Tegucigalpa.- El coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tabora, participó en una serie de reuniones en Nueva York, Virginia y Washington D.C., en las que expuso el patrón de ataques sistemáticos utilizado desde el poder contra las comunidades que defienden el territorio en Honduras.
La gira inició en Nueva York con una reunión paralela a la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que abordó la temática: “Contrarrestar el autoritarismo y apoyar a la sociedad civil que defiende el medio ambiente, el clima y los derechos de los Pueblos Indígenas” de cara a la COP 27 a celebrarse en Egipto.
FLEXIBILIZACIÓN DEL MARCO LEGAL A FAVOR DEL EXTRACTIVISMO
El abogado contó a Criterio.hn que su participación abordó temáticas que incluyen desde el marco legal que facilitó el despojo de los recursos naturales en Honduras y la flexibilización de trámites de licencias ambientales, que se denominó licencias ambientales exprés, otorgadas sin estudios ambientales y con el único propósito de otorgar una concesión minera, energética o la explotación del bosque.
Denunció los procesos de estigmatización, vigilancia física y electrónica, rompimiento del tejido social por medio de regalías, criminalización y violencia que sufren los y las integrantes de las comunidades organizadas que se oponen al despojo de sus recursos naturales y que demandan acceso a la información pública.
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Asimismo, señaló cómo las denuncias de las comunidades presentadas ante el Ministerio Público por daños ambientales y corrupción no son atendidas y cómo ante este panorama de inacción institucional, estas abren campamentos para evitar la expoliación de sus recursos.
Con respecto al rompimiento del tejido social por medio de regalías, Tábora explicó que este involucra que las empresas realicen acciones que corresponden al Estado, como pintar una escuela y en caso de que estas acciones no funcionen, optan por la criminalización desde la institucionalidad del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional de Honduras.
INSTITUCIONALIDAD IGNORA A COMUNIDADES Y FAVORECE A EMPRESAS
Esto “ha generado una institucionalidad que, en vez de investigar la violencia, en vez de investigar las denuncias que presentan las comunidades, lo que han hecho es generar criminalización en todas las comunidades en las que hay una resistencia contra proyectos minero-energético”, compartió el coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos.
Ejemplificó este tipo de accionar con los casos de criminalización contra integrantes de las comunidades de Reitoca en Francisco Morazán contra el proyecto hidroeléctrico en el río Petacón; en Namasigüe, Choluteca, contra el proyecto fotovoltaico Los Prados; las comunidades Maya Chortí de Azacualpa en La Unión, Copán, cuyo cementerio ancestral fue destruido por una minera.
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Continuó con la oposición de las comunidades contra la instalación de un cuarto proyecto hidroeléctrico en el municipio de Arizona, en el río Jilamito; los defensores del agua en Guapinol en Tocoa, Colón, por la conservación del Parque Nacional “Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras” ante la amenaza de proyectos mineros, así como otras comunidades en las que se registra este mismo patrón de vigilancia, rompimiento del tejido social, campañas de estigmatización, violencia física, y asesinatos.
Rendición de cuentas
En respuesta a esta problemática, el profesional del derecho propone que se promueva una rendición de cuentas integral por parte de fiscales, jueces, policías, militares, funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas; diputados; directores del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), directores del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Planteó que debe exigirse al Ministerio Público investigaciones sobre el origen de los fondos de estas empresas, muchas de las cuáles son empresas de maletín ocultas a través de holdings en países como Panamá, o que cambian de socios y ocultan el origen del dinero. A la vez que organismos financieros internacionales realicen investigaciones profundas con cero tolerancia a inversiones en proyectos que no respeten derechos humanos
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El evento fue organizado por la Fundación Ford y CSO Lifeline. Tábora compartió mesa con la abogada defensora de derechos humanos de Egipto, Yasmin Omar; y el activista ambiental de Filipinas, Jon Bonifacio. También estuvieron presentes, la subsecretaria de Estado para la seguridad civil, democracia y DD. HH., Uzra Zeya, y el recientemente nombrado Relator Especial para Defensores del Medio Ambiente, Michel Forst.
En la misma línea temática ambiental, Tábora participó en reuniones con el representante de Suecia ante las Naciones Unidas en temas ambientales; organizaciones internacionales que se encuentran en los Estados Unidos; y algunas clínicas jurídicas como la Universidad de Columbia y otras organizaciones.
De igual forma en Washington, se reunió con la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de los EE. UU. donde expuso principalmente la situación de persecución hacia el pueblo Garífuna. Mientras que en la Universidad de Virginia participó en una conferencia sobre las estrategias, los mecanismos de represión que usan las empresas contra las comunidades, así como un análisis sobre qué debe hacer el Estado de Honduras para enfrentar las graves violaciones a derechos humanos en casos como Guapinol y la necesidad de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú.
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El coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos señaló que es necesario continuar denunciando internacionalmente las violaciones a derechos humanos provocados por el extractivismo en Honduras. Comentó que usualmente los casos conocidos son: el asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres; y la criminalización contra los defensores del agua en Guapinol.
Sin embargo, sostuvo, “no se conoce que lo que ha habido en Honduras es un patrón, un ataque sistemático a quienes se oponen a la implementación de los recursos naturales”. Sumado a esto, Tábora manifestó que con el cambio de gobierno “está llegando menos información, pareciera que no continúan estas situaciones de patrones estructurales de despojo. Por eso es importante seguir denunciando a nivel internacional”.
