Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa. La acción desencadenante fue el asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016. Pero el origen de la nueva oleada de violencia contra el pueblo Lenca de Intibucá inició con la imposición ilegal del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ) en la comunidad de Río Blanco.
En el cierre del juicio Fraude sobre el Gualcarque, el bufete Estudios para la Dignidad y el equipo del Movimiento Amplio por la Justicia y la Dignidad (MADJ) señalaron, mediante un comunicado, que las pruebas en este juicio demostraron que la “subyugación de la institucionalidad del Estado por parte de grupos empresariales, financieros y funcionarios corruptos no solo se realizó para este caso, sino que fue práctica estandarizada para muchos otros proyectos de generación de energía”.
Lo que provocó graves daños a la economía y la administración pública, profundizando la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que a la vez llenó de violencia a muchas comunidades de Honduras.
El bufete de derechos humanos señaló que fueron catorce testimonios, cinco peritajes y más de 200 documentos evacuados como medios de prueba, que habrían confirmado la participación de los imputados “en una estructura criminal integrada por empresarios, banqueros y funcionarios públicos que normalizaron la corrupción para apropiarse de la riqueza del Estado y para violentar los derechos del pueblo Lenca de Río Blanco”.
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Los imputados en el caso por los delitos de uso de documentos públicos falsos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones, son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Arqueta, Roberto Aníbal Lozano, José Mario Carbajal, Luis Eduardo Espinoza y Raúl Pineda.
Roberto David Castillo Mejía ya fue sentenciado a 22 años y seis meses por su coautoría en el asesinato de la entonces coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Isabel Cáceres Flores
Durante el testimonio del banquero y empresario, Jacobo Atala, se evidenciaron una serie de contradicciones en los tiempos referidos entre el momento en que Atala conoció a David Castillo, el estudio del análisis financiero y el momento en que la familia Atala Zablah decidió invertir en la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Especialmente, cuando Atala Zablah dijo no conocer a Castillo hasta mediados de 2011 y que Castillo señaló que en ese momento él tenía la empresa [DESA] bajo control de otras personas, esto es relevante considerando que Castillo no dejó de laborar en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta marzo de 2012, compartió en una entrevista previa con Criterio.hn el abogado de la Causa Berta Cáceres, Pedro Mejía.
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“Esto tiene implicaciones particulares en el proceso porque Jacobo Nicolás Atala estaría reafirmando la tesis de acusación mediante la cual nosotros indicamos que Roberto David Castillo siendo empleado de la ENEE y teniendo relación directa con el gerente general, también imputado, y con la autorización y aprobación de proyectos de generación de energía, él ordenó la constitución de DESA a nombre de dos empleados que él tenía”, explicó Mejía.
El comunicado en conjunto del bufete Estudios para la Dignidad y del Movimiento Amplio por la Justicia y la Dignidad (MADJ) señaló que tras finalizar este debate judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República quedan con “la obligación de revertir los actos criminales de esta red de corrupción, revocar administrativamente la concesión del PHAZ, demandar la reparación de todos perjuicios”.
Así como “iniciar causas penales contra en contra de muchos otros funcionarios, banqueros y empresarios que en otros proyectos han sido aludidos en este juicio, y que actuaron con la misma dinámica criminal que actuó la red de corrupción del fraude sobre el Gualcarque”.
Además, “reiteramos que el desarrollo de este debate constituye una oportunidad y una obligación para que el Estado y gobierno de Honduras inicie y consolide una rigurosa revisión de las concesiones de recursos naturales para la generación de energía al sector privado, con el propósito de sancionar las redes de corrupción que operaron, siguen operando y asfixiando a la ENEE”.
El bufete Estudios para la Dignidad y el equipo legal del MADJ concluyeron el comunicado afirmando que cierran este ciclo de trabajo y litigio con la certeza que los imputados, por el peso de la prueba, deben ser condenados por el Tribunal de Sentencia del Distrito Anticorrupción. Agregando que esperan este sea el comienzo del desmontaje del “corrupto modelo de concesiones que causa severos daños al país y a muchas comunidades”.
El viernes 19 de agosto se realizó la etapa de conclusiones del juicio Fraude sobre el Gualcarque, con el Poder Judicial irrespetando el principio de publicidad y transparencia al no transmitir la audiencia celebrada en el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Una acción que el Copinh calificó como “una violación al derecho de acceso a la justicia del Pueblo Lenca”. A la vez que el integrante de la Misión de Observación Calificada Berta Cáceres, Pedro Landa, declaró que la irregular acción ha sido repetitiva durante el proceso y “rompe con el principio de máxima publicidad”.
