre los desafíos que identifican está la agudización de la desigualdad a través de un sistema económico que funciona a favor de unos pocos, relegando y empujando a las grandes mayorías hacia una mayor miseria teniendo que sobrevivir sin apenas oportunidades, como se ha visto durante la pandemia.

«Los líderes que conducían el capital siguen siendo los conductores, y se les ve en la banca, las industrias maquiladoras, extractivas, agroexportadoras, farmacéuticas, tecnológicas, mediáticas y virtuales. Esta desigualdad significa para riqueza y opulencia para unos, y para otros pobreza y miseria; para unos poder y dominación, para otros hambre y desesperación», refiere el reporte.

Un segundo reto es el deterioro y degradación ambiental provocado por el modelo extractivista que explota a las personas y a los bienes comunes de la naturaleza con el exclusivo propósito de hacer dinero y que provocará mayor conflictividad.

«El anuncio masivo de las ZEDES nos lleva a la pérdida de soberanía, a la venta por lotes de nuestro territorio con total secretividad de las autoridades, apuntando al desplazamiento forzado de comunidades y pueblos originarios», anotan; a la vez que remarcan los daños generados por la industria extractiva, la agroindustria, la minería y la imposición de represas hidroeléctricas.

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Un tercer desafío es la ingobernabilidad producto de la degradación de la democracia a causa de la corrupción y la impunidad. Indicando que según los sondeos realizados por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) la desconfianza sobrepasa el 80 por ciento en los partidos políticos, el Congreso Nacional, el Gobierno Central, las instancias responsables del proceso electoral y la institucionalidad de justicia.

«La pandemia ha dado luz verde a un sentimiento nacionalista que tiene que ver con el encierro, con la confrontación con lo diversos y distintos, y muy cercano con laxenofobia y el racismo. En lugar de apertura hacia una mayor búsqueda participativa, la tendencia que se abre es a cerrar espacios de democracia y a consolidar proyectos autoritarios con un mayor liderazgo de militares, caudillos y dictadores», subrayó  el informe.

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HACIA COMPROMISOS Y ACUERDOS INCLUSIVOS

Ante este escenario proponen en primera instancia repensar el país a partir del debate y la construcción de acuerdos socioeconómicos por medio de un modelo alternativo al que produce desigualdades crecientes. «Hay que llegar a la base, las causas, que producen estas desigualdades. Tocar la llaga del modelo neoliberal capitalista, con sus dinamismos económicos productores de desigualdades, exclusiones y violencia», insisten.

En segundo lugar piden abordar de forma integral los temas ambientales a partir de una propuesta de desarrollo que armonice el bienestar humano con el cuidado de los bienes de la naturaleza y que rompa con la industria extractiva, defina un reordenamiento agrario en el marco de un concepto de territorialidad que proteja los derechos ancestrales y de producción de las comunidades campesinas e indígenas.

En tercer punto, urgen promover acuerdos sociopolíticos, jurídicos e institucionales que afronten la corrupción y la impunidad; la violación de derechos humanos, ambientales y de género; la libertad de expresión y el derecho a decidir. También lo referente a los procesos electorales, la participación ciudadana, el presupuesto nacional, la defensa y seguridad y los organismos contralores del Estado.

Al finalizar el posicionamiento, monseñor Miguel Lenihan de la Diócesis de La Ceiba, señaló que si bien se trata de una «radiografía que nos enseña las enfermedades del país» también presenta varias soluciones para su atención. En la misma línea, monseñor José Bonello de la Diócesis de Juticalpa, asintió que como miembros de un mismo cuerpo se comparte el gozo y el dolor por lo que «cuando sufre un miembro compartimos también el dolor y el sufrimiento».

Monseñor Luis Solé de la Diócesis de Trujillo, declaró que a través del posicionamiento buscan la construcción de una democracia participativa mediante la cual el pueblo descubra formas de organizarse, solidarizarse y tome iniciativas; porque «la democracia representativa no existe, es un fracaso, porque quienes deberían representar al pueblo no lo representan y en muchos casos están de espaldas o contra el pueblo».

 

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