Tegucigalpa.- La exministra de salud, Alba Consuelo Flores y la exministra de finanzas, Rocío Tábora, fueron salpicadas en la causa instruida contra el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, quien pidió no ser trasladado a una cárcel por temor a ser asesinado a causa del caso de corrupción hospitales móviles.
En la etapa de conclusiones en el juicio contra Bográn y el exadministrador del ente, Álex Moraes, acusados por el Ministerio Público de dos delitos de fraude y de violación a los deberes de los funcionarios, las exfuncionarias del gobierno de Juan Orlando Hernández fueron señaladas de ordenar la compra de siete recintos sanitarios para atender la pandemia de la COVID-19.
Si bien, desde antes de judicializarse el caso de corrupción ambas exministras fueron parte de las investigaciones por parte de la fiscalía hondureña, en el cierre del caso figuraron como las responsables de autorizar la compra y trasferir los fondos que dio la venia a Bográn para adquirir siete hospitales móviles a precios sobrevalorados.
Los fiscales presentaron 74 medios probatorios, de los cuales: 62 fueron medios documentales, ocho pericias y dos evidencias más dos testigos que señalan a los imputados de no admitir las directrices administrativas para no adquirir los recintos.
De igual manera, se presentó un vaciado telefónico que sería clave hacia una posible condena al conocerse que, en la misma fecha, se emitieron las órdenes de compra y la trasferencia total de los fondos a la cuenta del guatemalteco Axel López acusado de estafar al Estado de Honduras a través de su empresa Elmed Medical System siendo un monto superior al que se había acordado en previa negociación.
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La primera orden de compra se emitió el 16 de abril de 2020 por USD 15.9 millones con la finalidad de adquirir dos hospitales móviles con capacidad de 91 camas. La segunda orden fue de USD 31.5 millones para adquirir un recinto de 91 camas y cuatro de 61, sin embargo, según la fiscalía se recibió contenedores oxidados.
La sobrevaloración representa USD 27, 833,949.33 y se adquirieron por solicitud de la Secretaría de Salud, el 16 de marzo de 2020, mediante su titular Alba Consuelo Flores y bajo oficio 630-SS-2020.
“No es una iniciativa propia del señor Bográn”, aseguró la defensa del acusado.
Según la justificación de Bográn, “todos teníamos el mismo objetivo salvar vidas, nada más, absolutamente nada más”, quien además reconoció que trabajó junto a Tábora para trasferir los recursos.
Asimismo resaltó que sin la participación de la Secretaría de Finanzas, sin la aprobación de la Coordinación General de gobierno no se hubieran realizado la compra de los siete hospitales móviles que apenas dos atienden a pacientes portadores de la enfermedad, dos usados para medicina interna, uno atiende cirugías menores y dos siguen sin funcionar.
Cabe indicar que de igual manera el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el exgobernante Juan Orlando Hernández han sido mencionados en el caso.
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EL CLAMOR DE BOGRÁN
Una vez consumada la etapa de conclusión, Bográn pidió no ser trasladado a una cárcel y mantenerse en prisión en el batallón de las Fuerzas Armadas en el Fuerte Cabañas en Francisco Morazán por temor a ser asesinado.
En el cierre de su clamor, responsabilizó a los medios de comunicación de generar odio en su contra y poner su vida en peligro constante.
“Por esa razón señalo que si nosotros somos trasladados del primer batallón de infantería a otra cárcel de alta peligrosidad donde he hecho de conocimiento que ocurren terribles tragedias, estas dos personas (Bográn y Moraes) estaremos sujetos a perder la vida porque la opinión de los medios es que nosotros somos vendidos, los indecibles y, por lo tanto, merecemos morir”, expresó.
Además, solicitó que su sentencia sea de forma interlocutoria en la que se le asegure su permanencia en el batallón por “su seguridad personal”.
Cabe indicar que el acusado aseguró que los hospitales móviles sí responden a la finalidad para lo que fueron adquiridos, inclusive se atrevió a manifestar que llevaría a su madre a someterse a una cirugía al recinto instalado en Tegucigalpa.
La fiscalía solicita al Tribunal de Sentencia en Materia Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplicar una condena de 6 a 9 años de prisión por el delito de fraude y 3 a 6 años por violación a los deberes de los funcionarios.
¡NO MÁS PRIVILEGIOS PARA LOS CORRUPTOS!
A criterio de la exjueza de sentencia y abogada, Gracia María Bertrand, no debe haber más privilegios contra los implicados en casos de corrupción quienes son favorecidos al ser trasladados a batallones y no las cárceles del país.
“Ojalá y a todos los que están privilegiados en el batallón sean trasladados de inmediato a la cárcel de el Pozo, así se garantiza la igualdad ante la ley. No es justo que solo los pobres sufran las consecuencias de delinquir”, reprochó.
Misma valoración tiene el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien considera que “si el corrupto tiene miedo que le vayan a hacer algo en la cárcel por lo que ha hecho, sencillo, que deje de robar”.
En tanto, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y exfiscal del Ministerio Público, Jari Dixon, reiteró que se deben terminar esas prácticas de enviar a batallones a los sindicatos en corrupción ya que “los batallones no son centros penitenciarios”.
