Este jueves 1 de agosto se realizará la lectura de la sentencia de Juan Carlos Bonilla, el exjefe de la Policía Nacional de Honduras que participó de forma activa en la protección de cargamentos de drogas e incluso asesinó por órdenes de los Hernández Alvarado
Tegucigalpa. – La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó se imponga una sentencia de 30 años de prisión para el exdirector de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Juan Carlos “El Tigre” Bonilla acusado en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico.
El exjefe policial estipuló en su acuerdo de culpabilidad del 6 de febrero de 2024, que su conducta delictiva implicó la importación de más de 450 kilógramos de cocaína, así como la importación ilegal de una sustancia controlada usando una aeronave, y el soborno a operadores de justicia para facilitar la comisión del delito, entre otros.
“El Tigre” Bonilla fue arrestado en Honduras el 29 de marzo de 2022 y extraditado a Estados Unidos el 10 de mayo de 2022, acusado por los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
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“Durante años, el acusado se aprovechó de sus cargos en la PNH para facilitar el tráfico de cocaína, entre otras cosas (i) proporcionando protección armada a montañas de cocaína que viajaban a través de Honduras, (ii) dirigiendo a otros agentes corruptos de las fuerzas del orden a su cargo para que protegieran de forma similar esos envíos, y (iii) facilitando información sensible de las fuerzas del orden relativa a operaciones de interdicción de las fuerzas del orden a sus co-conspiradores en apoyo de su tráfico de cocaína”, lee la carta dirigida al Juez Kevin Castel por la Fiscalía de cara a la lectura de sentencia este jueves 1 de agosto.
LA RED DE NARCOS PROTEGIDA POR EL EXJEFE POLICIAL HONDUREÑO
El documento aborda cómo Bonilla abuso de sus posiciones en la Policía Nacional de Honduras para traficar drogas entre 2003 hasta 2016, al proveer protección armada a los cargamentos de cocaína que atravesaban Honduras. Así como la violencia a la que recurrió para eliminar rivales que amenazaban el control de sus co-conspiradores para el tráfico de cocaína.
Apuntan que entre los traficantes protegidos por “El Tigre” –como era conocido el exdirector de la Policía Nacional– se incluyen Juan Antonio “Tony” Hernández y Amilcar Alex Ardón Soriano, dos de los mayores traficantes de cocaína en Honduras. También protegió otras organizaciones criminales, entre estas Víctor Hugo Díaz Morales, Leonel Rivera Maradiaga de Los Cachiros y los Valle Valle.
Afirman que la relación con “Tony” Hernández, excongresista y hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), inició antes que este fuera electo como diputado y cuando su ascenso en el mundo de la cocaína empezó a tomar forma.
“El acusado pasó años trabajando con muchos de los mayores y más violentos narcotraficantes de Honduras (y del mundo) para protegerlos a ellos y a su cocaína en su tránsito hacia Estados Unidos. Aceptó sobornos, corrompió instituciones y ordenó a sus subordinados que hicieran lo mismo, y lo hizo bajo el pretexto de sus responsabilidades oficiales como oficial de alto rango de la PNH”, detalla la carta firmada por el fiscal Damian Williams.
Se discute además la participación en el grado de ejecución por parte de Bonilla en el asesinato de Franklin Arita, a petición de “Tony” Hernández, así como su asociación y protección de las actividades ilícitas de miembros de alto rango de la organización Mara Salvatrucha “MS-13”.
Remarcan que “antes de su detención, el acusado tenía una reputación bien conocida dentro de Honduras por su supuesta disposición a llevar a cabo actos violentos como miembro de la PNH, lo que provocó una importante protesta pública sobre la supuesta implicación del acusado en asesinatos y violaciones de los derechos humanos”.
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ARGUMENTOS DE “EL TIGRE” NO SON PERSUASIVOS, DICE FISCALÍA
Con relación a la petición de Juan Carlos Bonilla a una pena de 120 meses (10 años) de prisión, la sentencia mínima mandatoría, la Fiscalía señaló que esta es 20 años menos que la solicitada por dicha oficina.
Establecen que la solicitud del acusado se basa en tres principales argumentos: afirma que su participación en la ofensa no involucró asesinatos, alega haber tenido una difícil crianza y poseer ejemplares antecedentes profesionales, y finalmente, argumenta su edad, salud y las condiciones del confinamiento que ha soportado.
En respuesta la Fiscalía señala que la Corte debería rechazar las aserciones del acusado en cuanto a que nunca participó en asesinatos ligados al narcotráfico. Recalca que, en dos juicios distintos, se estableció que Bonilla asesinó a Franklin Arita por orden de “Tony” Hernández.
“Además, como se describió anteriormente, el testimonio también estableció que, en o alrededor de 2010, justo antes del asesinato de Arita en 2011, ‘Tony’ Hernández le dijo a Díaz Morales que el acusado era un socio «muy violento» y de confianza de Juan Orlando y ‘Tony’ Hernández que podía llevar a cabo asesinatos en su nombre”, detalla.
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Incluso comparan las acciones violentas de “El Tigre” Bonilla con la conducta de “Tony” Hernández y Geovanny Fuentes Ramírez, quienes cometieron actos de violencia y fueron condenados a cadena perpetua tras ser declarados culpables.
Advierten que la sentencia mínima solicitada por Bonilla resultaría en una disparidad de condenas injustificadas, dado que sería inferior a la condena de 180 meses (15 años) impuesta al coacusado Mauricio Hernández Pineda, un oficial de menor rango, quien a diferencia de Bonilla no habría cometido actos de violencia.
Con respecto a los alegatos sobre crianza y antecedentes profesionales, la Fiscalía sostiene que el acusado tuvo todas las oportunidades para hacer el bien en su vida. Recibió educación, se alistó en el ejercitó y llegó a ser el miembro más antiguo de la Policía Nacional de Honduras. Además de tener una familia que le apoya.
La Fiscalía admite que el tiempo en prisión de Bonilla ha sido difícil y que la Corte puede considerar las mismas en la determinación de la sentencia del acusado. Pero advierte que la variación adicional solicitada sobre esta base es injustificada debido a la gravedad de su conducta, y otros factores.
“con respecto a la edad y la salud del acusado, éste no parece padecer ninguna afección que no pueda ser tratada o gestionada adecuadamente por el BOP [Oficina Federal de Prisiones]”, detallan.
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